Para combatir la corrupción en las compras públicas, es necesario que trabajen coordinadamente los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y Fiscalización, y todos funcionen en un mismo sistema electrónico con información armonizada.
Para disminuir el riesgo de corrupción en la adquisición de bienes y servicios públicos, es necesario fomentar la participación de la figura de testigo social; contar con datos e información oportuna y accesible relacionada con sanciones y multas, y profesionalizar a los servidores públicos a cargo de los procesos de contratación, consideró Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Destacó que con este mismo fin, diferentes organizaciones de la sociedad civil han recomendado fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas (pymes) y de empresas innovadoras, establecer investigación de mercado como medio de obtención de información sobre las características y precios de los bienes y servicios a contratar, además de incluir la evaluación de diversas proposiciones para garantizar el mayor valor por el dinero.
No respetan la ley
Durante su participación en el seminario internacional de contratación pública, “comprar bien, para vivir mejor”, del Río Venegas mencionó que en 2019 el gasto de la administración pública federal en compras públicas fue de 249 mil 432 millones de pesos y en 2020 ascendió a 477 mil millones aproximadamente, lo que equivale a un crecimiento promedio anual de 9.71 por ciento y representó el 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La comisionada del Inai dijo que las compras deben ser planeadas y ejecutadas, prevaleciendo el beneficio de la población y considerando el mejor uso de los recursos; sin embargo, las cifras registradas por las dependencias y entidades de la administración pública federal evidencian que estos criterios establecidos en el artículo 134 de la Constitución “no imperan en los incentivos que se tienen que revisar para las contrataciones”.
Indicó que actualmente existen organismos garantes en 19 entidades federativas que cuentan con la herramienta de contrataciones abiertas que funcionan a la vista de toda la gente.
Consideró benéfico que para combatir la corrupción en las compras públicas trabajen de manera coordinada los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y Fiscalización, además de que todos funcionen en un mismo sistema electrónico con información armonizada.
Por otra parte, Francisco Ciscomani Freaner, consejero del Inai y presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, refirió que en cada fase de la contratación debe haber un proceso transparente que revele la subcontratación, lo que se podría observar a través de un solo portal en internet, donde se aprecie la regulación aplicable, las partes interesadas en vender, los sistemas de búsqueda de precios en el mercado y los comparativos de éstos.
Además, consideró que debe observarse un orden jerárquico real para asegurar cadenas de rendición de cuentas bien definidas ya que en muchas ocasiones aunque quien decide alguna compra sea un servidor público de alto rango él no firma los documentos sino que lo hace un funcionario de menor rango, y si las cosas se hacen mal finalmente este es sancionado y no su jefe.
Asimismo, el comisionado presidente del Inai de Chiapas, Hugo Alejandro Villar Pinto, aseguró que es necesario blindar los procesos, de modo que sean competitivos, accesibles, transparentes y evaluables; que sea posible la revisión de la ejecución de los recursos públicos de modo que no exista duda de cómo se gasta el recurso asignado, a quiénes se le asigna, y además si los servicios prestados, la obra entregada cumple con los requisitos de satisfacción para los cuales fueron destinados.
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