Organismos del sector privado aseguraron que en el país se requieren reglas claras para que las empresas inviertan, creen empleos, faciliten procesos de encadenamientos productivos y expandan sus operaciones.
Los permisos que desde octubre solicita la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a distribuidores de combustibles para acceder a sus terminales, además de generar incertidumbre entre transportistas y los mismos distribuidores, por no estar contemplados en la ley, ocasiona un alto riesgo de desabasto de gasolinas, diésel, turbosina y combustóleo en el país, advirtieron organismos de empresariales.
Es por ello que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos (AMDE), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hicieron un llamado conjunto a la CRE a fin de que privilegie el diálogo y brinde claridad en torno a la operación en terminales de almacenamiento y la distribución de combustibles del país.
En México el 40 por ciento de los petrolíferos que se consumen diariamente en el país se transportan por tractocamión, y el 90 por ciento de la turbosina que demandan los aeropuertos se mueve a través del autotransporte de carga.
Los organismos del sector privado señalaron que desde hace dos meses, “sin fundamentos legales” comenzaron a solicitarse los permisos para que los tractocamiones pudieran ingresar a las terminales, los cuales, aclararon, no son regulados por la CRE.
Añadieron que derivado de esta acción varias terminales han sido clausuradas o sus operaciones han sido limitadas administrativamente por la CRE y otras autoridades, a pesar de que recalcaron, no existe un apartado para obtener los permisos para los tractocamiones expedidos por esta Comisión y de que el criterio aplicado por los inspectores en las terminales es violatorio de la Ley de Hidrocarburos y del Reglamento del Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.
Los organismos privados señalaron que coincidían en la necesidad de fomentar la formalidad en el transporte y el suministro de combustibles en el país; pero dijeron que esperaban “que las acciones realizadas por la autoridad sean consistentes con las regulaciones”.
Recientemente la AMDE, la Canacar, el CCE y la Coparmex participaron en una mesa de diálogo con la CRE en el que se puso en el centro esta situación, sin embargo, los organismos privados afirmaron que la dependencia no ha informado de alguna resolución al respecto. En contra parte, mencionaron que han continuado la aplicación de inspecciones en terminales y la retención de equipos de transporte en varios recintos energéticos del país.
Las instituciones privadas hicieron énfasis en que en un entorno como el actual “es básico contar con reglas claras, para que las empresas pueden realizar inversiones, crear empleos, facilitar procesos de encadenamientos productivos y expandir sus operaciones, a través de la constante innovación de productos y servicios en beneficio de la población mexicana”.
Las instituciones de la iniciativa privada reiteraron su solicitud de que se suspendan las “acciones indiscriminadas” emprendidas por la CRE, lo cual aseguraron que se traducirá en garantizar la economía familiar y fortalecer a los sectores energético y logístico nacional.
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