A tres años de iniciado el gobierno de López Obrador, es notorio que existe un auténtico deterioro de las condiciones de gobernabilidad evidente no solo en las condiciones de seguridad sino en aspectos como las facultades legislativas ejercidas por el presidente.
“Los últimos tres años han sido los más violentos de la historia de nuestro país; la desigualdad, la pobreza, la inflación y la depreciación del peso han llegado a niveles que no se veían en décadas; en tres años la economía nacional se ha contraído y el sector salud como el sector educativo se encuentran colapsados”, este es en resumen el balance que el Observatorio Nacional Ciudadano, de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) ha observado en lo que va de la administración del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
“Tres años sin Gobernabilidad, Resultados, ni Rumbo fijo en Seguridad” es el estudio que presentó este organismo en el marco de un aniversario más de que López Obrador tomara el mando de la administración del país bajo la promesa de conseguir la paz, terminar con la guerra contra el narco y regresar el Ejército a sus cuarteles, lo que dista de la realidad actual y en la que “es evidente que la serie de fracasos son responsabilidad de este gobierno y no culpa del pasado”.
El director del ONC, Francisco Rivas Rodríguez, destacó que el análisis de los 36 meses de la presente administración federal revela que “hay un auténtico deterioro de las condiciones de gobernabilidad que es evidente no solo en las condiciones de seguridad, sino en las facultades legislativas ejercidas por el presidente, en la gestión de la crisis migratoria por parte de la Guardia Nacional, en la atención a las víctimas, en la criminalización que se ha hecho de los jóvenes y de los pobres, entre otros”.
Uno de los hallazgos que sobresalen de este estudio es que desde el inicio de la administración a la fecha, se carece de un plan de acción, indicadores de desempeño y resultado, mecanismos de evaluación y los recursos suficientes para cristalizar el combate a los delitos y para permitir el acceso a la justicia a las víctimas.
“Desde la publicación del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana (PSSPC), del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la ausencia de la publicación de los programas específicos que se debían desprender del programa sectorial, es evidente que no hay claridad de objetivos generales, metas ni consistencia en las acciones propuestas”, advierte el documento.
Asimismo, indica que en el PSSPC se proponen políticas públicas diferentes a los que se proponen en el PND y en este no se establece la búsqueda de resultados, no se plantean posibles soluciones a los problemas identificados, no se aclara el beneficio concreto de las acciones propuestas ni qué población resultará beneficiada de todo ello.
“Esta incapacidad de definir un rumbo explica por qué, con base en los datos oficiales, podemos hablar de un fracaso en combatir los delitos”, resalta.
Por otra parte, Francisco Rivas lamentó que el presidente de la República no aproveche la mayoría que tiene en el Poder Legislativo, como un instrumento de gobernabilidad. “Los tres Poderes de la Unión deberían actuar en conjunto para que el combate a la delincuencia se rija por la justicia; se enmarque en leyes eficientes y se refleje en políticas públicas efectivas”, sostuvo.
El estudio destaca que el titular del Ejecutivo Federal ha presentado 41 iniciativas ante el Congreso de la Unión, pero solo seis son las que están relacionadas con asuntos de seguridad pública y nacional.
Agregó que la agenda legislativa no se orienta al fortalecimiento de las instituciones, sino a dotar de mayor respaldo a la labor de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, en las diversas encomiendas que han recibido desde la Presidencia de la República.
Otro de los aspectos que fueron analizados por el ONC se refiere a la supuesta lucha contra el robo de hidrocarburo, “un delito que en voz del presidente ya no existe, sin embargo, los datos oficiales desmienten -de nuevo- el triunfalismo presidencial, toda vez que, según el estudio, en los primeros tres años del actual gobierno el huachicoleo creció un 163 por ciento respecto al mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto y las pérdidas económicas acumuladas en los primeros tres años del presidente López son 80 por ciento más elevadas.
El estudio del ONC asegura que “si bien López por años insistió que el fuego no se apaga con fuego, que la política contra los cárteles debía ser de abrazos y no de balazos y que en México no se produce ni consume el fentanilo, la evidencia encontrada en ‘Tres Años Sin Gobernabilidad, Resultados, ni Rumbo Fijo en Seguridad’, pone de manifiesto que no ha habido cambios sustanciales en las políticas reactivas de seguridad respecto a Calderón o Peña y que en nuestro país hay cada vez más fentanilo ya que, tan solo si analizamos los decomisos de esta droga en estos últimos tres años, han aumentado en mil 306 por ciento comparado con el mismo periodo del gobierno anterior”.
Rivas Rodríguez destacó que el presidente ha asegurado que en el país “hay gobernabilidad”, porque “no se ha registrado un desbordamiento social”; que no hay “violencia política”; que “no es lo mismo que pasaba antes y lo puedo probar”; y que “se atiende al pueblo”. Pero en estos tres años, el ONC ha identificado, con investigación rigurosa, que “la gobernabilidad tendió hacia la centralización con tintes antidemocráticos en la ejecución de políticas públicas”, por lo que consideró que esto debería encender las alertas de todos pues el escenario para 2024 no tiene un pronóstico favorable.
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