Los resultados de la medición multidimensional de la pobreza en 2022, que dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), son “agridulces”: Por una parte, es muy positiva la reducción de la pobreza en general; aunque por otra, es dramático el desplome en el acceso a servicios de salud de la población, destaca un análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
La organización de la sociedad civil destaca que es conveniente evitar el triunfalismo, pues la condición de pobreza crónica de la población indígena y los niveles de pobreza en niñas, niños y jóvenes son preocupantes y tienen efecto de mayor duración.
El análisis destaca que la reducción de la pobreza es significativa al pasar de 42 por ciento en 2018 a 36 por ciento en 2022, lo que equivale a cinco millones de personas menos en cuatro años.
Como causa principal -no única- se identifica la mejora del ingreso por trabajo en los hogares; se incrementó 30 por ciento en los del decil I, y 14 por ciento en los del decil II (los más bajos del espectro). “Esto confirma que transitar hacia el ingreso digno es la palanca para reducir la pobreza”, afirma.
Sin embargo, el reporte indica que la pobreza sigue teniendo un nivel muy alto. Cerca de la mitad de las personas, 56.1 millones, carecen de ingreso suficiente para adquirir lo más básico, es decir son “pobres por ingresos” (44 por ciento). Y más de la tercera parte de la población, 46.8 millones de personas, carece de ingreso suficiente y además presenta una carencia social. Este nivel de la pobreza no corresponde al tamaño y fortalezas de nuestra economía.
La pobreza extrema se incrementa. Había 8.7 millones de personas en 2018 (siete por ciento) y ahora son 9.1 millones (7.1 por ciento). Son 400 mil las que se sumaron.
Únicamente 27 por ciento de la población; es decir, 34.9 millones de personas (sobre 128.9 millones) están exentas de carencias y superan el umbral de ingreso de la canasta básica.
Por otro lado, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza considera que la peor noticia es el incremento de la carencia por acceso a servicios de salud. Se duplica de 16 por ciento en 2018 a 39 por ciento en 2022. Esto significa que 30 millones de personas se sumaron a esta carencia en este periodo, para alcanzar el año pasado un total de 50.4 millones de personas.
De 52.1 millones de personas que estaban afiliadas al Seguro Popular en 2018, quedan sólo 17.4 millones ahora afiliadas al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) o al IMSS Bienestar.
“Es alarmante que la falta de acceso al Seguro Social se mantenga como la más alta, y la causa es que 64 por ciento de la población está en esa situación. Con ello se confirma lo que hemos explicado en reiteradas ocasiones: millones de personas trabajan sin protección social y sin derechos laborales; esto es, en trabajos informales”, indica el análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Asimismo, resalta que la mayoría de la población indígena vive en condiciones de pobreza crónica. En 2022, dos terceras partes están en condición de pobreza (65 por ciento) y más de la cuarta parte en pobreza extrema (26 por ciento). Esta tasa es 4.5 veces más (453 por ciento) que las personas no indígenas.
El desplome de los servicios de salud afecta significativamente a este sector de la población, que pasó de 15 por ciento en 2018 a 57 por ciento el año pasado. Además, tres de cada cuatro carecen de acceso a seguridad social. Sólo 7.5 por ciento de las personas indígenas superan la pobreza y las carencias.
Otros de los datos revelados por el Coneval muestran que casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes (0-17 años de edad) viven en pobreza: 46 por ciento. Y entre más pequeños, la situación se agudiza. Durante la primera infancia. 0-5 años, 48 por ciento están en condición de pobreza; entre 6-11 años son 47 por ciento.
“Esto es grave porque crea un círculo vicioso que reproduce la pobreza. La pobreza de niñas, niños y jóvenes tiene efectos de mayor duración. Crea desventajas sociales que producen barreras estructurales para su futuro desempeño educativo y para la capacidad productiva durante la juventud y la vida adulta”, explica el documento.
Respecto a las personas jóvenes, la pobreza afecta a más de la tercera parte de la población de 15 a 29 años de edad: 36 por ciento. Y por la dimensión de ingresos llega al 42 por ciento; es decir, que carecen de ingreso suficiente para adquirir lo más básico.
El incremento del rezago educativo de jóvenes también es una mala noticia, sube de 18 a 22 por ciento, casi 1.5 millones más en estos últimos cuatro años.
En este sentido, vale la pena acotar que las transferencias monetarias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) no han tenido efecto sustancial. A fines de 2018, el 18.7 por ciento de personas entre 18 y 29 años estaba fuera de la escuela y sin trabajo. Cuatro años después, son el 16.5 por ciento. Apenas 2.2 por ciento menos, que equivale a 139 mil por año, en promedio.
El número de quienes tenían trabajos precarios se mantuvo casi igual: más de ocho millones de jóvenes. Las personas jóvenes en trabajos formales inscritos en el IMSS, son menos que hace cuatro años, con una inversión de 95 mil millones de pesos y más de 2.5 millones de jóvenes que recibieron los apoyos del programa JCF.
Como parte del estudio, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza incluyó algunas propuestas que considera que de ponerse en práctica ayudará a obtener mayores resultados:
* Finalizar la recuperación gradual del salario mínimo general, para que, en 2024, sea suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas.
* Compromiso de las empresas, principalmente las grandes y medianas, para lograr ingreso digno, empezando con nóminas libres de pobreza, nadie con salario menor a ocho mil 600 pesos al mes.
* Política laboral de diálogo social para la concertación de acuerdos para romper el estancamiento salarial y mejorar la productividad.
* Crear la infraestructura de servicios de cuidados para niñas y niños, escuelas de tiempo completo y espacios de cuidado para personas enfermas, con discapacidad y adultas mayores, que permita la inclusión económica de las mujeres.
* Reformular el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para crear una política integral de empleabilidad.
Finalmente, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza afirma que el hecho de que haya disminuido la proporción de personas en pobreza siempre será buena noticia; sin embargo, es preciso reconocer que aún falta mucho por hacer desde las distintas esferas de gobierno, sector privado y sociedad civil.
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