La disputa para definir si se construye o no el aeropuerto internacional de Santa Lucía ya ha costado millones de pesos y ahora hasta acusaciones contra jueces que tienen el caso, acusa el colectivo No Más Derroches.
A mediados de esta semana, el miércoles 9 de octubre, el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México revocó un amparo que detuvo la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucia.
La revocación de la suspensión para continuar con las obras se basó en el argumento de que la operación de las instalaciones de la base aérea que actualmente tiene ahí la Secretaría de la Defensa Nacional es de “interés nacional”.
Gerardo Carrasco, director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y autor del amparo revocado esta semana, calificó de absurda, ilógica e infundada dicha resolución judicial, y aseguró que existe presión del Ejecutivo para que la resolución de la disputa se dé a favor del Gobierno Federal.
Carrasco explica que el 20 de agosto se le decretó la suspensión definitiva en contra del amparo que había interpuesto contra la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles por los efectos y consecuencias de impacto ambiental, el 23 de agosto durante la conferencia mañanera Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que interpondría un recurso legal para poner por delante el interés de la nación; posteriormente el 29 el Consejo de Seguridad Nacional declaró como instalaciones estratégicas todos los bienes de la Sedena y el 3 de septiembre, durante el juicio de resolución, el Gobierno dijo que el proyecto del Aeropuerto Felipe Ángeles es una instalación estratégica y que gracias a la suspensión emitida el 20 de agosto, la Fuerza Aérea Mexicana se encontraba inhabilitada.
Sin embargo el director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad acusó de falso el argumento de que la Fuerza Aérea Mexicana dio a la corte, porque la base aérea militar opera con normalidad, además de calificar de absurdo que un aeropuerto civil y comercial sea una instalación estratégica.
Gerardo Carrasco dice que la prueba que presentó el Consejo de Seguridad Nacional fue fabricada; “no falsa, pero sí fabricada”, con el fin de echar para atrás la suspensión definitiva; el abogado también dijo que es preocupante que exista presión del Ejecutivo contra los jueces que analizan el caso.
En ese sentido, este viernes 11 de octubre el colectivo #NoMásDerroches denunció la existencia de inconsistencias, irregularidades e indicios que apuntan a que los magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, encargados de resolver las suspensiones judiciales contra las obras de Santa Lucía están siendo objeto de presión por el Gobierno Federal para poder continuar con las obras del proyecto de Aeropuerto de AMLO.
A través de un comunicado el colectivo informó que presentó un impedimento a dos de los tres magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado afirmando la pérdida de imparcialidad por las presiones del gobierno de AMLO, tomando en cuenta el cambio drástico de criterio entre los fallos que se dictaron hace unos meses y las recientes, la posible violación de precedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia, la resolución de asuntos sin notificar y la resolución de recursos a pesar de que la parte quejosa se desistiera previamente del asunto, con el fin de sentar por la fuerza un precedente favorable a la posición del Gobierno Federal.
En ese sentido, Gerardo Carrasco calificó de desafortunado que por una evidente presión del Ejecutivo, el juez de distrito que había dado diferentes suspensiones cambiará su propio criterio sin lógica y sustento legal.
Con relación a la supuesta presión que el Ejecutivo está ejerciendo contra el poder Judicial, #NoMásDerroches aseguró que los recursos de revisión que se interpusieron por las recientes decisiones de revocar las suspensiones de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, fueron resueltos por dos votos favorables al proyecto del Gobierno Federal, contra uno en contra.
#NoMásDerroches informó que el magistrado que votó en contra fue Jorge Arturo Camero Ocampo, al que un par de horas después de emitido su voto, fue suspendido del cargo por el Consejo de la Judicatura Federal al argumentar inconsistencias graves en su situación financiera.
Para concluir, Gerardo Carrasco se notó preocupado porque eventualmente el poder Judicial cambie de criterio con las demás suspensiones además de que no existen estudios para seguir con la construcción, lo cual deja en total peligro a los pasajeros, pilotos y trabajadores. El abogado informó que la Sedena ha reservado la información de los estudios 5 años “eso es lo preocupante porque puede que ni siquiera un plan maestro tengan y que es peligroso que se construya un aeropuerto sin estudios y permisos o que se elaboren mientras esté la construcción”.
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