La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó irregularidades por 104 mil 241 millones de pesos en la Cuenta Pública 2016, de acuerdo al informe final de fiscalización que se entregó a la Cámara de Diputados.
Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF y Auditor Superior en funciones, informó que como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 se emitieron 10 mil 346 observaciones, de las cuales 4 mil 439 corresponden a recomendaciones; 643 solicitudes de aclaración; 2 mil 557 pliegos de observaciones; 184 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 2 mil 504 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias. Asimismo, fueron entregados 699 informes individuales correspondientes a la entrega del mes de febrero.
En el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016 se destaca la inclusión de áreas clave con riesgo que se refieren a ámbitos en donde se presentan problemas recurrentes en la eficacia, eficiencia y economía de la acción gubernamental, o insuficiencia en la supervisión y control de los procesos que los entes gubernamentales llevan a cabo. Dichas áreas clave con riesgo son:
Contrataciones entre entidades públicas al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Obra pública; Gobernanza en la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado; Finanzas estatales, y Padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios.
Pérez Saavedra mencionó como ejemplo que en uno de estos rublos la ASF constató que con respecto a las contrataciones entre entidades públicas participaban, sobre todo, universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios. No obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016, se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos como son empresas paraestatales de entidades federativas y en ocasiones, de la propia Federación.
El informe señala también que “algunas de las revisiones practicadas por la ASF, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, a Pemex y a la CFE indican que los resultados de decisiones de negocios tomadas por ambas entidades no reportaron beneficios económicos, ni de otra índole al Estado mexicano.
“Las empresas productivas del Estado han realizado operaciones que han tenido como consecuencia pérdidas en los negocios emprendidos. De manera específica, la ASF identificó que, en cuanto a la adquisición del Grupo Fertinal, por parte de Pemex, se registró una pérdida integral neta de más de 565 mdp”.
Entre los que el análisis dejó entrever a la ASF tanto en Pemex como en la CFE, es que ambas “mostraron desafíos respecto a la carencia de toma de decisiones estructurales que muestren la evaluación certera de riesgos y la ponderación de la mejor información disponible.
Por otra parte, el funcionario de la ASF señaló que la dependencia incluye algunas propuestas de reformas legislativas derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, para consideración y referencia de la Cámara de Diputados, las cuales buscan ser de utilidad para la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y para el ajuste en el contenido de los marcos jurídicos, a fin de reducir riesgos y opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.
Indicó que las propuestas se refieren a rubros como Banca de desarrollo e instituciones de crédito; Gasto federalizado; Política energética; Transparencia presupuestal e inteligencia fiscal y financiera; Gestión y protección de recursos naturales y, Seguridad en el espacio aéreo mexicano, migración y profesionalización del sector salud.
