Frente a la urgente necesidad de consolidar las libertades y democracia, no cabe ningún tipo de revanchismo ideológico en contra de la comunidad científica e intelectual del país: Coparmex.
La acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) “ha ido demasiado lejos al tipificarla como delincuencia organizada”, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y sentenció que no cabe ningún tipo de revanchismo ideológico en contra de la comunidad científica e intelectual del país.
El sindicato empresarial, en voz de su presidente José Medina Mora Icaza, expresó su respaldo a la comunidad científica ante las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) ha hecho en contra de exintegrantes del Conacyt e hizo un enérgico llamado a que se promueva el Estado de derecho, comenzando por respetar el debido proceso para que toda acusación esté debidamente motivada y fundamentada; además de que se respeten los derechos de los acusados y se les permita tener acceso a la totalidad de la información y carpetas de la investigación para defenderse de forma adecuada.
Exigió que la FGR actúe con plena autonomía, se blinde de cualquier influencia externa que pretenda dirigir o incidir en sus funciones y permita, conforme a lo que establece la ley, la legal defensa de los investigadores acusados, más aún que acate las determinaciones que el Poder Judicial ya ha emitido al respecto de este caso.
Por otra parte, la Coparmex reconoció el valor de las aportaciones de la ciencia en materia social y económica, sobre todo a partir del surgimiento de la pandemia; por lo que indicó que lejos de desvirtuar su gran aporte, la ciencia, la investigación y la innovación deben fortalecerse en el país.
Es por ello que calificó como “una señal muy alarmante” que en el Paquete Económico 2022 se esté considerando asignar el presupuesto más bajo a estos rubros en toda una década, lo que en gran parte ha sido motivado por la desaparición de 65 fideicomisos que permitían que recursos públicos llegasen a todas las entidades federativas.
Medina Mora Icaza recalcó que frente a la urgente necesidad de consolidar las libertades y democracia, no cabe ningún tipo de revanchismo ideológico en contra de la comunidad científica e intelectual del país.
Y reiteró el llamado de la Coparmex para que en nuestro país se respete la ley y los derechos de todos, además de que se otorguen a la investigación científica y tecnológica los recursos necesarios para que nuestro país cuente con proyectos de investigación y desarrollo de largo plazo, para lo cual es necesario se restituyan fideicomisos como los desaparecidos en 2020.
Científicos en la mira
El Foro Consultivo surgió en 2002 como un órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI) y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Tras la victoria de López Obrador en las elecciones de 2018, María Elena Álvarez-Buylla fue nombrada directora del Conacyt. En 2019 la funcionaria presentó una denuncia ante la FGR por posibles irregularidades en el financiamiento que había recibido el FCCyT (en el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto).
El propio presidente Andrés López dijo en una de sus mañaneras que la denuncia presentada ante la FGR señalaba que los recursos otorgados al FCCyT habían sido utilizados para pagar choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero.
De acuerdo a la denuncia, se asegura que los científicos malversaron alrededor de 561 millones de pesos del Conacyt, por lo que la FGR, quien encabeza Alejandro Gertz Manero, busca que un juez los procese por cuatro delitos: peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Ha trascendido que detrás de la denuncia hecha por la titular del Conacyt existe la intención de esta funcionaria de suprimir los espacios formales de representación de la comunidad científica y centralizar las decisiones del sector en Conacyt y la presidencia de la República Mexicana.
El 22 de septiembre un juez federal con sede en el penal federal de Almoloya, Estado de México, negó las órdenes de aprehensión que se solicitaron por parte de la FGR contra 31 académicos. El juez federal afirmó que no había ningún delito que perseguir, previamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado el Foro Consultivo había recibido financiamiento público de manera legítima, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente hasta 2019.
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