Unas semanas después de las elecciones del 1 de junio en Baja California, el congreso local amplió el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez, atentando contra la ley y la democracia.
Después de 3 décadas de panismo en la entidad, la alianza Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, ganó de forma avasalladora la elección para gobernador de la entidad con 50.6% de los votos.
Antes de las elecciones, el congreso había aprobado una reforma transitoria para acortar el periodo del que resultara ganador en las elecciones; sin embargo, el 8 de junio, a iniciativa de Morena, el congreso volvió a modificar el lapso de mandato de gobernador, con el argumento de que un periodo de dos años significaría un gasto improductivo para el erario y que uno de 5 beneficiaría a la economía local.
Para Luisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, esta decisión del congreso de Baja California es preocupante, y que algunos actores políticos hayan salido a defenderla es alarmante. Puso como ejemplo la declaración del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta quien se pronunció a favor de dicha modificación, argumentando que los ciudadanos “votaron por un candidato, no por el tiempo que iba a permanecer en el poder, porque en la boleta electoral no decía que el gobernador iba a estar dos años”.
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Además, Luisa Sánchez aseguró que dicha controversia ha generado una especie de división en la 4T, pues por un lado algunos políticos se han pronunciado a favor, como la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, mientras otros personajes influyentes en el partido, como Porfirio Muñoz Ledo, Tatiana Clouthier, Ricardo Monreal y el mismo Andrés Manuel, están en contra. Pero llama mucho la atención que muchos personajes se mantengan en silencio, como son los casos de Mario Delgado, líder de Morena en el Senado, y la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero.
En medio de esta controversia, el actual gobernador Francisco Vega de la Madrid adelantó que no publicará en el Diario Oficial la modificación, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó involucrarse, remitió a las autoridades electorales para resolver el tema y dijo también que nada que sea injusto va a prosperar.
En tanto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Porfirio Muñoz Ledo, consideró que esta reforma hecha por el congreso local de Baja California rompe con el pacto constitucional y aseguró que la cámara baja evalúa dos posibles vías: esperar a que los partidos políticos promuevan una controversia constitucional o que el Congreso Federal declare la desaparición de poderes en la entidad peninsular.
Luisa Sánchez aseguró que si la ley aún no ha sido impugnada es porque no se ha publicado en el Diario Oficial. Cesar Astudillo, constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que estas prácticas no son nuevas y recordó que en 2008 la Suprema Corte resolvió que un mandato no puede ampliarse; “hacer una ampliación de mandato es tan ilegal como recortarlo”, equivale a que el Congreso de la Unión “aprobara aumentar el mandato de AMLO o reducirlo”, señaló.
Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo, aseguró que la reforma es una corrección y que hacerla fue un asunto del congreso y no ordenado por él. El constitucionalista asegura que el problema radica en el desconocimiento de las leyes y sostuvo que el artículo transitorio que determina que la elección corresponde a un mandato de dos años, se cumplió el día de las elecciones y, por tanto, ya no puede ser modificado.
Cesar Astudillo concluyó que si AMLO calificó como desvergonzada la reforma aprobada por el Congreso de Baja California, el presidente no debe quedarse en el discurso, porque tiene la facultad de iniciar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.
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