La tendencia creciente de adjudicaciones directas es un foco rojo para la competencia y representa un riesgo de corrupción, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Las adjudicaciones directas alcanzaron un récord histórico durante el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que según datos de Compranet ascienden a más de 205 mil 195 millones de pesos, lo que representa el 43 por ciento del monto contratado en todo el año.
De acuerdo al estudio “2020: año histórico para las adjudicaciones directas”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el año pasado los recursos públicos destinados a adjudicaciones directas alcanzaron el punto más alto desde que se tiene registro; en contraste, las compras realizadas por licitación pública obtuvieron apenas el 40 por ciento.
“Esta es la primera vez que los recursos destinados a adjudicaciones directas por el gobierno federal son mayores a los contratados mediante licitaciones públicas”, resalta el análisis.
De acuerdo al IMCO, las licitaciones públicas son el procedimiento que más promueve la competencia, ya que al ser concursos con convocatorias abiertas permiten más participantes para encontrar mejor calidad a precios más bajos, en contraste con los procesos donde se limita el número de participantes, como las invitaciones restringidas o las adjudicaciones directas.
El informe menciona que en 2019, el primer año de la administración de López Obrador, las adjudicaciones directas crecieron cuatro puntos porcentuales en comparación con lo reportado en 2018, de esta manera pasó de 35 a 39 por ciento, mientras que en 2020 ascendió a 43 por ciento.
“La tendencia creciente de adjudicaciones directas es un foco rojo para la competencia y, además, representa un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos”, resaltó el IMCO.
Aunque la Constitución establece que las compras públicas deben priorizar la competencia, los procesos de excepción como las adjudicaciones directas se volvieron la regla de contratación en el Gobierno federal. pic.twitter.com/UT2vlFLBeP
— IMCO (@imcomx) April 29, 2021
La Constitución y las leyes de adquisiciones establecen que las compras públicas deben de ser realizadas mediante licitaciones públicas, salvo en casos excepcionales. A pesar de esto, en 2020 casi uno de cada dos pesos gastados por el gobierno federal fue contratado mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Los procedimientos establecidos como la excepción se han convertido en la regla de contratación del gobierno federal.
El análisis destaca que al considerar únicamente el número de contratos asignados mediante adjudicaciones directas, sin considerar su valor, queda claro que el porcentaje de contratos por adjudicación directa mantuvo una proporción alta y constante de 2013 a 2020. Tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como en el de Andrés Manuel López Obrador, el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 70 por ciento. En los últimos cinco años, de 2015 a 2019, este porcentaje fue mayor al 80 por ciento.
Finalmente, el análisis del IMCO señala que las dependencias federales realizan sistemáticamente adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. A partir de 2019 hay un cambio importante: no sólo ocho de cada 10 contratos son realizados mediante procesos sin concursos, sino que estos también representan una mayor cantidad de recursos.
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