El documento surgido de los encuentros realizados entre representantes de diversos sectores podría servir como punta de lanza para que el gobierno convoque pronto a un Consejo Nacional para la Recuperación Económica.
Al dar a conocer el documento Recomendaciones para el Acuerdo Nacional: 68 ideas para México el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, reconoció el esfuerzo de los mexicanos para trabajar unidos a fin de superar la crisis de salud y económica, nunca antes vista, derivada del COVID-19 y que hoy es urgente resolver.
El documento ya fue entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien esperan reunirse en breve, además será entregado a la Cámaras de Diputados y Senadores, universidades, iglesias, organizaciones públicas y privadas en todo el país a fin de que estas propuestas sean consideradas para elaborar políticas públicas, así como privadas para sacar adelante al país.
La Recomendaciones para el Acuerdo Nacional. 68 ideas para México, que pretende ser una brújula para dirigir eficaz y eficientemente los esfuerzos de todos los mexicanos, resume y aglutina las ideas y propuestas surgidas de cada una de las 11 mesas, durante los tres días en los que se llevaron a cabo las mesas de trabajo entre empresarios, representantes sindicales, de organismos de la sociedad civil, funcionarios públicos de distintos órdenes de gobierno, legisladores y académicos y fueron relatadas puntualmente por quienes la semana pasada coordinaron las reuniones.
En videoconferencia difundida por redes sociales, el líder de la cúpula empresarial destacó que el documento se divide en tres rubros: acciones inmediatas para solventar la crisis; acciones para reabrir la economía, y acciones de mediano y largo plazo para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social.
Lomelín Salazar dijo tener la esperanza que el documento maestro Recomendaciones para el Acuerdo Nacional. 68 ideas para México, surgido de los encuentros realizados entre representantes de diversos sectores, sea la punta de lanza para que el gobierno convoque pronto a un Consejo Nacional para la Recuperación Económica, y el cual sirva para detectar problemas y tomar decisiones coordinadas para salir de la crisis que enfrentamos.
Salud de la población
En este rubro la propuesta se centra en contar con servicios de salud de calidad y con los insumos necesarios para responder a la pandemia, para ello se insistió en proporcionar al personal médico y enfermeras los materiales de protección que requieren para trabajar, pero también que garantices su integridad física.
Asimismo, se destacó la necesidad de ampliar las pruebas para detectar el COVID-19, para identificar oportunamente la magnitud del problema y detonar acciones de mitigación apropiadas. Además, se requiere evitar la saturación y el colapso del sistema de salud para atender el mayor número de pacientes infectados.
También se requiere mayor eficiencia en la Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para agilizar la autorización de insumos de salud necesarios durante la crisis, tanto para la producción local como para la importación.
Otro de los aspectos indispensables, destaca el documento, es lograr una adecuada coordinación en la estrategia de respuesta a la crisis entre los tres órdenes de gobiernos y el sistema de salud público, compartiendo información e indicadores que permitan su adecuada transparencia. Al mismo tiempo que se requieren desarrollar acciones eficaces que maximicen la eficiencia de los recursos a costos adecuados, asegurando el intercambio de información con las aseguradoras. Dar un seguimiento apropiado a las estadísticas de enfermos por tipo de atención.
Bienestar social
En lo que respecta a impulsar el bienestar social, se propone dar prioridad a la protección de las poblaciones más vulnerables como niños, adultos mayores, personas con discapacidad o en situación de pobreza a fin de garantizarles seguridad física, servicio de salud y alimentación.
Para lograr un bienestar social, el documento propone incrementar el cuidado de las familias vulnerables a través de mecanismos de transferencia directa que atiendan las necesidades básicas de la población durante un periodo corto y definido de tiempo, incluyendo trabajadores desempleados o empleados en el sector informal.
Por otra parte, para lograr estabilidad económica se propone minimizar el impacto de la crisis económica tomando medidas que apoyen la sostenibilidad de las empresas y garanticen la continuidad de las cadenas de valor, además se subrayó la necesidad de buscar estabilidad fiscal a través de inyectar liquidez a la economía y mantener la sostenibilidad fiscal.
