El gobierno negó ampliar el plazo para presentar la declaración anual de personas morales y físicas, para no dañar las arcas públicas y que de ahí salgan los recursos para combatir el COVID-19.
El plazo para que las personas morales presenten su declaración anual concluirá este martes 31 de marzo, y no habrá prorrogas ni para ellas ni para las personas físicas que deberán cumplir con esta obligación durante el mes de abril, a pesar de la petición realizada a la autoridad federal para ampliar el plazo debido a que se reportaron fallas en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la parálisis de actividades en diversos sectores como medida de protección por el COVID-19.
Hace algunos días la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales, aseguró que muchas personas morales no van a estar en condiciones de presentar en tiempo y forma su declaración anual, postura que coincidió con la del presidente del Consejo Directivo del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Ernesto Méndez Moreno quien también señaló que es necesario definir medidas de apoyo a las empresas debido a los daños económicos que está ocasionando el cierre de negocios por la pandemia.
A pesar de reiterar a la autoridad hacendaria extender el plazo para cumplir con la responsabilidad fiscal, el SAT emitió un comunicado en el que “exhortó” a personas morales y físicas a “seguir contribuyendo y poniendo su granito de arena para solventar estos tiempos difíciles para nuestro país y el mundo.
“Enfatizar en el término esencial, ya que, con una recaudación óptima, lograremos contar con mayores recursos para comprar ventiladores, equipo médico, insumos, así como medicamentos que serán vitales para atender a la población durante la crisis sanitaria. Además, las contribuciones serán indispensables para mantener la operatividad de los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable”, justificó al tiempo de enfatizar que “el SAT estará procurando estrictamente el interés superior de la nación”.
No sólo de impuestos vive…
Las empresas de todos los tamaños y los emprendedores, principalmente los pequeños, son quienes más dificultades tendrán para sobrevivir a consecuencia del daño que el COVID-19 ha generado a la economía mundial y que aún se desconoce hasta dónde topará.
De acuerdo al análisis, Perspectivas Económicas: la recesión de una economía enferma, elaborado por el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), es inminente que México entrará en recesión por lo que deben considerarse aspectos como la magnitud de la caída de la economía, qué sectores se verán más afectados, por cuánto tiempo y los cambios estructurales que provocará: sociales, económicos y políticos.
José Luis de la Cruz Gallegos, director general del Idic, indicó que debe priorizarse el interés nacional, la preservación del empleo y evitar la quiebra de empresas, para lo que se advirtió que debe eliminarse todo lo que limita el progreso de México, como la división ideológica.
Asimismo, dijo que es necesario crear un programa de reactivación económica a través de un acuerdo nacional que garantice reactivar el crecimiento económico con la menor afectación al tejido social y productivo, así como integrar los esfuerzos público-privado-social-laboral para garantizar el funcionamiento del sistema económico, toda vez que no pueden interrumpirse los flujos financieros, productivos, laborales, de inversión y consumo.
Por otra parte, indicó que se requiere fortalecer la negociación con Estados Unidos y Canadá a fin de no interrumpir el flujo de bienes y procurar la menor afectación en los servicios. Además de Iniciar un programa conjunto de producción e insumos intermedios que garantice el pleno funcionamiento industrial de América del Norte.
Blindaje a las empresas y empleos
Debido a la contingencia sanitaria empresas de todos los tamaños han antepuesto la seguridad de sus empleados viéndose obligados a reducir sus actividades, incluso algunos han tenido que cerrar, sin embargo, esta situación genera incertidumbre por no saber con claridad qué hacer o las repercusiones legales que conlleva la implementación de las medidas de la “Jornada Nacional de Sana Distancia”.
Ante las lagunas legales que no prevén la autorización a los empleadores para solicitar a sus trabajadores que no acudan a laborar y al hacerlo podrían caer en una ilegalidad o incumplimiento de contrato, también los trabajadores se enfrentan a la falta de certeza dado que, si se ausentan de sus puestos de trabajo, la propia Ley Federal de Trabajo no les protege.
Frente a este escenario, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó al gobierno federal llevar a cabo la Declaratoria Oficial de Contingencia Sanitaria y así “brindar certeza a millones de micros, pequeños y medianos empresarios; y a sus trabajadores”.
Con esta medida el sindicato patronal propone que se blinde tanto a las empresas como a los empleados. Con la Declaratoria, destaca, las empresas estarían obligadas a pagar a sus trabajadores por una indemnización de hasta 30 días de salario mínimo. Además, cada empresa, acorde con su capacidad económica, podría negociar un salario mayor al mínimo durante la suspensión, y las que por su muy precaria condición económica no pudieran pagar el mínimo, lo tendrían que acreditar.
Por otra parte, la Coparmex también propuso que de manera urgente se convoque a un Acuerdo Nacional en el que participen los sectores sociales y económicos para analizar el impacto económico y determinar acciones a seguir en esta crisis económica y sanitaria, así como para contener la pandemia del COVID-19.
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