Los diputados de Morena de la LXVI Legislatura querían estrenar su cargo en el recinto de San Lázaro aprobando sin cortaprisas la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero estudiantes, trabajadores del Poder Judicial y ciudadanos les impidieron el paso al Palacio Legislativo como una medida desesperada para ser escuchados a fin de que no sean aprobados los cambios propuestos por el Ejecutivo.
Debido a esto, los diputados morenistas se vieron obligados a buscar una sede alterna para sesionar y en consecuencia votar a favor de la propuesta de reforma que debido a la mayoría calificada que representan pasaría sin ninguna dificultad.
Mientras los legisladores elegían el lugar para sesionar, que finalmente fue la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, diversos actores sociales y políticos insistían en hacer llegar su mensaje de desaprobación a la reforma, unos bloqueando caminos, otros con mensajes a través de los medios de comunicación y redes sociales y algunos más con conferencias de prensa y más paros de labores.
Después de participar en el bloqueo del Palacio Legislativo de San Lázaro y después de conocer la sede alterna desde donde sesionarían los legisladores, varios jóvenes universitarios bloquearon los accesos en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca para impedir el paso de los legisladores. Los estudiantes portaban cartulinas con leyendas de rechazo a la reforma que se tenía previsto aprobar, así de reclamos a los diputados de Morena su promesa incumplida de recibirlos para escucharlos, lo que ayer hizo público el mismo Ricardo Monreal, líder de la bancada guinda.
Alerta roja por todos lados
En una sesión privada ocho de los 11 magistrados del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron parar labores en protesta por la Reforma Judicial.
Sin embargo, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, ministras alineadas a Morena, votaron en contra, no se unieron al paro e inclusive elaboraron un escrito en el que denunciaron que procedía destituir del cargo, por abandonar sus funciones, a los ministros que suspendieron labores.
En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), emitió una carta pública sobre las consecuencias que tendría la aprobación de la reforma en los actuales términos, lo que enfatizando que podría comprometerse la estabilidad jurídica y social de México.
Mencionó que entre los riesgos que conlleva dicha iniciativa es que la elección directa de jueces, magistrados y ministros por voto popular podría comprometer la independencia judicial, introduciendo presiones electorales y externas que afectarían la imparcialidad en la toma de decisiones.
Asimismo, de pasar esta reforma se generaría incertidumbre entre inversionistas nacionales e internacionales, lo que podría afectar la captación de inversión extranjera directa en un contexto global favorable para México.
A nivel internacional, la Coparmex advirtió que la politización del Poder Judicial podría exponer a México a responsabilidades por incumplir con estándares de derechos humanos e independencia judicial, afectando su posición en acuerdos comerciales como el T-MEC.
Consideró que la reforma debería enfocarse en mejorar el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, especialmente para las víctimas de violencia y aquellos cuyos derechos han sido vulnerados. La propuesta actual no logra cumplir este objetivo crucial.
La Coparmex aseguró que es fundamental que cualquier cambio sea fruto de un amplio consenso social y político, priorizando siempre el bienestar de la sociedad y la certeza jurídica necesaria para la estabilidad del país.
Por otra parte, la International Chamber of Commerce (ICC) y su capítulo mexicano, pidieron al Congreso de la Unión “actuar con cautela”, ya que así como está redactada “podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad de los tribunales judiciales mexicanos, lo que tendría graves consecuencias para la inversión nacional y extranjera y, en última instancia, para la economía del país y el pueblo mexicano”.
Alertó que la incertidumbre jurídica que podría derivarse de una politización del Poder Judicial no solo afectaría la confianza de los inversionistas, sino que también generaría un contexto que lograría desencadenar arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano.
La ICC, que representa a 45 millones de empresas en el mundo, pidió a los legisladores considerar las recomendaciones emitidas por la Visitadora Especial de Derechos Humanos de la ONU, Margaret Satterthwaite, en abril de 2024, así como a observar las experiencias internacionales en materia de protección a la inversión extranjera, con el fin de que las reformas al Poder Judicial no generen incentivos que incrementen los riesgos de violaciones al derecho internacional y, por ende, de condenas económicas contra México.
Añadió que México vive un momento clave con el fenómeno del “nearshoring”, que presenta una oportunidad histórica para atraer inversiones globales, coyuntura que podría verse comprometida si no se garantiza la estabilidad y certidumbre jurídica necesarias para los inversionistas.
Ken Salazar insiste en afectación de relación
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ofreció una conferencia de prensa en la que insistió que la relación entre ambas naciones podría verse afectada si la reforma al Poder Judicial es aprobada en los términos actuales.
“No es que estamos quitándole la soberanía de México, lo respetamos, pero esas preocupaciones me llegan a mí de muchísimas personas y es importante que los que van a tomar decisiones sepan cuáles son esas preocupaciones”, comentó.
Con respecto a las afirmaciones que recientemente hizo la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el diplomático norteamericano aclaró que en Estados Unidos “no hay ningún juez federal elegido por voto popular. Se eligen los jueces a nivel estatal, son pocos. Son diferentes sistemas”.
Por otra parte, Ken Salazar aseguró que el trabajo entre México y Estados Unidos continúa, “el trabajo en temas económicos, son de importancia para los pueblos, no se pueden parar porque alguien se enoje”.
En este aspecto, dijo que “las preocupaciones que tengo yo las comparto nomás con el diálogo que deberíamos de tener como amigos, como socios y como vecinos”.
¿A quién crees que deben escuchar los diputados de Morena: a los ciudadanos o sólo al presidente?
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