La recién aprobada reforma al Poder Judicial de la Federación junto con otras reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la que contempla la desaparición de varios organismos autónomos, generaría implicaciones negativas para la competitividad de México, así como para la estabilidad de sus relaciones comerciales, particularmente con sus socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
A través de un análisis, el Imco señala que los cambios derivados de la nueva reforma ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial, ya que la elección popular de los cargos implica la partidización de procesos previamente regidos por criterios técnicos y objetivos; la posible intervención de partidos políticos y otros grupos de interés en los perfiles de las personas encargadas de la impartición de justicia tiene graves consecuencias para el nivel de impunidad en México.
Además, resalta, los cambios en los requisitos exigidos para ser juez, ministro o magistrado generan un retroceso en la profesionalización del Poder Judicial.
De acuerdo al Imco, la reforma al Poder Judicial no se hizo con base en un diagnóstico riguroso de los problemas actuales de la justicia en México, lo que ha resultado en preocupación por parte de países como Estados Unidos y Canadá, que han señalado riesgos para el vínculo de confianza entre los inversionistas y el gobierno de México, así como para la institucionalidad, separación de poderes y estado de derecho en el país.
La nueva estructura del Poder Judicial podría entrar en conflicto con la esencia del T-MEC, que, aunque no incluye reglas específicas acerca de la estructura del sistema judicial, sí exige que sea imparcial e independiente.
El Imco señaló que en diversos capítulos del T-MEC los países firmantes se comprometen a:
- Dar trato justo y equitativo a inversionistas en los procesos judiciales penales, civiles o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio de debido proceso incluido en los principales sistemas legales del mundo (capítulo 14: Inversión).
- Garantizar acceso a tribunales judiciales, cuasi judiciales y laborales para la aplicación de las leyes laborales, los cuales tienen que ser imparciales e independientes. Los procedimientos ante estos tribunales deben cumplir con el debido proceso legal y ser justos, equitativos y transparentes (capítulo 23: Laboral).
- Establecer tribunales o procesos judiciales, cuasi judiciales o administrativos que sean imparciales e independientes de las autoridades encargadas de los procesos administrativos en el país (capítulo 29: Publicación y Administración).
Otras reformas en fila
El Imco recordó que el Congreso de la Unión tiene en sus manos un paquete de diversas reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo que podría eventualmente discutir y modificar, pero advirtió que algunas de ellas podrían impactar sobre la competitividad del país y la estabilidad de sus relaciones comerciales.
Una de ellas es la que considera la eliminación de siete organismos autónomos, entre ellos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyas funciones absorberían dependencias de la Administración Pública Federal.
De llegarse a concretar la desaparición de estos organismos autónomos se afectarían la arquitectura institucional, lo que generaría desequilibrios al incrementar la concentración de las decisiones clave en el Poder Ejecutivo. Además, en algunos casos habría potenciales conflictos directos con ciertas disposiciones del T-MEC, aseguró el Imco.
Asimismo, indicó que la eliminación de organismos autónomos con responsabilidades regulatorias y de evaluación tendría implicaciones negativas para la transparencia, la rendición de cuentas y los contrapesos a los poderes públicos en México, elementos cruciales para la competitividad y la certeza jurídica del país.
Por otra parte, el análisis del Imco advirtió que las iniciativas que buscan reformar la constitución en materia de disponibilidad de agua y de concesiones para actividades de minería también discrepan con disposiciones del capítulo 14 del T-MEC en cuanto al trato preferencial para empresas públicas y la apertura de sectores económicos.
Otro de los cambios que se pusieron en marcha por parte de México y que ha generado fuertes controversias con sus socios ha sido la propuesta encaminada a prohibir el uso del maíz genéticamente modificado, incluido el transgénico, para siembra y consumo humano impone restricciones al comercio sin presentar evidencia científica que sustente la medida
Cabe señalar que actualmente, 83 por ciento de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos y tres por ciento a Canadá, mientras que 44 por ciento del total de la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida por México en el primer semestre de 2024 provino de Estados Unidos y ocho por ciento de Canadá.
¿Qué será más importante, cumplir los caprichos del presidente o velar por los intereses del país?
Te puede interesar: Culiacán, guerra sin fin
Facebook: Yo Influyocomentarios@yoinfluyo.com
