La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reprobó el reiterado hostigamiento al Poder Judicial, la violación al orden constitucional de algunos integrantes del Senado por el desacato al mandato judicial para nombrar a tres comisionados faltantes del Inai, así como la ocupación temporal como bienes de utilidad pública de tres tramos de las líneas férreas de Ferrosur, decretado por el Ejecutivo, con ello aseguró que “México pierde si no se cumplen las leyes”, por lo que hizo un enérgico llamado para que se respete la Constitución y el Estado de Derecho.
“Es de extrema preocupación para el país el clima de reiterada violación a la legalidad y al orden constitucional. Las leyes se crearon para darle orden y cohesión a nuestra sociedad, por lo que es totalmente reprobable que desde la autoridad se pretenda romper con ello”, recalcó.
Con estas decisiones, aseguró, el gobierno de México envía una señal al exterior muy alarmante y la cual puede propiciar un daño irreparable a la certidumbre jurídica y a la confianza para la inversión; sobre todo, frente a una oportunidad única como lo es el nearshoring. “La ley es la ley, y la división de poderes debe prevalecer”, sentenció.
Con respecto a la embestida contra el Poder Judicial y sus integrantes a quienes se busca minar en su reputación, resaltó que tanto la Coparmex como la sociedad civil han externado su respaldo a los ministros quienes cumplen con su función pese a las presiones de índole política en su contra, además respaldar sus determinaciones como cuando dieron marcha atrás a la militarización de la Guardia Nacional y a la primera parte del Plan B de la reforma electoral, toda vez que ambas disposiciones vulneran los derechos de los ciudadanos.
La separación de poderes es precisamente el mecanismo establecido en nuestra Constitución para tener equilibrios, por lo que el Poder Ejecutivo y Legislativo no pueden pretender estar por encima del Judicial, recordó.
A través de su publicación oficial Señal, la Coparmex consideró que el manejo de las finanzas públicas ha sido positivo, pero advirtió que enviar mensajes erróneos podrían tirar por la borda esos esfuerzos y acercar a México a una crisis.
“Nuestro llamado es enérgico, es mucho lo que se está poniendo en riesgo. Se trata de los derechos de los mexicanos, se trata de las inversiones que tanto necesita el país para generar empleos y llevar ingresos a las familias, se trata de nuestra democracia. Exigimos que se respete el Estado de Derecho. Exigimos que se acaten las resoluciones de la SCJN. Exigimos que la justicia se aplique en todo el país”, abundó.
Acciones preocupantes
La Coparmex refirió que una de las muestras de la violación al orden constitucional que garantiza los equilibrios es el desacato del Senado al mandato judicial para que se nombre a los tres comisionados faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), institución clave para que los ciudadanos podamos gozar de nuestro derecho de acceso a la información pública, pero que se encuentra inoperante desde el 1 de abril, por lo que nuestro derecho no puede ejercerse por un capricho de las autoridades y su insistencia de operar en la opacidad y discrecionalidad que abren la puerta de par en par a la corrupción.
Por otra parte, calificó de inconcebible que el mismo día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara la invalidez del Acuerdo presidencial promulgado el 22 de noviembre de 2021, conocido como el “Decretazo” por medio del cual el gobierno se autorizaba a sí mismo violentar las normas con tal de realizar sus proyectos prioritarios, el titular del Poder Ejecutivo revirara esa decisión del máximo tribunal al emitir un nuevo Decreto por el que se declara, nuevamente, de seguridad nacional las obras de infraestructura, con lo que evita que sus proyectos estén sujetos a la transparencia, al acatamiento de normas y a la supervisión ciudadana.
Asimismo, mencionó que la última y muy preocupante señal por parte de la autoridad, fue el Decreto firmado el viernes 19 de mayo por medio del cual el Ejecutivo Federal declaró la ocupación temporal como bienes de utilidad pública de tres tramos de las líneas férreas de Ferrosur ubicadas en la zona de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, Veracruz, propiedad de un grupo privado y que forman parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Con ello, las Fuerzas Armadas ocuparon de forma sorpresiva e inmediata instalaciones que estaban concesionadas a particulares. La Ley de Expropiaciones establece un procedimiento claro que debe acatarse en cuanto a la emisión de una declaratoria, a la notificación a los afectados y garantías para su derecho de audiencia; No obstante, la acción de la autoridad debe ser revisada para determinar si se apegó a la legalidad y evitar así una arbitrariedad.
En este último caso, la Coparmex coincidió con la autoridad en la necesidad de impulsar el desarrollo de las regiones menos favorecidas; sin embargo, subrayó que para solucionar los problemas es indispensable el diálogo con el cual sólo es posible llegar a acuerdos con los que ganen todos los mexicanos.
Apuntó que el poder y las acciones de un gobierno están limitados y regulados por las leyes y normas, que deben ser aplicadas de manera justa e imparcial a todos los ciudadanos por igual.
“El Estado de Derecho es ese conjunto de normas, pero también de instituciones que las cumplen y velan por su correcta ejecución. Es un concepto central en las democracias modernas y busca garantizar que todos los individuos estén sujetos a la ley, incluidos los funcionarios gubernamentales y quienes integran a las diversas instituciones.
“La Constitución fundamentalmente está pensada para acotar lo más posible al gobierno y darle la mayor libertad posible a los ciudadanos. Por lo tanto, si una autoridad viola la Constitución, lo que está atacando es la libertad y los derechos de todos nosotros”, resaltó el organismo patronal.
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