Como el TLCAN fue determinante para la apertura y posterior democratización del país, hoy el T-MEC podría ser el catalizador para que el discurso anticorrupción se convierta en acciones concretas y resultados tangibles.
El T-MEC es el acuerdo comercial que ofrece una singular oportunidad para que la economía mexicana tenga un trampolín en los próximos años, al mismo tiempo de ser un sostén para que el país pueda sortear la difícil situación financiera mundial derivado de la pandemia.
Los esfuerzos que tanto el sector público como privado deberán hacer para que este acuerdo comercial sea favorable para México son mucho, pero existe un rubro en el que debe ponerse especial énfasis ya que no solamente se trata de una promesa sino de un compromiso firmado en el T-MEC: el combate eficaz a la corrupción.
De acuerdo con un análisis al respecto de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, elaborado por Dante Preisser Rentería, el T-MEC establece explícitamente que los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México están decididos a promover la transparencia, el buen gobierno, el estado de derecho, y eliminar el cohecho y la corrupción y “se comprometen a facilitar el comercio mediante la promoción de buenas prácticas regulatorias, reconociendo que, a través de análisis objetivos, rendición de cuentas y predictibilidad, pueden facilitar el comercio internacional, la inversión y el crecimiento económico”.
En un análisis intitulado ‘Corrupción: el Talón de Aquiles del T-MEC’, se reconoce que el gobierno federal ha hecho algunos esfuerzos por combatir la corrupción, y “algunos de los requisitos regulatorios ya estarían cubiertos por las reformas que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Sin embargo, el rechazo público del presidente sobre la utilidad del SNA y su conformación, aunado al abandono de las instancias que lo conforman para la consecución de sus atribuciones, pone en entredicho si este entramado normativo e institucional tendrá la capacidad de ordenar la conversación en torno a los compromisos anticorrupción asumidos internacionalmente”.
Por otro lado, Preisser Rentería destaca que en el capítulo anticorrupción del T-MEC se establecen medidas respecto de los servidores públicos como contar con procedimientos adecuados para la selección y capacitación; medidas para identificar y gestionar el conflicto de interés; declaraciones patrimoniales y de intereses; códigos de conducta y la remoción de personas que siendo parte del gobierno cometan actos de corrupción.
En la mayoría de estos compromisos, señala que el SNA efectivamente cuenta con instrumentos y normas para atender y profundizar la política de integridad al interior del gobierno, como las declaraciones 3de3 que respondieron a la exigencia que tiempo atrás hicieron organizaciones de la sociedad civil, pero que ahora el presidente López Obrador no considera como interlocutores. Es por ello que el gobierno actual dio marcha atrás, por omisión o por una activa redefinición de prioridades y estrategias, a algunos de los proyectos que buscaban combatir la corrupción y dar transparencia a las instituciones públicas del país, “lo cual podría provocar una incongruencia a lo comprometido en el T-MEC”, advierte el análisis.
Añade que “esto sería anecdótico si no fuera porque los acuerdos asumidos no son únicamente declarativos, sino que en caso de incumplimiento están sujetos al mecanismo de solución de diferencias que pudiera, en caso de no llegar a un acuerdo, permitir que el Estado reclamante suspenda parcialmente la aplicación del Tratado, con las consecuencias económicas y el desprestigio que implicaría para la ya debilitada economía del país”.
Para evitar que el combate a la corrupción se convierta en el talón de Aquiles del gobierno mexicano, se requiere de un compromiso que se traduzca en acciones concretas, no sólo por parte de quienes componen el sector público, sino también de quienes están en los sectores empresarial y social, indica el análisis.
Finalmente, Dante Preisser subraya que “el T-MEC es un instrumento que viene a dar oxígeno a una economía en crisis y que nos permitirá reforzar la integración con nuestros vecinos de América del Norte. Así como en el 94 la firma del TLCAN fue determinante para la apertura y posterior democratización del país, hoy el T-MEC podría ser el catalizador para que el discurso anticorrupción se convierta en acciones concretas y resultados tangibles. Por el bien de los menos favorecidos y a los que la corrupción afecta más, ojalá que así sea”.
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