La extorsión es un delito que aqueja de manera especial a los micro y pequeños empresarios dentro del sector servicios.
Colocar un bien o servicio en el mercado, juntar para la nómina y pagar puntualmente los impuestos son algunos de los retos que día a día deben sortear las empresas en México para sobrevivir, además de rogar para no ser víctima de la extorsión por parte de la delincuencia organizada, delito que ha crecido alarmantemente en el país llegando a convertirse en un riesgo cotidiano de manera particular para quienes conforman este sector.
La organización México Evalúa elaboró el estudio “El impuesto criminal: lecciones y precauciones” que analiza a profundidad este fenómeno, enfocándose específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los lugares del país que más ha padecido este problema, pero no el único toda vez que este delito se padece en todo el territorio nacional. La intención del análisis es conocer con mayor precisión cómo actúan los delincuentes y derivado de ello proponer acciones para prevenir y combatir este delito.
El estudio destaca que la extorsión es el tercer delito que más frecuentemente afecta al empresariado mexicano, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2018, elaborada por el Inegi, en 2017 se cometieron a nivel nacional 525 mil extorsiones contra empresas, lo que representa el 11.5 por ciento del total de empresas, y equivalen al 13.9 por ciento del total de delitos reportados, además de provocar pérdidas por 8.6 mil millones de pesos.
“Este delito, como una suerte de impuesto criminal, aqueja de manera especial a los micro y pequeños empresarios dentro del sector servicios. Este segmento debe ser considerado como un grupo de alto riesgo frente al crimen organizado, quien comete el grueso de las extorsiones en la modalidad de cobro de piso”, denota el análisis.
Con el Jesús en la boca
Para el empresariado de Chihuahua, las extorsiones constituyen el tercer delito más prevalente (con más víctimas), después del robo hormiga y el robo/asalto de dinero o bienes, señala el análisis. Además, destaca que el daño a las empresas víctimas del delito no sólo afecta su funcionamiento y actividades económicas, sino que también cobra vidas humanas y provoca daños emocionales.
El documento menciona que existen cuatro fases en el desarrollo del delito de extorsión, también conocido como cobro de piso, la primera de ellas es la selección de la víctima, la segunda es cuando los delincuentes contactan con la víctima; la tercera etapa puede estar incluida en la segunda porque se trata de cuando el empresario es amenazado y se negocia el monto de la extorsión, para finalmente, la cuarta etapa, es el pago solicitado por los criminales.
A fin de prevenir y protegerse de este tipo de prácticas, muchos empresarios han implementado diversas acciones como contratar seguridad privada para la empresa o la persona; capacitación del personal de la empresa y el cambio de rutas de transporte hacia la compañía; adquisición de cámaras de videovigilancia y el retiro de logotipos en los vehículos de la empresa. Destacan que la capacitación del personal juega un papel fundamental pues de esta forma los empleados ya saben qué información pueden o no compartir con desconocidos.
Retrato delincuencial
Para este análisis, México Evalúa realizó entrevistas cara a cara con personas detenidas como consecuencia de participar en este tipo de delitos, gracias a lo cual recopiló
hallazgos sobre un perfil común que comparten muchos de los delincuentes:
Son hombres entre los 23 y 47 años, provienen de estratos socioeconómicos desfavorecidos, y desertaron a temprana edad de la escuela para incorporarse al mercado laboral desempeñándose como trabajadores eventuales en fábricas, restaurantes, empresas, gasolineras y otros negocios. Las familias de las que provienen se desarrollan en un entorno donde la violencia física, emocional, económica y el abandono estuvieron presentes, condicionando la interacción de sus integrantes.
Entre los entrevistados que reconocieron su culpabilidad en eventos de cobro de piso dijeron que decidieron participar de estos delitos debido a los problemas ocasionados por carencias económicas en su hogar, de esta manera buscaban cubrir necesidades de manutención, salud y recreación para su familia.
Jerarquía, roles y pago de en la banda
Por otra parte, el estudio destaca que los grupos dedicados al cobro de piso en Ciudad Juárez tienen experiencia en ese delito y además están bien organizados en cuanto a los roles que cada miembro asume al interior del grupo.
Asimismo, menciona que un indicador claro del grado de experiencia del grupo criminal es el número de sus integrantes, el cual oscila entre los siete y 18 miembros, y en el que existen roles básicos y específicos como son el jefe, encargado del teléfono, encargado de recoger la cuota, los visitadores de los negocios, el conductor y el sicario.
La definición de los roles guarda relación directa con la estructura jerárquica dentro del grupo. A los nuevos integrantes se les asigna el rol de ir a recoger la cuota o dinero depositado producto de las extorsiones o bien realizar las llamadas para la entrega del dinero.
Los encargados de recoger las cuotas son supervisados por otro encargado con mayor experiencia y confianza dentro del grupo. En algunos casos, los encargados de recoger las cuotas no trabajan de tiempo completo para el grupo criminal, sino que tienen un empleo formal, y se dedican a recoger las cuotas en las tardes a la salida de sus trabajos. A estos se les paga alrededor de los dos mil pesos por semana. Otros miembros ganan hasta 260 mil pesos mensuales. Los jefes del grupo criminal ganan más que eso. Al respecto de los sicarios, los homicidios están cotizados entre cinco mil y 10 mil pesos. Si se trata de un policía, este puede llegar a costar hasta 20 mil pesos.
Para combatir este delito, el análisis señala el Estado tiene recursos limitados por lo que necesita focalizar sus esfuerzos para incrementar la posibilidad de tener un impacto positivo en los problemas públicos. “Este es un criterio que abarca todos los ámbitos de la política pública, incluyendo la seguridad”.
Además, observa que en México la política de seguridad ha dejado pasar oportunidades valiosas para refinar su mirada y destinar recursos e intervenciones que atiendan problemáticas y contextos específicos.
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