La recuperación del empleo formal debe ser uno de los primeros objetivos de este 2021, porque es el sector productivo que nutre la economía formal.
De aplicarse el acuerdo al que llegó el gobierno federal, el empresariado y los sindicatos, de los 4.6 millones de trabajadores que están contratados bajo el esquema de subcontratación u outsourcing, sólo un millón 380 empleados podrían ser contratados como base por las empresas, el resto pasaría a laborar sin prestaciones o serán despedidos, indicó un estudio realizado por ManpowerGroup.
De acuerdo con la empresa, prohibir la subcontratación no cierra los caminos a las malas prácticas de contratación que existen en el país y que vulneran el derecho laboral y social de los trabajadores, pese a que el acuerdo alcanzado el pasado lunes en Palacio Nacional deja un panorama más claro al respecto.
“El riesgo que aún vemos es que no a todos los empleados los van a contratar como empleados de base. En los análisis que hemos realizado, el 60 por ciento de los empleadores realizarían la contratación bajo esquemas sin seguridad social tales como honorarios, asimilados al salario, derechos de autor, inclusive pagándoles a través de sindicatos o cooperativas, lo cual no elimina las malas prácticas de contratación que vulneran los derechos de los trabajadores”, explicó Héctor Márquez, director de relaciones instituciones de ManpowerGroup.
De acuerdo con el análisis que realizó la firma, sólo un millón 380 mil empleados podrían ser contratados como base por las empresas, mientras que dos millones 760 mil más pasarían a esquemas sin seguridad social y 460 mil empleos se perderían directamente si se recurre a la prohibición del outsourcing.
Al tomar como base los cuatro millones 600 mil empleos subcontratados que existen en el país, de acuerdo con los datos del Inegi, con las intenciones de contratación de las empresas donde sólo el 30 por ciento de los trabajadores subcontratados pasarían a ser empleados de base, el 60 por ciento pasaría a esquemas sin seguridad social y el 10 por ciento se perdería o pasaría a esquemas de evasión o informales, dijo el directivo.
“Las contrataciones por vía semiinformales generaría el cumplimiento con el pago de impuestos, pero alejaría a las personas a acceder a la seguridad social y prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo. Con ello, existiría alrededor de tres millones 220 mil personas que perderían oportunidades laborales o se emplearía sin los derechos laborales que marca la ley.
Los trabajadores se verían orillados a acoplarse al mercado laboral existente, en donde el sector informal es el que podría ofrecer una vía de generar ingresos. Entonces hay una paradoja de protección de derecho sin combatir las malas prácticas y la informalidad”, detalló Héctor Márquez.
El directivo dijo que la recuperación de empleo formal debe ser uno de los primeros objetivos de este 2021, porque es el sector productivo que nutre la economía formal, sea cual sea su modalidad de contratación y esquema de trabajo.
“Esperamos que el gobierno mantenga su escucha activa en torno al cuidado del empleo formal en México y que las políticas de cuidado de los derechos y bienestar laboral se amplíen para cerrarle el camino a las malas prácticas, asimismo que se reconozca la importancia del empleo temporal sobre todo en un momento atípico para el trabajo y la economía como lo es este contexto pandémico”, subrayó el director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.
Por su parte, Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF), advirtió que la firma de un acuerdo entre dirigentes sindicales, cámaras empresariales y gobierno sobre las modificaciones a la subcontratación supondrá un escenario más complejo para esta industria.
“Con la eliminación de la subcontratación de personal, muchas empresas tendrán que transitar a ser firmas que contratan por especialización, sin tener el conocimiento de cómo ajustarse a la iniciativa, y aun cuando haya un tiempo de prórroga. En otros casos, cerrarán y habrá algunas empresas que recurrirán a la simulación para seguir operando sin tener que abrir nuevas razones sociales”, ejemplificó.
Detalló que nueve de cada 10 empresas no tendrán posibilidades de contratar de manera directa a todo el personal. A su vez, cabe recordar que, de acuerdo con datos de la Confederación Mundial de Empleadores, México ocupa el cuarto sitio en la contratación vía subcontratación con 4.7 millones de trabajadores en el modelo de tercerización.
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