Legalidad, igualdad, justicia, tolerancia, solidaridad, patriotismo, comportamiento cívico son valores establecidos en la Constitución que han permitido por años la convivencia pacífica entre los mexicanos.
Encima de la Constitución, no hay poder alguno, nada ni nadie. Bueno, al menos hasta hace algunos meses así era pero una vez que el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa para reformar al Poder Judicial y minar desde sus cimientos toda su estructura institucional a fin de someterlo a los intereses de un partido político, el de Morena.
A raíz de que Morena obtuvo, con la complacencia del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Guadalupe Taddei, una sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, los legisladores morenistas han dado todo tipo de golpes bajos al Poder Judicial generando una crisis Constitucional y poniendo en grave riesgo la convivencia pacífica, la certeza jurídica y la misma estabilidad del país.
Como fiel hoja calca, los morenistas han seguido la pauta de la narrativa marcada por López Obrador, y han repetido hasta el cansancio que el sistema judicial está infestado de corrupción, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen unos salarios hipermillonarios que empobrecen a los mexicanos, por lo que en esa lógica es necesario que el pueblo bueno y sabio elija por voto popular a jueces y magistrados, bastando que tenga la recomendación de sus vecinos y un promedio de 8 en su carrera, desmantelando así al actual sistema sin importar que la gran mayoría de quienes han llegado a esos puestos ha sido por que han hecho carrera y han entregado años en profesionalizarse y mantenerse al margen de la política a fin de ejercer con imparcialidad la justicia.
Desactivar la bomba
Mientras los días van y vienen, crece cada vez más el boquete que divide a los mexicanos en torno al Poder Judicial.
Con la finalidad de poner un alto la crisis que tiene sumido al sistema de justicia y pinta un panorama obscuro en los planos económico, político y social por la falta de equilibrio de poderes, el magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuso un proyecto que plantea invalidar parcialmente la reforma judicial aprobada recientemente.
Entre las principales propuestas contenidas plantea la anulación de la elección popular de los más de mil 600 jueces de distrito y magistrados de circuito, pero no la de los integrantes del pleno de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal de Disciplina. Asimismo, propone invalidar la figura de los jueces sin rostro y la supresión de los juicios de amparo.
El ministro González Alcántara dijo la reforma al Poder Judicial recientemente aprobado, viola los principios constitucionales y genera una grave afectación a la democracia constitucional.
Aseguró que los privilegios que se busca mantener son las garantías de imparcialidad e independencia en el cargo de los magistrados y jueces.
El pleno de la Corte determinó, por unanimidad, que el próximo martes 5 de noviembre iniciará con la revisión del proyecto de sentencia del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, relacionado con los expedientes vinculados a la Reforma Judicial del 15 de septiembre de 2024.
El último cierra la puerta
Además de la presentación del proyecto que intenta desactivar la crisis, trascendió que al menos seis de los ocho ministros, que no tienen nexos con Morena, renunciarían a la Corte, lo que enfureció a los morenistas quienes externaron su completo descuerdo con la propuesta y condenaron que la mayoría de los jueces de la Corte planearan dejar sus cargos.
La misma presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo criticó la intención de varios ministros de la Corte de renunciar. “Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la corte, que es un montón de dinero“, ironizó hilando la narrativa que se ha manejado en torno a que tienen muchos privilegios.
En este tenor, Gerardo Fernández Noroña amenazó en que el senado podría no aceptar la renuncia a los ministros, y en su muy particular estilo advirtió: “Es nuestro derecho a aceptarlo o no. Ahora resulta que nos van a obligar a que aceptemos algo. Si no queremos, no queremos, y si queremos, queremos. Ya veremos qué hacemos (…) Lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025 porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas. Que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias. Podemos no aceptarlas”.
Abre el desfile
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pasó de los dichos a los hechos y se convirtió en el primero en presentar su renuncia la cual tendrá efecto el 31 de agosto de 2025.
En una carta dirigida a Senado, expuso que no se considera un “candidato idóneo para ocupar un cargo que dependa del apoyo popular”, por lo que decidió presentar su renuncia dentro del plazo establecido que marca la recién reforma judicial.
“Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor –para la que me siento más apto– donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de los que más lo necesitan”, aclaró.
“Renuncio, no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para ser desempeñados con decoro mientras dure el encargo”, aseguró.
El ministro Alfredo Gutiérrez indicó que “el único lujo que me permito al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor”.
Estiran más la liga
A pesar de los efectos negativos que han generado los cambios constitucionales al Poder Judicial, de las advertencias de abogados, empresarios y analistas que han destacado que habría incertidumbre jurídica, que ocasionarían, entre otras cosas, fuga de capitales e inclusive inestabilidad social, la presidenta Claudia Sheinbaum y los legisladores de Morena y sus aliados quienes por la sobrerrepresentación que les da mayoría en el Congreso de la Unión no quieren cambiar nada de la reforma de López Obrador.
Los morenistas no han dado señales de querer acabar con la crisis del Poder Judicial, no sólo no han tendido puentes para recomponer las cosas, por el contrario, continúan con una guerra intestina.
A pesar de que juraron respetar y hacer respetar la Constitución lo que menos se ha visto es la voluntad de hacer válida aquella máxima de que nada ni nadie por encima de la Constitución.
¿Cuál es tu opinión de que Morena pretenda tener todo el poder desmantelando al Poder Judicial?
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