Con la finalidad de proteger a niñas, niños y adolescentes del ciberacoso y violencia digital, la diputada Paloma Sánchez Ramos (PRI) presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dos iniciativas.
Una de sus propuestas reforma la Ley General de Educación para establecer una Agenda Educativa Digital para que incluya la enseñanza de los derechos digitales y estrategias con el fin de prevenir la violencia en redes sociales e internet, a fin de evitar el ciberacoso.
En la segunda iniciativa, la legisladora plantea adicionar el artículo 101 Bis 3 a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que el Estado garantice la seguridad en el acceso y uso del internet, a través de la prevención del ciberacoso y todas las formas de violencia digital, así como la atención y protección de víctimas.
La diputada Sánchez Ramos señaló que de acuerdo a expertos se estima que cada año al menos 20 millones de mexicanos mayores de 12 años experimentan alguna forma de ciberacoso. Mientras el cinco por ciento de menores de edad (entre 700 mil y un millón) fueron víctimas de ciberacoso.
La legisladora consideró que la posibilidad de que niñas y niños sean víctimas de riesgos digitales es alta, por lo que se busca evitar el mal uso de las tecnologías de la información y comunicación, para que no pongan en peligro la integridad física o mental, pues las víctimas de ciberacoso y violencia digital son más propensas a padecer depresión, ansiedad y baja autoestima.
Se estima que seis de cada 10 niños mexicanos tienen acceso, con o sin supervisión de sus padres, a las redes sociales, y hoy en día más del 70 por ciento de los menores cuentan con un smartphone o tablet”.
Sánchez Ramos dijo que la apertura y utilización de esos dispositivos, así como la ampliación de la cobertura de internet ha permitido un mayor aprovechamiento de recursos digitales para fortalecer la educación. Sin embargo, su uso también incrementa los riesgos de ser víctima de “grooming”, ciberacoso y otras formas de violencia digital.
En ese sentido, el Estado debe enseñarle a niñas, niños y adolescentes estrategias de prevención en las escuelas, así como fortalecer estrategias de atención a quienes sean víctimas, porque el impacto de un evento así puede ser catastrófico en sus vidas.
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