Un centenar de organizaciones sociales avaladas por la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron el martes en México un informe que ya entregaron en la Corte Penal Internacional de La Haya en el que detallan evidencias, a su juicio suficientes, para que este tribunal abra un estudio preliminar sobre supuestos delitos de lesa humanidad ocurridos en Coahuila.
Entre los casos que detalla el documento está, por ejemplo, la utilización de una prisión estatal de la localidad fronteriza de Piedras Negras como centro de operaciones del cártel de Los Zetas entre 2008 y 2012. Según sus documentos, los criminales fabricaban allí material para sus actividades criminales (chalecos antibalas, uniformes, carrocerías de vehículos) y utilizaban la cárcel para recibir, ejecutar y calcinar a sus víctimas en barriles metálicos con la complicidad o ante la inacción de las autoridades y fuerzas de seguridad.
Según explicó Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana Para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, existen “evidencias razonables” de que hubo una política deliberada contra la población civil y una violencia sistemática y generalizada, que son los requisitos para que la Corte empiece a estudiar el tema.
En el caso de la cárcel se abrió un proceso judicial pero no se involucró a ninguna autoridad de peso.
Para corroborar estas denuncias de las más de 500 víctimas que tienen documentadas estas ONGs, el informe se centra en 32 casos que suponen un ejemplo de los patrones de violencia y que muestran a través de expedientes, testimonios, decisiones judiciales estadounidenses y otros documentos oficiales cómo las policías estatales y municipales de ocho municipios de Coahuila (que integran el 70% de la población de este estado) detenían a personas y las entregaban a los Zetas para que este cártel las esclavizara o las ejecutara.
En América Latina, la Corte sólo ha abierto un examen preliminar en el caso de Colombia por lo que las ONGs saben que el proceso será muy lento y complicado, pero esperan que anime a las autoridades federales mexicanas a iniciar investigaciones verdaderas sobre desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas que siguen impunes y que lo hagan con el apoyo de expertos o instituciones internacionales.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, que apoyó el informe, indicó que no se trata de ir contra nadie sino de “restablecer el orden legal en este país” para que las autoridades dejen de colaborar con el crimen organizado.
La violencia desencadenada desde el inicio de la denominada guerra contra el crimen organizado en diciembre de 2006 ha dejado más de 100 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos y miles de desplazados.
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