Existe el riesgo de utilizar los recursos del Ramo 23 del Presupuesto como medida de control político, aseguró la Senadora Martha Tagle, en la presentación del estudio Arquitectura del Ramo 23, elaborado por la asociación México Evalúa. Y añadió que el caso de Chihuahua, ventilado recientemente, es el más conocido pero no es el único.
En la presentación del estudio participaron como comentaristas, Aristóteles Núñez, ex Director del Sistema de Administración Tributaria, SAT; la Senadora Tagle; la intelectual Denise Dresser y moderando el panel Edna Jaime, de México Evalúa en tanto que la coordinadora del estudio, Mariana Campos, hizo una relación sucinta del trabajo.
La Senadora indicó que el estudio narra el papel omiso y hasta cómplice que en el tema del manejo del Presupuesto tiene el Congreso al dejar de ejercer las facultades de control del gasto público que le corresponde. Llamó a transparentar la caja negra que es mas bien una bolsa sin fondo, una bolsa de los magos, donde cabe de todo y como acto de magia puede desaparecer el dinero ante la mirada impávida del ciudadano. Señaló que el gobierno gasta mas de lo aprobado por el Congreso y que se debe discutir un nuevo pacto hacendario, porque las reglas que los generaron están rotas, indicó además que la Federación ha desarrollado muchas capacidades técnicas pero que las usa a su favor.
Tagle señaló que el caso Chihuahua es el mas conocido pero no el único, de que se puede utilizar el Presupuesto incluso como medida de castigo, para el control político, ante la mirada omisa del Congreso. Así compartió que se pensó hacer una Comisión de Investigación al interior del Congreso para indagar la asignación de los recursos, pero las mayorías en el Poder Legislativo no lo permitirían ya que en el Senado donde ella participa, se necesitan la voluntad de la mitad de los senadores.
Sin embargo, mediante un Punto de Acuerdo se citó al Secretario de Hacienda, para comparecer pero se negó a hacerlo y solo se envió información del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, Fortafin, por parte del Titular de la Unidad de Apoyo Técnico de la SHCP, diciendo que la información se encuentra en el Portal de Transparencia, en 765 convenios, pero afirmó que sólo recibieron una tabla de Excel, con estado año y monto, en seis páginas.
Indicó que el Fortafin, Programas Regionales y Contingencias Económicas, no cuentan con reglas de operación y no existen criterio de asignación a los estados. También explicó que ese gasto mayor al aprobado en el Presupuesto, tiene que ver que el Congreso aprueba un techo de endeudamiento mayor al déficit y no verifica a qué se asigna ese endeudamiento, y exhortó a que los ingresos excedentes sean asignados a fines puntuales basado en buenas prácticas, como el pago de deuda o el ahorro.
Por su parte, Aristóteles Núñez, coincidió en que hace falta un control del gasto publico y señaló que es buena idea generar un contrapeso, pero que será de difícil realización porque si se revisa a quienes están proponiendo como futuros legisladores, “no tienen la menos capacidad de análisis”, e indicó que prefiere quedarse con este esquema que irse a “guatepeor”.
Sugirió crear una institución profesional que dependa del Congreso y que podría contar con un servicio civil de carrera, pero que el contrapeso no sea directamente este porque se actuaría facciosamente y resaltó lo importante del involucramiento de la sociedad. Subrayó que se necesita aumentar la rentabilidad social y no de regalar dinero. Núñez agregó que los estados han renunciado sus capacidades de recaudación mismas que de ejercerse conllevaría el hacerse encargarse de su obligación de gasto.
Denise Dresser, comentó que el estudio evidencia que el gobierno que utiliza un presupuesto paralelo, ya que gasta muy distinto a lo que fue aprobado, sin el menor control del Congreso o de la Auditoría Superior de la Federación y que además sólo se pueden revisar hasta que ya se ejerció.
Indicó que el gobierno “recauda cada ver más y gasta como quiere”, que se usa para premiar o castigar, y agregó que el arresto del Alejandro Gutiérrez, en Chihuahua, señalado por la probable triangulación de recursos, no atañe solo a esa entidad federativa. Manifiesto que cuando se destapó la investigación local, la Secretaria de Hacienda informó que ya no le entregarían los fondos del Ramo 23.
Respecto del caso de Sonora que recibió fuertes cantidades de recursos aún cuando los partidos de los que emanaron el gobierno Federal y local eran distintos, PRI y PAN, respectivamente, Dresser dijo que su hipótesis es que el año en el que Sonora recibió esos recursos a pesar de ser gobernado por el PAN es porque es el estado de Manlio Fabio Beltrones, operador de las reformas estructurales.
Martha Jaime, indicó que vivimos un “federalismo dislocado”, puesto que venimos de un enorme centralismo pero no contamos con una estructura institucional que sostenga esta transferencia de obligaciones.
