En los próximos comicios está en riesgo una democracia electoral como resultado de la intervención del crimen organizado y/o de autoridades gubernamentales renuentes a perder poder en las urnas.
A unos días de que se celebre la jornada electoral, no se pueden descartar afectaciones mayores a la gobernabilidad en varias entidades, ni a la paz y tranquilidad de los ciudadanos y mucho menos al libre ejercicio del derecho al sufragio, advirtió Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
La gran mayoría de los estados, indicó, estarían en peligro de ver amenazadas sus elecciones por hechos delictivos que podrían perjudicar la marcha de sus procesos electorales, en particular, por la violencia asociada a la delincuencia organizada que puede influir con asesinatos o amenazas a candidatos para sacarlos de la contienda; cooptando candidatos a puestos de elección popular; inhibiendo la votación en ciertas zonas el día de la elección o movilizando el voto a favor de algún candidato.
Durante la presentación del “Análisis de las propuestas de seguridad y justicia de los candidatos a gubernaturas y presidencias municipales/alcaldías Elecciones 2021”, del Proyecto Por Un México Seguro, elaborado por el ONC y la Red Nacional de Observatorios (RNO), Rivas Rodríguez destacó que en los próximos comicios está en riesgo una democracia electoral relativamente joven, como resultado de la intervención del crimen organizado y/o de autoridades gubernamentales renuentes a perder poder en las urnas, así como de la falta de propuestas que reduce la contienda a una mera lógica de opositores.
“El peor escenario es un retroceso democrático en detrimento del ejercicio de libertades individuales básicas en el que perdemos todos”, señaló.
A pesar de que la seguridad es uno de los principales problemas que aquejan a la población en todo el país, la mayoría de los candidatos, principalmente los punteros, desdeñaron participar en el estudio elaborado por el ONC, lo que “es un mal mensaje y una omisión grave que puede ser indicativo del tipo de gobierno que serían”, indicó Francisco Rivas.
Destacó que la mayoría de los candidatos que menospreciaron participar en el ejercicio de Por Un México Seguro, pertenecen a Morena al igual que lo hicieron en la primera edición de este proyecto en las elecciones de 2018, en la que los abanderados de este partido mostraron una baja tasa de participación. Lo mismo sucede con los candidatos de partidos de oposición punteros en sus estados, quienes tampoco participaron en el ejercicio.
Aunque estos candidatos ganen en las urnas, en el campo de las ideas y las propuestas, la ciudadanía perderá, subrayó.
Rivas Rodríguez sostuvo que tras un análisis el ONC identificó que quienes resulten electos como gobernadores tendrán que mitigar importantes riesgos como conflictos sociales asociados con la operación de mineras, el acceso al agua o la tala clandestina. Alertó que este tipo de conflictos suelen presentarse con los cambios de gobierno.
Otra problemática que también se identificó para los candidatos que resulten electos es que deberán atender y resolver los delitos derivados del ejercicio de violencia de género tales como: trata de personas, desaparición forzada y/o cometida por particulares, feminicidio, familiar, secuestro. Al respecto, enfatizó que este riesgo se deberá mitigar en la mayor parte de las entidades federativas en que se elegirá nuevo gobernador.
Sin visión, sin estrategias
Francisco Rivas lamentó que muchas campañas se están desarrollando con absoluta frivolidad por parte de los candidatos. En lo que respecta a las propuestas de candidatos con alguna posibilidad de ganar de acuerdo con encuestas, preocupa que ninguna de las estrategias cuenta con un hilo conductor claro que parta de una lectura de amplio calado del fenómeno; no proveen datos específicos sobre el presupuesto que podría necesitar para implementar la estrategia; y en el tema del tráfico de armas, salvo el caso de Sonora, que fue un tanto más específico, el común denominador es la apuesta por la eficacia del canje de armas”, detalló.
Sobre las estrategias de política de drogas, dichos candidatos establecen un vínculo entre el consumo y el crimen. Estas lecturas conservadoras son inquietantes, pues hacen eco de la estigmatización de grupos sociales vulnerables como origen de la delincuencia, señaló.
El director del ONC dijo que se denota una ausencia de un diagnóstico localizado, actualizado y que identifique los aciertos y fallos de sus antecesores. Enfatizó la ausencia casi generalizada de temas complejos como la desaparición forzada e involuntaria de personas que ameritan propuestas de múltiples áreas.
Por otra parte, consideró que difícilmente puede considerarse que sus propuestas pueden convertirse en política pública y subrayó que persiste un desconocimiento generalizado de los ámbitos de actuación tanto de los gobiernos estatales como del federal y no se registró una sola respuesta concreta sobre las necesidades presupuestarias.
Te puede interesar: Falta coherencia en políticas de seguridad pública: ONC
