Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó a las autoridades electas en México de los tres niveles de gobierno adoptar una agenda para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como atender las recomendaciones que los órganos internacionales han formulado sobre este tema, toda vez que aseguró que “las víctimas demandan acciones puntuales y éstas no pueden posponerse”.
Con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU-DH emitió un mensaje en el que reconoció que la Ley General en esta materia que fue adoptada en 2017, “ha sido reconocida como un marco legal de avanzada”, ya que además de incluir el tipo penal de tortura y otras medidas directas para la protección frente a esta grave violación a los derechos humanos, prevé la obligación de emitir una serie de instrumentos para alcanzar el objetivo de erradicar una conducta inadmisible que transgrede severamente la dignidad humana. Sin embargo, destacó que a siete años de su implementación, aún hay pendientes importantes en cuanto a su cumplimiento.
En este sentido, la ONU-DH destacó que el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no ha sido adoptado, y a pesar de calificar como un esfuerzo loable la Estrategia Nacional contra la Tortura emitida por la Secretaría de Gobernación en 2023, al mismo tiempo afirmó que esta no suple la obligación de adoptar una política pública que establezca las bases para combatir la tortura a nivel nacional.
Al respecto, el organismo internacional señaló que si fuera necesario hacer una adecuación al ordenamiento legal vigente para materializar la expedición del Programa, la ONU-DH estaría dispuesta a acompañar dicho proceso.
Por otra parte, enfatizó que los pendientes para que las víctimas accedan a la justicia son apremiantes.
Apuntó que hay muy pocas personas que han sido sancionadas por el delito de tortura, pues consideró que falta consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el Protocolo Homologado de Investigación de dicho delito. Además, dijo que es necesario que las fiscalías del país adopten planes de persecución penal contra este delito.
Frente a estos retos, la ONU-DH resaltó que “el próximo inicio de las administraciones y legislaturas recientemente electas representa una oportunidad crucial para velar por los derechos de las víctimas, garantizar que nadie sea trastocado en su integridad personal y promover las reformas legales, programas y demás instrumentos necesarios para garantizar el pleno cumplimiento de la Ley General y de los estándares internacionales sobre la materia.
“Adoptar estas medidas sería de gran valía para las víctimas y contribuiría a que México cuente con mejores herramientas de cara a la revisión que realizará el Comité contra la Tortura de la ONU sobre la base del octavo informe periódico a ser presentado”.
Añadió que estas acciones -sumadas a los crecientes esfuerzos desplegados desde el Poder Judicial Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública, el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, la CONAVIM y el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, así como las organizaciones de la sociedad civil- contribuirían a desterrar definitivamente una práctica que, además de lesionar a las víctimas, socava la confianza pública”.
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