En este sentido, Carlos Lomelín enfatizó que el CCE nunca se ha opuesto a los programas sociales, sino más bien su propuesta está encaminada a que estos se eficienticen y se cuenten con medidas complementarias para coadyuvar a que la ayuda sea oportuna y sea en beneficio del país.
En alusión a los señalamientos sobre que el sector empresarial ha solicitado al gobierno federal apoyos (como la condonación de impuestos), Salazar Lomelín aseguró que nadie ha solicitado rescates inadecuados, por el contrario, destacó que los empresarios organizados del país lo que intentan es encontrar coincidencias entre todos los sectores de la sociedad para colaborar y dar viabilidad a propuestas que representen soluciones a las problemáticas que hoy aquejan al país.
Crecimiento y desarrollo social
En torno a las acciones de mediano y largo plazo que se sugieren para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social, se consideran que la política social genere mecanismos que velen por los intereses de todos los mexicanos y enfaticen el cuidado y desarrollo de los grupos vulnerables.
Asimismo, en lo concerniente a la política económica se considera la necesidad de crear un plan de largo plazo que promueva la estabilidad de la economía fomentando crecimiento y desarrollo social sustentable e incluyente.
Además de que el estado de derecho se fortalezca a fin de garantizar el correcto funcionamiento del país, a través del equilibrio y respeto de poderes lo que dé certeza jurídica y se genere confianza de los inversionistas.
El presidente del CCE destacó que los participantes de las mesas de trabajo, integradas por personas de todos los sectores de la sociedad y con ideologías diversas, coincidieron en su totalidad en que la deuda pública debe estar enfocada a ayudar a la recuperación del país, a fin de que nos permita a los mexicanos recuperarnos lo más pronto posible de las crisis de salud y económica así como crecer lo más posible en el menor plazo.
Drama humano
Salazar Lomelín dijo que en la crisis que actualmente afecta al país diariamente se conocen dramas humanos que para superar debemos responder como sociedad con unidad y solidaridad, principalmente con quienes más carencias tienen derivado del cierre de empresas por el COVID-19.
El dirigente de la cúpula empresarial advirtió que ante el sentido de urgencia que existe en el país como consecuencia de la pandemia y su impacto económico el cual ha resultado sumamente negativo, es necesario estar unidos, actuar de manera solidaria e ir en el mismo sentido, autoridades, empresarios, trabajadores y la sociedad en su conjunto, ya que de no atenderse la crisis por la que atravesamos podría presentarse “un deterioro de la posición fiscal del gobierno y un daño incalculable a las finanzas públicas”.
Destacó que el encuentro llevado a cabo la semana pasada durante tres días, tuvo una importante atención que se reflejó en la participación de 263 panelistas de todos los sectores de la sociedad y de su gobierno; más de 135 mil personas atendieron las mesas como público y se enviaron más de 3 mil 100 preguntas, propuestas y comentarios.
Subrayó que la convocatoria de estas mesas fue para toda la sociedad y el documento final, Recomendaciones para el Acuerdo Nacional: 68 ideas para México, no expresa la opinión exclusiva del sector empresarial, sino también de trabajadores, sindicatos, académicos, organismos de la sociedad civil, autoridades y legisladores.
Lomelín Salazar aseguró que la finalidad de los encuentros es que los empresarios sea convocantes y a raíz de estas recomendaciones los gobernantes construyan políticas públicas desde su ámbito de competencia, y también la iniciativa privada elabore políticas privadas, todo tendiente a mejorar la situación que atravesamos como país.
Además, advirtió que el papel de quienes conforman el empresariado nacional es convencer a que todos, incluyendo al presidente de la República trabajemos unidos por el interés superior de México a fin de que ningún mexicano se quede atrás, de que todos recuperemos nuestras actividades, el ritmo de vida y el bienestar que teníamos.
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