Aunque desde el año 2000 hasta la fecha la evolución histórica del empleo formal ha sido creciente, en lo que va de la actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la tasa de crecimiento de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido menor a la registrada en sexenios anteriores, destaca una investigación de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado Evolución y perspectivas del empleo formal. Datos y reflexiones iniciales para la formulación de un balance sexenal, elaborado por Jesuswaldo Martínez Soria y Adriana Vargas Flores, señala que entre 2019 y 2023, la tasa de crecimiento media anual de trabajadores registrados en el IMSS ha sido del 1.6 por ciento, mientras que de 2013 a 2018 fue de cuatro por ciento.
Asimismo, detalla que entre 2007 y 2012, la tasa de crecimiento de personas aseguradas fue de 2.3 por ciento; de 2001 a 2006 fue de 1.8 por ciento y de 1997 a 2000 de 5.9 por ciento.
El estudio apunta que si bien los efectos de la pandemia fueron de los más duros en la historia reciente de la economía mexicana, el impacto de la emergencia sanitaria se da en un momento en el que la trayectoria del empleo formal estaba ya en franca desaceleración.
En ese sentido, advierte que es posible que las repercusiones en las capacidades productivas y en el mercado de trabajo hayan propiciado un fuerte debilitamiento en la tendencia de largo plazo del número de trabajadores asegurados y, con ello, el deterioro de sus perspectivas de crecimiento.
Por otro lado, la investigación sugiere evaluar la implementación y los resultados de distintas acciones públicas como la reforma laboral de 2019 -en particular la prohibición de la subcontratación-, la reforma al régimen de incorporación fiscal que creó el régimen de confianza, la política de recuperación salarial, los programas sociales orientados a la formación como Jóvenes construyendo el futuro, entre otras acciones gubernamentales que pueden haber incidido en el comportamiento del empleo formal.
El reporte menciona que los niveles de empleo de los últimos cuatro años y medio han sido afectados por los desequilibrios económicos derivados de la pandemia de COVID-19, que produjo la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo formal en los tres meses más duros de 2020. Pero también por las deficiencias en la gestión pública de la crisis, no sólo en la cuestión sanitaria, sino también en la instrumentación de una política fiscal que mantuvo los principios de austeridad, no endeudamiento y déficit cero, en lugar de aplicar una política anticíclica decidida para contrarrestar los efectos de la crisis y promover una recuperación vigorosa y sostenida.
A ello habría que sumar la inexistencia de un verdadero Plan Nacional de Desarrollo, la desarticulación de las políticas sectoriales y laborales y la falta de coordinación entre las instituciones que, sin tener objetivos y metas definidas estratégicamente en un marco normativo, han dificultado las acciones del Estado para impulsar el desarrollo de la economía.
Aún sin entrar a profundidad en el análisis de las medidas de política pública de la gestión actual, es posible anticipar que, de momento, el estado del mercado de trabajo formal no reporta niveles de empleo satisfactorios, indica el reporte.
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