Los ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a sus integrantes, así como las maniobras en diversas entidades cometidas a jueces y tribunales, representan atropellos en contra de la democracia y un retroceso que afecta al pueblo de México porque daña la certidumbre jurídica del país y la confianza para invertir, “se trata de un gravísimo golpe al Estado de derecho que nos perjudica a todos”, indicó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El organismo empresarial calificó de “muy preocupante” las críticas y expresiones violentas en contra de los ministros, así como los actos desde el poder legislativo para someter a juicio político a los integrantes del máximo tribunal del país.
Además, expresó su rechazo a diversos acontecimientos en diversas entidades del país como en Veracruz, donde de manera arbitraria se ha sometido a procesos penales a jueces, así como en Aguascalientes y Oaxaca donde se pretende crear tribunales sometidos a la voluntad de sus respectivos poderes ejecutivos.
“Esta situación es muy preocupante, porque sin distinción partidista, se ha convertido en un intento sistemático por mermar uno de los principios base de nuestra República que es la separación de poderes“, observó.
A través de su publicación oficial Señal, Coparmex aseguró que no existe justificación para atentar contra tribunales, jueces ni contra el Poder Judicial, toda vez que su trabajo es fundamental para defender el Estado de derecho y los derechos de los ciudadanos.
Al mismo tiempo, exigió que los ataques contra el poder judicial y los tribunales deben parar.
Aclaró que no se opone a que cuando exista un caso debidamente fundado se sancionen a malos jueces o magistrados; pero subrayó que “lo inaceptable es debilitar a las instituciones por motivos políticos”.
Señaló que tampoco quiere decir que no puedan mejorarse y fortalecerse las instituciones, especialmente las que tienen que ver con el combate a la corrupción. En este aspecto, la Coparmex dijo que históricamente ha sido promotor de un Sistema Nacional Anticorrupción robusto y eficaz y se ha pronunciado siempre por reformas legales que abonen para dotar de autonomía, independencia, recursos económicos y humanos suficientes a los sistemas nacional y estatales anticorrupción, y a los tribunales administrativos. También para que quienes ocupen esos cargos sean profesionales con experiencia y cumplan estándares de idoneidad.
Recordó que el propósito central de la separación de poderes es permitir el funcionamiento de las ramas de jerarquía similar que integran el Estado, pero de manera separada y sin que una interfiera con la otra, libres de controles, obstrucciones o presiones intimidatorias. La separación de poderes es la garantía que tenemos los ciudadanos de que un poder no esté por encima de otro y tengamos un sistema de pesos y contrapesos que es fundamental para la vida democrática.
El sindicato patronal aseguró que en el Modelo de Desarrollo Inclusivo que impulsa, se considera como un pilar fundamental el respeto al Estado de derecho y el fortalecimiento de un sistema político democrático, con instituciones independientes sólidas, así como leyes y reglas claras, estables, que todos debemos cumplir.
“Por ello decimos: Sí a la ley, sí a la separación de poderes y sí a la preservación de nuestro Estado Democrático y de Derecho”, concluyó.
Bombas en el camino
En los últimos meses se han presentado eventos en los que el común denominador ha sido el menoscabo del poder judicial e inclusive se ha puesto en riesgo la integridad personal de los jueces, además de la continua asechanza contra los magistrados de la SCJN, de manera particular de la presidenta Norma Piña.
Entre los tres casos más importantes se encuentran los de Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz.
La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, presentó una iniciativa, que fue aprobada por la mayoría panista del Congreso del Estado, para aumentar de siete a 11 el número de magistrados que integran el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial. La reforma establece que la gobernadora enviará al Congreso local ternas de sus propuestas a magistrados, para que ellos se encarguen de seleccionarlos.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, encarceló a la juez Angélica Sánchez Hernández por presunto tráfico de influencias y delitos contra la fe pública. El proceso de la juez no ha sido transparente.
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