La Cámara de Diputados y el Senado de la República concluyeron sus respectivo periodo ordinario de sesiones, quedando a deber a la sociedad mexicana la aprobación de importantes reformas para el fortalecimiento de la vida democrática del país.
Cámara de Diputados:
Los diputados federales quedaron a deber la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que regulará la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia pública.
Tampoco votaron la iniciativa de Mando Mixto Policial, que buscar ordenar la labor de las fuerzas policiacas en los estados.
Dejaron fuera también la ley impulsada por el diputado local de Jalisco Pedro Kumamoto, que buscaba cambiar la fórmula para que los partidos reciban recursos públicos según la votación que obtengan.
Asimismo, fueron postergadas la ley para combatir la trata de personas y la reglamentaria del Artículo 29 Constitucional para darle facultades al Presidente de la República para declarar Estado de excepción.
Otras iniciativas pospuestas, fueron: cambios a la Ley Electoral para la reducción del Congreso de la Unión, la segunda vuelta electoral y las reglas para que los legisladores locales puedan reelegirlse, debido a que a partir del 2018 ya tienen esta potestad. Así como la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Salarios Máximos, para que nadie gane más que el Presidente de la República.
Senado de la República:
Los senadores, por su parte, eludieron nuevamente su responsabilidad para nombrar al Fiscal Anticorrupción, el único miembro que le hace falta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Además, quedaron a deber la designación de 18 magistrados especializados en combatir la corrupción, pues apenas esta semana el Ejecutivo federal entregó las propuestas para ocupar dichos cargos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
De la mano de éstas, quedó pendiente la Ley de Contratación de Obras Públicas, con la cual se pretendía poner fin a la discrecionalidad y corrupción en la entrega de contratos, licitaciones y adjudicaciones.
Además, la reforma al Artículo 102 Constitucional para el nombramiento del Fiscal General de República; la ley orgánica para crear la Fiscalía General de la República; así como las leyes de seguridad interior, de archivos, y la reducción del IEPS en gasolinas.
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