La polémica generada por las cifras “rasuradas” de personas desaparecidas en el país que el gobierno federal dio a conocer primero afirmando que eran sólo 12 mil y al día siguiente “corrigiendo” a 92 mil, lo que aún está muy distante a las más de 110 mil que todavía se manejaban en agosto por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), agravió a familiares de quienes se encuentran en esta situación al tiempo que incrementó la desconfianza hacia las autoridades por parte de toda la sociedad.
Ante la pifia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y la actual titular de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes se esforzaron en hacer cuadrar las cifras y afirmar que el gobierno no desapareció los datos de los desaparecidos, además fiel a su tradición, el mandatario acusó que sus adversarios quieren utilizar este tema con fines politiqueros.
La explicación no satisfizo a los familiares de las víctimas y generó más dudas en toda la sociedad sobre la eficacia de las investigaciones, pero además evidenció la falta de interés y sensibilidad humana por parte de las autoridades para encontrar a miles de personas hoy ausentes.
La impericia, la falta de interés y la cerrazón de las autoridades con los familiares y organizaciones de derechos humanos ha preocupado más allá de las fronteras, como quedó demostrado con las observaciones hechas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, que el 3 de octubre de 2023, durante su último período de sesiones, emitió observaciones a México sobre las desapariciones en el país.
Si bien el organismo reconoció algunos esfuerzos hechos en los últimos años, dejó muy en claro que existían inconsistencias y falta de acciones para encontrar a las personas ausentes, así como para encontrar a los responsables e impartir justicia.
Una de las observaciones hechas por el organismo de la ONU fue precisamente sobre los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) –que del 1 de enero de 1962 al 12 de septiembre de 2023 ascendía a 111 mil 540 personas desaparecidas–, sobe lo que señaló que “los datos se actualizaban sin seguir el Protocolo Homologado de Búsqueda y los estándares internacionales”.
Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para “asegurar la transparencia de la metodología utilizada para actualizar el Registro Nacional a fin de garantizar la confiabilidad de los datos recopilados, y que el proceso sea coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda, de manera independiente e imparcial”.
El Comité también subrayó que México debe establecer mecanismos que aseguren la participación de los colectivos de víctimas y adoptar medidas para evitar su revictimización y proteger la seguridad de la información contenida en el Registro.
Pero no solamente eso fue lo que se cuestionó, también puso en tela de juicio la falta de justicia de muchos de los casos, ante lo que mostró su preocupación por la “investigación inadecuada del alarmante número de desapariciones, con su consecuente bajo número de condenas y una impunidad casi absoluta“.
Ante ello, instó al Estado para que garantice la investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de las denuncias de desapariciones forzadas, así como de las desapariciones cometidas por personas o grupos que actúan sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia (consentimiento) del Estado”.
Al mismo tiempo, el organismo de la ONU solicitó que en el país se actúe con la debida diligencia en todas las etapas del proceso, se persiga y sancione a los responsables con las penas adecuadas.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”.
Otro aspecto sobre el que el Comité se manifestó fue sobre la crisis forense pues de acuerdo a datos oficiales en el país existen 52 mil personas fallecidas sin identificar dentro de fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
Sobre esto, el organismo de la ONU indicó que, si bien, hay avances institucionales como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Plan Nacional de Búsqueda, éstos no han sido debidamente implementados para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
El Comité destacó que “no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas”, lo que ocasionaría que, según varios expertos “en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día”.
Desapariciones e impunidad
La organización de la sociedad civil Impunidad Cero a finales de 2023 publicó su primer índice de impunidad en materia de desaparición de personas en México, en el que uno de los principales hallazgos es la evidencia de que existe 99 por ciento de impunidad a nivel nacional para casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Esta situación, afirma el informe de la organización, refleja una crisis profunda en la justicia y los derechos humanos.
Asimismo, el informe destaca que a casi cinco años de su promulgación, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas sigue sin ser plenamente implementada, dejando brechas significativas en la persecución y sanción de estos delitos.
Además, el creciente aumento de delitos de desaparición, sumado a la persistente impunidad que obstruye la investigación y esclarecimiento, muestra que México se encuentra inmerso en una grave crisis de derechos humanos.
Drama humano
La desaparición de una persona es un drama humano que daña a quien está ausente pero también a su familia y amigos. Es una separación que rompe corazones y hogares ya que es a pesar de que las personas regresen a casa la herida siempre estará presente, y peor aun cuando se desconoce la suerte de alguien que no ha sido localizado ni vivo ni muerto.
Nadie en la sociedad sin importar su edad, sexo, condición social y económica está exento de correr el riesgo de desaparecer, sobre todo cuando la inseguridad en el país se acrecienta día a día.
Una de las personas que ha tenido el infortunio de sufrir la desaparición de familiares es María Herrera Magdaleno quien hoy es una madre buscadora quien tuvo la desgracia de que desaparecieran no a uno sino a cuatro de sus ocho hijos.
En 2008 dos de sus hijos desaparecieron y dos años más tarde, en 2010, otros dos más corrieran la misma suerte; desde entonces no ha tenido noticias de ninguno de ellos a pesar de que desde el primer momento los ha buscado incansablemente.
Doña Mary, como es llamada, junto con otras madres y familias se ha convertido en una incansable buscadora de personas desaparecidas sin importarle si su seguridad y vida están de por medio. Este año la revista Time la reconoció como una de las personas más influyentes en el mundo por visibilizar la lucha de las familias que en México buscan verdad y justicia.
El blog de Amnistía Internacional publicó una entrevista con doña Mary quien aseguró que las familias que buscan a sus familiares han covertido el dolor y la indignación en una rabia digna, con destellos de espranza y dignidad de la que llamó una “lucha inesperada”.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU aseguró que “para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”.
La vida de una persona desaparecida va más allá de la estadística, se trata de un ser humano privado de su libertad y en muchos casos de la misma vida, por lo que el Estado no tiene excusas para no tomar en serio su obligación de buscarlas, encontrarlas y hacer justicia, además de evitar y prevenir que en México cada día sigan desapareciendo personas sin explicación.
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