La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación para determinar la probable existencia de una concentración ilícita en el mercado de la comercialización, distribución y expendio al público de gasolinas y diésel.
La Autoridad Investigadora dio a conocer que es probable que expendedores de estos energéticos, a raíz de la reforma en el sector, hayan realizado prácticas de competencia desleal, a través de adquisiciones, fusiones, consorcios o alianzas comerciales, y aseguró que en el último año 10 por ciento de las estaciones de servicio del país ha cambiado de razón social.
“Estas operaciones, que generalmente buscan conseguir objetivos como reducir costos, mejorar la proveeduría de insumos, de logística y/o ampliar la oferta de estos combustibles, no necesariamente son concentraciones ilícitas”, aclaró la Cofece.
Sin embargo, añadió que pueden llegar a constituir una conducta anticompetitiva al aumentar el poder sustancial de uno o varios agentes económicos; desplazar a otros agentes económicos o establecer barreras a la entrada que impidan a terceros el acceso al mercado o a insumos esenciales, o facilitar la ejecución de prácticas monopólicas que dañen a los consumidores.
El organismo que presiden Alejandra Palacios, indico que el procedimiento de investigación inició el 6 de septiembre del año pasado con número de expediente DE-018-2017, pero afirmó que esta es una medida preventiva y hasta el momento “no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos a los que, en caso de ser considerados probables responsables, se les deberá oír en su defensa”.
Finalmente, la Autoridad Investigadora señaló que, de comprobarse una concentración ilícita, el Pleno de la Cofece puede imponer las siguientes sanciones: demandar la corrección o supresión de la práctica ilegal; ordenar la desconcentración parcial o total; decretar la terminación del control o la supresión de los actos y multar hasta con 8 por ciento de los ingresos del agente económico. Los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por 5 años y multados hasta con 200 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), entre otras sanciones.
