El caso Lozoya Austin; un escándalo de corrupción que involucra altos funcionarios del gobierno Peñista, puede entenderse de diferentes formas, según el analista político Luis Carlos Ugalde.
Mucho se ha especulado sobre el caso del exdirector de Pemex sobre su participación en el caso de corrupción cometida por la empresa brasileña Odebrecht o sobre su vinculación con la recaudación para la campaña presidencial electoral de Enrique Peña Nieto en 2012. Lo cierto es que el caso por el que la Fiscalía General de la República (FGR) está acusando a Lozoya por corrupción tiene motivos completamente diferentes.
Luis Carlos Ugalde, analista político y director de Integralia Consultores, pone dos vertientes a consideración para el análisis; en primer lugar, indica que esta persecución contra Lozoya puede entenderse como una cuestión política, muy al estilo priista, a fin de legitimar al gobierno entrante. Al respecto recordó que en 1983 el presidente Miguel de la Madrid encarceló a Jorge Díaz Serrano, quien había sido director de Pemex en el sexenio anterior; posteriormente, Carlos Salinas envió a prisión a Joaquín Hernández “La Quina” para legitimarse, y Ernesto Zedillo encerró al hermano del expresidente Carlos Salinas, Raúl.
En los gobiernos panistas se terminó esa práctica y cuando regresó el PRI al poder, con Enrique Peña Nieto, se envió a la cárcel a Elba Esther Gordillo. Sin embargo, en cada una de estas aprehensiones no hubo más implicados.
Te podría interesar: En seguridad gobiernan los prejuicios: FCH
Luis Carlos Ugalde indica que otro aspecto que puede analizarse es que, a diferencia de los casos anteriormente señalados, en esta ocasión la Procuraduría se ha convertido en Fiscalía, con un fiscal autónomo, que a pesar de haber sido propuesto por el presidente, no recibe órdenes del Ejecutivo.
El caso por el que Lozoya está siendo acusado es la compra por más de 200 millones de dólares de una planta de fertilizante (inoperante desde 14 años antes de su compra), hecha por Pemex a Altos Hornos de México (AHMSA); planta que fue rehabilitada con un costo de otros 200 millones de dólares; es decir, Petróleos Mexicanos gastó más de 400 millones de dólares en esa serie de operaciones.
Luis Carlos Ugalde afirma que el caso en el que Lozoya está involucrado puede entenderse como un tema de daño patrimonial, pero aclara que si en verdad se pretende hacer justicia, se debe investigar también al Consejo de Administración de Pemex, porque a pesar de que ese órgano de gobierno de la empresa puede no haber recibido soborno alguno, el director no habría podido hacer esa compra sin la aprobación del Consejo.
A pesar de que Odebrecht ha sido señalada por corromper a altos funcionarios de gobiernos alrededor del mundo, Ugalde señala que no está claro cómo se pueda vincular la acusación contra Lozoya con Odebrecht. Sin embargo. recordó que el único nexo que puede haber entre la empresa brasileña, AHMSA y Lozoya, se deduce de una noticia de dudosa veracidad, según la cual Altos Hornos hizo un depósito de 4 millones de dólares a cuentas de Odebrecht en Escocia, a las que Lozoya tenía acceso.
Hay que recordar que el antiguó director de Odebrecht en México, Luis Weyll, aseguró durante un juicio en Estados Unidos, que Pemex le otorgo a la empresa brasileña algunos contratos para trabajar en la planta que fue propiedad de AHMSA. El 22 de mayo de este año, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a dos altos funcionarios de Pemex del sexenio de Enrique Peña Nieto, y el 27 de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera envió un oficio a todas las instituciones del sistema financiero para que fueran congeladas las cuentas de Lozoya y de su hermana.
Después de estos actos, la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión contra el exfuncionario; sin embargo, unos días después, un juez federal otorgó al exfuncionario una suspensión temporal ante cualquier orden de aprehensión.
El director de Integralia recordó que en 2017 el entonces procurador general de la República (PGR), Raúl Cervantes, había mencionado que ya tenía completo el expediente; sin embargo, por grilla política del PAN tuvo que renunciar. Ugalde espera que está fiscalía no dé por concluido el caso con la detención de Lozoya y vaya más allá en este caso.
En ese sentido, la defensa de Emilio Lozoya ha pedido en diferentes ocasiones y de manera formal a la FGR que se cite a declarar a los exsecretarios Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell, al exsubsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, al exdirector de la CFE Enrique Ochoa y al mismo expresidente Peña Nieto.
Por último, Ugalde recordó que al inicio de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador había anunciado que no haría nada en relación con los casos del pasado, porque podría considerarse como venganza, pero una fiscalía independiente como la que hoy opera en México, técnicamente no debe recibir órdenes del Ejecutivo.
“Si en realidad es una verdadera lucha contra la corrupción y no otra práctica de legitimación, como ha prometido López Obrador, caerían más exfuncionarios del gobierno de Peña”, finalizó Luis Carlos Ugalde.
Te podría interesar: Transformación regresiva
