Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2024, se registraron tres mil 408 agresiones contra la prensa, un promedio de una agresión cada 14 horas a lo largo del sexenio, esto incluye los asesinatos de al menos 46 periodistas y la desaparición de cuatro, revela una investigación de la organización Artículo 19.
De acuerdo al documento Derechos Pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México, que la organización elaboró, la cifra representa un incremento del 62.13 por ciento en las agresiones contra la prensa en comparación con la administración de Enrique Peña Nieto en la que existió una violencia constante contra el gremio periodístico el cual con el cambio en la presidencia esperaba respuestas, certezas de recobrar el derecho a informar y vivir sin miedo, pero resultó peor.
El panorama de la libertad de expresión en México no presenta una mejoría en comparación con hace seis años: la amenaza, el hostigamiento, la violencia y la impunidad ya no son sólo prácticas heredadas del pasado, sino una realidad lacerante del gobierno que termina, subraya el informe.
En México, la violencia contra la prensa se mantuvo en altos niveles y se ha intensificado debido a las estrategias de control de la información, silenciamiento y censura. El miedo ha hecho estragos y la autocensura se ha convertido en un recurso de subsistencia para buena parte de las y los periodistas en el país.
Asimismo, señala el reporte, entre la confrontación, la polarización y un discurso dicotómico de quienes promueven y respaldan al actual gobierno, y de quienes no lo hacen, están las y los periodistas, a quienes desde la tribuna presidencial se les exige tomar una postura favorable al oficialismo, so pena de descalificaciones y estigmatizaciones.
Entre los hallazgos de la investigación destacan que los tipos de agresiones más comunes durante el sexenio que está a punto de concluir fueron la intimidación y el hostigamiento, 880 casos (25.82 por ciento); la amenaza, 682 (20.01 por ciento), y el uso ilegítimo del poder público, 432 (12.68 por ciento). Tan sólo las tres categorías representan el 58.51 por ciento del total. A estas agresiones le siguieron el bloqueo o alteración de contenido, 342 embates (10.04 por ciento); los ataques físicos, 295 (8.66 por ciento), y la privación de libertad, 165 casos (4.84 por ciento).
Artículo 19 destaca que uno de los cambios en la forma de ejercer la violencia durante el gobierno de López Obrador es precisamente el aumento del uso ilegítimo del poder público. En los seis años de su administración, esta categoría de agresión pasó al tercer lugar por dos razones principales: 1) el uso de la tribuna pública para descalificar a la prensa y 2) el continuo incremento de procesos legales en contra de periodistas.
En cuanto al primer punto, catalogado como estigmatización, la agresión mediante la comunicación oficial fue la más documentada en esta categoría, con 224 casos (6.57 por ciento del total). Ésta es una constante que se ha adoptado como algo “común” cuando se debate en la arena pública, lo que ha traído consigo una normalización de la violencia.
Además, se agudiza cuando los ataques ocurren de forma constante y cotidiana, y provienen en principio de la tribuna presidencial, pero los repiten todos los niveles de gobierno.
El segundo punto hace referencia al inicio de procesos administrativos, civiles y penales en contra de periodistas, lo cual se ha convertido también en una práctica por sujetos tanto públicos como privados.
De acuerdo a Artículo 19, México se encuentra en una situación crítica de violencia que requiere la suma de todos los esfuerzos y perspectivas, por lo que su investigación busca arrojar luz sobre los desafíos para la libertad de expresión que se mantienen vigentes, como la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial y la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad.
“De cara a la llegada de un nuevo gobierno que ha dado señales de apertura, es fundamental entablar un diálogo respetuoso y objetivo sobre el deterioro que ha sufrido la agenda de derechos humanos y las garantías de libertad de expresión, de 2018 a la fecha”, considera la organización no gubernamental.
Como ejemplo menciona el documento, que la colaboración entre sociedad civil y gobierno puede generar dinámicas virtuosas, el informe destaca que dentro de la Secretaría de Gobernación (Segob) se generaron espacios, como el grupo de trabajo para la mejora del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que permitieron un diálogo político y técnico en la mejora de dicha instancia.
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