La IP y el gobierno federal convinieron trabajar en conjunto para impulsar la economía del país. El sector privado anunció una inversión de 623 mil millones de pesos; las autoridades tratarán de allanar obstáculos que impiden fluir adecuadamente los capitales.
Los baches que la economía nacional ha atravesado en lo que va de 2019, han ocasionado un estancamiento del desarrollo del país, por lo que con la intención de revertir esta situación e impulsar el crecimiento, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) anunció su plan de inversiones que para este año tiene contemplada una inversión de 623 mil millones de pesos que generará 1.6 millones de empleos directos y alrededor de 4 millones de empleos indirectos.
En el marco del anuncio, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Carlos Salazar Lomelín, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, firmaron un convenio para promover la inversión y el desarrollo incluyente.
De esta manera, los integrantes de la Iniciativa Privada y el Ejecutivo hicieron una serie de compromisos: Los empresarios inyectarán capital en diversas áreas estratégicas para desatorar la economía, en tanto que las autoridades propiciarán condiciones legales que permitan el desarrollo de las inversiones al tiempo de evaluar y priorizar los programas.
Para conocer el comportamiento de los programas que se conformen esta estrategia, se llevarán a cabo de forma periódica reuniones conjuntas, además de que se elaborarán métricas de seguimiento.
El presidente del CCE, aseguró que al firmar este convenio la inversión se puso entre las prioridades fundamentales del país, ya que ésta “nos permitirá crear infraestructura física y potenciar la capacidad de nuestra gente. Éste será el capital que nos permita, juntos, lograr el México con prosperidad y bienestar que todos queremos”.
Señaló que en 2018 la inversión privada representó el 17.5 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que la inversión pública del 2.8 por ciento. Advirtió, que si se pretende elevar el índice de ambas en los próximos dos años, a fin de que la privada sea de 20 por ciento y la pública de 5 por ciento, sólo se conseguirá “si se crea un ambiente propicio para la inversión, si los proyectos se pueden ejecutar de manera expedita, con certeza y transparencia”.
“Para lograr un sector privado fuerte, competitivo y eficaz, necesitamos un Estado a su vez fuerte, que respete y haga respetar las leyes. No podemos concebir lo uno sin lo otro. México, con todas sus adversidades y contradicciones, requiere siempre un gran trabajo de cohesión social”, aseveró.
Salazar Lomelín dijo que “la clave para eliminar la pobreza es generar mejores condiciones de desarrollo incluyente. Esto quiere decir, fundamentalmente, inversión productiva que genere crecimiento económico sustentable, que brinde más oportunidades de empleo digno y bien remunerado a cada vez más personas, y al mismo tiempo, inversión en infraestructura, educación, salud, servicios básicos a la población y atención directa a quienes más lo necesitan”.
Destacó que combinando todos estos factores, en un marco de certeza, seguridad y respeto de la ley, se podrá reducir la inequidad y la pobreza.
Prioritario, incrementar la inversión
En el documento Unidad en Favor de la Inversión del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) se menciona que el Índice General de Actividad Económica en mayo de 2017 fue de 2.55 por ciento; a tres años, su comportamiento ha sido negativo y a marzo de este año se estableció en menos de 0.60 por ciento. Ante el declive de la economía nacional, el gobierno y todos los sectores del país requieren trabajar para reinstalar la confianza en la inversión de largo plazo, además de acelerar la ejecución de los proyectos de inversión en puerta.
El CMN, que reúne a los principales ejecutivos de las empresas más importantes de México y es uno de los organismos con voz y voto en el CCE, asegura que es prioritario incrementar la inversión privada nacional, que actualmente representa el 75 por ciento de la inversión total del país. Para ello, considera necesario crear un ambiente propicio con base en cuatro factores:
1.- Reglas y discurso público que promuevan y den claridad y certeza para la inversión.
2.- Estado de derecho, seguridad y confianza en las instituciones.
3.- Estabilidad macroeconómica.
4.- Apertura y promoción a la inversión privada nacional y a la extranjera en sectores estratégicos.
Al mismo tiempo, indica que se requiere que la Presidencia se comprometa a establecer la inversión como prioridad de la agenda nacional; crear una unidad para recibir, analizar y priorizar proyectos estratégicos, y hacer un seguimiento puntual de los proyectos estratégicos cada dos semanas con el jefe del Ejecutivo.
Advierte que para crecer 4 por ciento en los próximos seis años, se requiere una inversión adicional de 35 mil millones de dólares cada año.
Áreas estratégicas
Al presentar los puntos neurálgicos del convenio, el presidente del CCE, indicó que “si queremos alcanzar las tasas de crecimiento necesarias, el país requiere invertir bien, en proyectos que sean económica y socialmente rentables. Por ello, debemos priorizar la inversión”.
El convenio establece impulsar proyectos en cuatro áreas prioritarias:
– Sector energético. Se deben cumplir los contratos de inversión suscritos entre empresas y el sector público para incrementar la producción de petróleo, gas y energía eléctrica; fomentar la producción de energías limpias y renovables y coadyuvar a desterrar la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad.
– Infraestructura de transporte. Se tendrán que incluir proyectos de carreteras, puertos, puentes, ferrocarriles y aeropuertos que permitan mejorar la interconexión de las diferentes regiones del país y resolver los problemas de logística del país.
– Inversión social. Es importante que entre los proyectos figuren aquellos de gran impacto social, incluyendo proyectos de educación, salud, agua y saneamiento, para lograr un desarrollo incluyente. En el aspecto social o en programas destinados a la población que padece de pobreza y marginación no debe prevalecer el afán de lucro, sino la justicia y la fraternidad.
– Desarrollo del sur-sureste. Con un mayor crecimiento de esta región, México podría alcanzar una tasa de 4% anual. Los proyectos regionales deben tomar en cuenta la vocación productiva de los estados, fundamentalmente energía, servicios o agroindustria, así como la integración de cadenas productivas.
Salazar Lomelín resaltó que para impulsar proyectos en esas áreas los empresarios coadyuvarán con propuestas, el sector público debe generar condiciones de confianza para la inversión.
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