Las numerosas renuncias en el gabinete del presidente Andrés Manuel son signo de alarma; tal parece que ni sus colaboradores más cercanos quieren ser parte de la Cuarta Transfromación del país.
A siete meses de haber iniciado la actual administración, ya se se han producido varias renuncias en el gabinete legal del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las más recientes y en el mismo día fueron las del entonces titular de la Secretaría Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzua, y de Gualberto Ramírez, titular de la Unidad de investigación de la SEIDO.
Ya anteriormente habían renunciado Josefa González-Blanco, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Germán Martínez, director del IMSS; Tonatiuh Guillén, titular del Instituto Nacional de Migración; Clara Torres, responsable del Programa de Estancias Infantiles.
Además de Patricia Bugarín, que era la subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y Simón Levy, quien se desempeñó como subsecretario de Planeación y Política Turística.
Ocho renuncias en poco más de siete meses. Cada uno con razones poco convincentes para la realidad que los ciudadanos ya conocemos.
Y es que más allá de lo que cada uno pueda argumentar como razones o motivos de sus respectivas dimisiones, lo que queda claro es que ni siquiera el equipo más cercano al presidente de la República entiende qué es lo que quiere el Mandatario.
Es increíble que su propio gabinete, conformado mucho tiempo antes de la toma de posesión y como culminación de una campaña electoral de 18 años, no haya sido instruido adecuadamente para saber hacia dónde López Obrador quiere conducir al país.
La renuncia de Urzúa, de cuya capacidad están convencidos sus amigos y sus detractores, es la cereza en un amargo pastel de incongruencias, de falsedades y de simulaciones.
Lo único certero es que el actual gobierno de la República está fundado en ocurrencias y no en políticas; con más afanes propagandísticos y clientelares que de servicio público.
Además es notoria la enorme opacidad que se escuda en una honestidad que no da cuenta de por qué la gran mayoría de los contratos -74%- se adjudican sin licitar. Así está el panorama actual.
Avanza el tiempo y la Cuarta Transformación parece más regresiva que progresiva.
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