La consulta ciudadana en torno al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México más que certezas y credibilidad, ha generado incertidumbre y desconfianza. En mano de un millón de personas, según cálculos de Morena, el destino de uno de los proyectos más ambiciosos y necesarios para el país.
En medio de una fuerte polémica arrancó la consulta ciudadana para determinar el futuro del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ejercicio que durará cuatro días y para el cual se instalaron 1 073 mesas de votación repartidos en 538 municipios de todo el país.
Desde el momento que se diera a conocer la consulta ciudadana, diversas voces desde la sociedad civil y analistas políticos manifestaron su preocupación al constatar diversas irregularidades y falta certidumbre y transparencia en el ejercicio, incluso la falta la legalidad de la misma.
José Woldenberg en su columna semanal emitió severas críticas a dicha consulta por evitar que se cumpla con la “normatividad que la Constitución y la ley instituyen para este tipo de consultas. La Constitución establece quiénes pueden convocarlas, restricciones temáticas, la Corte debe resolver sobre la constitucionalidad de la materia y el Congreso emitir la convocatoria. El INE es el encargado de realizarlas y deben celebrarse el día de la elección federal. Y sólo si participa por lo menos el 40 por cierto de los electores inscritos en la lista nominal tendría carácter vinculante”.
Y es que si bien Morena ha señalado la importancia de la participación ciudadana a través de las consultas, método al parecer favorito de Andrés Manuel López Obrador para abordar temas polémicos, como un ejercicio de democracia directa, también es cierta la necesidad de un control estricto de las mismas, precisamente para garantizar que la voz ciudadana sea efectivamente escuchada. De ahí la pertinencia de los “candados” expuestos por Woldenberg en torno a las consultas ciudadanas.
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Otro de los focos rojos señalados en torno a la consulta es el número de ciudadanos que participarán en la misma. Según datos que ha presentado Morena al respecto, se imprimirán entre quinientas mil y un millón de boletas, lo cual en un espectro de más de 89 millones de electores, representa poco más del uno por ciento de la población con posibilidad de participar. Lo que enrarece más el tema de la participación en la consulta, es que el presidente electo quiere dar un carácter vinculante al resultado de la misma.
En cuanto a la preparación y ejecución de la consulta ciudadana para elegir cuál será el futuro del NAIM, el partido de Andrés Manuel López Obrador fue duramente cuestionado, pues quien organizó, financió, diseñó e imprimió las boletas, designó los municipios donde se realiza la consulta, determinó la cantidad de mesas de votación, y finalmente resguardará y contará los votos es Morena.
De tal manera que más que una consulta abierta a la sociedad, con un fuerte rigor estadístico y reglas claras en su ejecución, más pareciera un ejercicio al interior de un partido político.
Cabe señalar que nunca quedaron claros los criterios para determinar los municipios que participarán en la encuesta ni el por qué la ubicación de las mesas de votación. Por ejemplo, llama la atención que estados como Veracruz o Chiapas cuenten con 118 y 77 centros de votación respectivamente, mientras que en la ciudad de México, colonias de alto poder adquisitivo, donde se presumiría que hay una fuerte población que con frecuencia viaja en avión no cuenten con ningún centro de votación. La discrecionalidad, falta de claridad y certeza nuevamente fueron los señalamientos al respecto.
Finalmente, a pesar de los constantes señalamientos por parte del presidente electo López Obrador y del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriú, respecto a que se manejarían con imparcialidad referente al tema del nuevo aeropuerto y la consulta. Desde un principio fue clara la tendencia a favorecer la propuesta de Santa Lucía.
De acuerdo con un análisis presentado por El Universal, sólo en lo que va de octubre de este año 27% de la cobertura en torno a la consulta fue a favor del NAIM, el 73% fue en contra del proyecto.
El 70% de la cobertura en medios fue destinada a la postura crítica del gobierno entrante por el aeropuerto de Texcoco, 15% fue destinado a la iniciativa privada y su defensa del proyecto actual y sólo un 11% enfocado en la postura del gobierno saliente para defender el proyecto actual.
Por otra parte tanto el presidente electo como el próximo secretario de comunicaciones, han manifestado públicamente su preferencia por la construcción de aeropuerto en Santa Lucía. Incluso Jiménez Espriú señaló ante medios de comunicación la adquisición de terrenos en Querétaro para reinstalar la actual base militar de Santa Lucía cinco días antes de dar a conocer los resultados de la consulta.
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Nuevo aeropuerto y gobierno electo
El tema de la consulta es resultado del desacuerdo que el presidente electo siempre ha mostrado respecto de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco.
No obstante, la postura de López Obrador por cancelar la construcción del NAIM ha variado considerablemente desde que buscaba el favor ciudadano hasta ahora.
Por ejemplo, en el punto 31 de su discurso del 20 de noviembre de 2017, en el II Congreso Nacional Extraordinario de Morena, López Obrador señaló que:
“31. Se construirán dos pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, haciendo a un lado el actual proyecto que, además de costosísimo y opaco, es de dudosa viabilidad técnica”.
En otras ocasiones durante su campaña, calificó a la obra como “faraónica”.
No obstante la oposición férrea al nuevo aeropuerto, la propuesta inicial se fue matizando con el paso de la campaña.
Concesión
Por ejemplo en el encuentro que sostuvieron los entonces candidatos a la presidencia con los empresarios agremiados en la Coparmex, en mayo de este año, López Obrador señaló que un proyecto como el aeropuerto consume muchos recursos públicos, pero que estaría dispuesto a concesionar el proyecto si no le cuesta a la hacienda pública.
En una declaración señaló que no busca “cancelar por cancelar”, sino arreglar el problema de la saturación con el menor recurso posible.
Cabe señalar que el IMCO se ha pronunciado a favor de que siga la construcción del NAIM en Texcoco. Además tomar en cuenta que el costo de la cancelación es de 42% del costo de NAIM, pero sin edificar, informó el Instituto.
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