La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga posibles prácticas monopólicas en procedimientos de contratación pública para la adquisición, arrendamiento y mantenimiento de tecnologías de la información y comunicación en dependencias del gobierno en el territorio nacional.
El organismo aclaró que la indagatoria no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos quienes, de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación.
El plazo para esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 31 de marzo de 2022, fecha de inicio de la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones.
La Cofece advirtió que si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de dicha práctica anticompetitiva, el Pleno resolvería su cierre, pero en caso de que se encuentren elementos que presuman una violación a la ley, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.
La dependencia dijo que esta indagatoria toma relevancia porque toda autoridad gubernamental, independientemente de su nivel de gobierno y facultades, requiere de tecnologías de la información y comunicación para el ejercicio de sus actividades, sobre todo en el contexto de la pandemia de COVID-19, en el que muchas autoridades debieron implementar el trabajo remoto derivado de las restricciones sanitarias.
La Cofece precisó que las prácticas monopólicas absolutas que son objeto de esta investigación son contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores.
Es por ello que se están revisando procedimientos de compra y/o arrendamiento de productos como computadoras de escritorio y portátiles, televisiones, fotocopiadoras, cámaras para cómputo, equipos de almacenamiento y productos relacionados, en el territorio nacional.
Adicionalmente, se incluye la contratación o compra de tecnologías de la información y comunicación como servicios de transmisión, licenciamiento de software, servidores de internet, además de los servicios de mantenimiento y servicios administrados relacionados con tecnologías de la información, por lo que cualquier procedimiento de contrataciones de gobierno a través de compras públicas en el mercado investigado sería susceptible de formar parte de la investigación.
La Cofece aseguró que las contrataciones públicas son un tema prioritario toda vez que se utilizan recursos de los contribuyentes y deben asignarse de manera efectiva y en un marco de competencia para que estos maximicen su capacidad de compra en los mejores términos para la función pública.
Asimismo, resaltó que de acuerdo a lo que señalan los Lineamientos para Combatir la Colusión entre Oferentes en Licitaciones Públicas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las autoridades adquirientes pierden hasta el 20 por ciento de sus recursos cuando existe un acuerdo colusorio entre los participantes en los procedimientos de contratación.
De acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica, de comprobarse la existencia de prácticas monopólicas absolutas los agentes económicos podrían ser multados hasta por el 10 por ciento de sus ingresos. Asimismo, podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la realización de estas prácticas.
En tanto que las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían ser sancionados con prisión de conformidad con el Código Penal hasta por 10 años.
La Cofece mencionó que quienes hayan participado en una conducta de este tipo pueden acogerse a los beneficios del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones que ofrece la Comisión.
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