El próximo gobierno deberá asumir un firme compromiso para impulsar la economía social en el país, como una vía para contribuir al combate a la pobreza y promover el desarrollo económico y comunitario en las regiones más necesitadas, con un enfoque de sostenibilidad y cuidado de la riqueza natural, sostuvo el Grupo Promotor de la Economía Social que conforman organizaciones sociales productivas, civiles, empresariales, académicas y expertos de organismos internacionales.
Como parte de las conclusiones del Encuentro Nacional por la Economía Social y Solidaria, celebrado en Ciudad de México, y con el cual se culminó con los encuentros que previamente se realizaron en Guerrero, Puebla y Oaxaca, las organizaciones urgieron a crear, apoyar y acompañar a las Empresas Sociales en distintas regiones del país desde el sector público, como un mecanismo que permite lograr un triple impacto en zonas de muy alta marginación: económico, social y ambiental.
El Grupo Promotor de la Economía Social está conformado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Programa de Fomento a la Economía Social, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Centro Internacional de Estudios de la Economía Social y Solidaria, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc), Oxfam México y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y el Instituto Promotor del Bien Común (IPBC).
Estas instituciones impulsan a las Empresas Sociales, las cuales son unidades económicas de propiedad colectiva integradas por personas trabajadoras, productoras y/o consumidoras, que se asocian de manera estable y se constituyen formalmente con fines económicos, sociales y ambientales, explicaron integrantes del grupo.
Indicaron que existe una gran diversidad de experiencias de asociación y de organización productiva que no se formalizan (muchas veces por múltiples barreras que enfrentan para hacerlo), pero que también son soluciones viables para combatir la pobreza y proteger la naturaleza.
En el encuentro se compartieron datos y experiencias que han sido desarrolladas, especialmente entre comunidades indígenas en el sur y sureste del país, como el grupo cooperativo Tosepan y el grupo cooperativo Qualli, en Puebla; la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) y Ecotierra – Comunidades Campesinas en Camino en Oaxaca; Majomut y Yomol A’ Tel en Chiapas.
De esta manera, mediante esquemas de participación colectiva que aportan producción y generan desarrollo social, rompen y superan la tradición de los gobiernos, ya sea federal y locales, de hacer a las personas dependientes de los subsidios y transferencias económicas individuales.
Destacaron que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sector social de la economía aporta el 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional (354 mil 706 millones de pesos); de ese total, las Empresas Sociales contribuyen con el 24 por ciento (alrededor de 86 mil 385 millones de pesos). La economía social aporta la tercera parte del PIB del sector primario (agropecuario, pesca, forestal).
Frenan su despegue
El Grupo Promotor de la Economía Social aseguró que México carece de una política pública de fomento desde el ámbito federal y un marco legal en este rubro, lo que genera obstáculos y complicaciones en lugar de promover su fortalecimiento.
Integrantes del grupo lamentaron que durante la actual administración las entidades de programas de fomento productivo para el sector social sufrieran un recorte drástico de presupuesto, quedando sin recursos para financiar proyectos, al tiempo que afirmaron que tampoco los gobiernos estatales han sabido apoyar de manera efectiva el modelo de economía social.
Esta situación contrasta con la experiencia de Canadá, España, Portugal y otros países de Europa, donde la Unión Europea tiene una política de fomento que permite el florecimiento económico del sector social económico, resaltaron.
Ante dicho panorama, en el Encuentro Nacional se compartió una agenda para el fortalecimiento de las Empresas Sociales, en temas que van desde generar la visibilidad y reconocimiento público, acceso a fondos de inversión, créditos y otros instrumentos financieros; así como acceso a mercados y vías de comercialización, profesionalización y formación de cuadros, y definir un marco normativo y políticas públicas de fomento, y se logró un diálogo con la senadora Patricia Mercado y con Pablo Yáñez, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), quienes ofrecieron apoyo para avanzar en esta agenda, desde sus propios campos de acción.
El encuentro Nacional por la Economía Social y Solidaria contó también con la participación de empresas privadas que ya están comercializando productos de economía social, con alto valor ambiental, como el proyecto BIOMAS impulsado por Mercado Libre y la estrategia de comercialización OBIO, impulsado por Fomento Social Citibanamex.
“Hay que preguntarse por qué la economía social no ocupa el lugar que se merece en la agenda pública y en las decisiones de política pública y fomento económico”, enfatizó la senadora Patricia Mercado. En tanto, Pablo Yañez enfatizó que México tiene más del 60 por ciento de su tierra productiva como propiedad social, pero no se ha logrado generar cadenas de valor y políticas de gran escala para su despliegue.
De esta manera, se acordó avanzar de manera conjunta para hacer un llamado enfático y urgente a los distintos actores políticos a incluir el fortalecimiento de la Economía Social entre las prioridades de gobierno.
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