Las modificaciones en materia eléctrica propuestas por el Ejecutivo contienen muchos tintes ideológicos, pero deja de lado las cuestiones técnicas que impactan el servicio y la economía.
La iniciativa de reforma en materia eléctrica, tal como está concebida, modifica de fondo el modelo económico del país, toda vez que altera reglas de juego, nacionaliza recursos, cancela contratos vigentes, afecta el ámbito de particulares y, de aprobarse, constituiría violaciones a compromisos internacionales, puntualizó Claudia Ruiz Massieu, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Durante su participación en el segundo día del foro “Diálogo Abierto sobre la Reforma Eléctrica, Impactos al Bienestar”, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la legisladora dijo que se está ante una disyuntiva entre dos modelos de país, uno es el México próspero y otro es un país de la década del 60.
Ruiz Massieu advirtió que la reforma propuesta por el Ejecutivo no va a corregir las fallas del modelo actual, sino que las va a acentuar, por lo que consideró que la discusión debe centrarse en cómo consolidar un modelo de desarrollo incluyente que satisfaga las necesidades de los mexicanos del Siglo XXI y de la economía.
Por otra, Rosanety Barrios Beltrán, analista independiente del sector energético, dijo que la reforma eléctrica de 2013 implicó la creación del mercado eléctrico, pues se obligó a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concursara por la compra de energía para adquirir la más barata y renovable.
Asimismo, consideró que los problemas que enfrenta hoy la CFE pudieran ser resueltos con cambios y ajustes regulatorios, pero de ninguna manera con un cambio constitucional.
Los especialistas que participaron en el foro, coincidieron en señalar que las modificaciones a la ley que están en la mesa tienen muchos tintes ideológicos, pero dejan de lado las cuestiones ambientales, económicas y sociales.
María José Treviño, directora general de México en Acclaim Energy, aludió al informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía de Estados Unidos, donde se alerta que de aprobarse la iniciativa, México incrementaría sus emisiones de carbono entre 26 y 65 por ciento, subiría costos de generación entre el 32 y 54 por ciento y además, elevaría su probabilidad de apagones entre ocho y 35 por ciento; adicionalmente, pondría en riesgo la expansión de las empresas que requieren energía limpia para su producción.
Añadió que se sumarían afectaciones a la exportación debido a los planteamientos realizados por la Unión Europea, donde se pretende impedir la entrada de productos con ciertos niveles de carbón. Esto obstruiría la llegada de nuevas empresas a México e impactaría en las exportaciones y en la competitividad de aquellos negocios que ya están en el país.
En tanto, Andrés Lankenau, presidente de la Asociación de Comercializadores de Electricidad, calificó de “intransitable” la reforma eléctrica, ya que pretende acabar con el mercado y, a pesar de que afirmó que deben buscarse mejoras al sistema, señaló que como lo plantea la iniciativa no es la forma.
Lankenau llamó a buscar el diálogo entre los diputados e integrantes de la administración para perfeccionar el mercado sin retrocesos, y evitar que pase esta iniciativa que “nos afectaría a todos”.
A su vez, Ramses Pech, asesor en industria de hidrocarburos, geotermia, energía y economía aseveró que no hay que cambiar la Constitución para resolver los desafíos actuales, “no hay que hacer una ley tan rápido”, lo importante es una planeación constitucional de largo plazo.
En su turno, Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, dijo que uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es cómo va a afectar la supremacía administrativa de la CFE a la que se dotará de un carácter monopólico que la pondría a cargo de toda la cadena de valor de la industria. En este caso actuaría como órgano regulador, como autoridad y, además, tendría la responsabilidad exclusiva de implementar las políticas de la transición energética del país.
Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Negocios Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía y experto especialista en negociaciones comerciales internacionales, puntualizó que, en una perspectiva hacia adelante, tenemos que ser conscientes que esta iniciativa “le pega al corazón de la competitividad del país”, pues entre el 70 y el 72 por ciento del PIB se explica por las operaciones de exportación. Por ello, “suena todavía más difícil de entender por qué se promovería algo que efectivamente va a poner en riesgo nuestra competitividad, nuestra relación comercial con aquellos países con los que actualmente estamos vinculados y, sobre todo, en el mediano plazo, nuestra economía del futuro”.
?⚡ Para consolidar al sector energético es necesaria la colaboración entre los diferentes actores, sean públicos o privados, mediante una participación integral y no excluyente. Ser monopolio sólo debilitará a la CFE
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— Coparmex Nacional (@Coparmex) October 29, 2021
El CEO de Core Regulatorio de Costa Rica, William Villalobos Herrera, ofreció una visión desde el exterior y aseguró que la reforma de 2013 tuvo efectos positivos, pues provocó una atracción de inversiones importantes de jugadores internacionales a México por 44 mil millones de dólares, mientras que la iniciativa actual ha generado una alta incertidumbre entre los inversionistas. Destacó que el cambio regulatorio preocupa desde el punto de vista de la seguridad de las inversiones, pues se está haciendo “todo lo que la teoría regulatoria dice que no hay que hacer” ya que se está permitiendo, vía una reforma constitucional, el cercenamiento de la independencia de toda agencia o autoridad administrativa independiente”.
El diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Manuel Herrera Vega, secretario de la Comisión de Energía, puntualizó que esta iniciativa representa un retroceso para el país y una amenaza que tendrá repercusiones en las tarifas eléctricas, situación que no abonará a la competitividad, que atenta contra la seguridad jurídica, desincentiva las inversiones y favorece prácticas monopólicas al otorgar atribuciones a la CFE.
Dijo tener claro que el desarrollo del sector eléctrico al ritmo que lo requiere el país, debe contar con la participación de la iniciativa privada y este proyecto de reforma desincentiva ese objetivo y obstaculiza la transición al uso de energías renovables, lo que llevará a México al incumplimiento de acuerdos y convenios internacionales, por ello, advirtió, MC no acompañará este proyecto.
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