Organismos de la sociedad civil consideraron que la designación de González Alcántara Carrancá como nuevo integrante de la SCJN representa un retroceso en materia de designaciones públicas, ya que se caracterizó por ser uno de los más cerrados a la participación ciudadana y poco transparentes.
Con 114 votos a favor, Juan Luis González Alcántara Carrancá es el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo determinó el Pleno del Senado de la República el pasado jueves 20 de diciembre.
Previo a su comparecencia en tribuna, González Alcántara Carrancá aseveró que su visión es la de una Corte no sólo competente y talentosa, sino, ante todo, centrada en los derechos humanos, y capaz de empatizar con quienes acuden ante ella.
“Si bien es cierto que los derechos humanos, por su propia naturaleza, se encuentran para proteger a todos, no sólo a quienes se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. Es justamente en la forma en que nos sensibilizamos ante la situación de estos últimos en donde descansa el éxito de nuestro proyecto de nación, pues, como en su momento señalara Mahatma Gandhi, ‘la grandeza de una nación se mide en la forma en que trata a sus miembros más débiles’”, señaló.
¿Quién es Juan Luis González Alcántara Carrancá?
Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo también una maestría y un doctorado.
Cuenta con una maestría en Derecho Corporativo en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas y maestría en Derecho Civil y Mercantil por la Universidad en Barcelona y en Tufts, de Harvard.
Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de Gobierno (2000-2005).
Profesor de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y el ITAM, y es autor de diversas obras de derecho.
González Alcántara también formó parte de la terna para la Fiscalía General de la República.
Polémica
En 2013 Juan Luis González Alcántara revocó la sentencia de un juez en materia familiar que determinó que el ministro en retiro de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, debía pagar una pensión mensual de poco más de 116 mil pesos para sus hijos con autismo –equivalente al 35% de sus ingresos-, y ordenó que se redujera a 50 mil pesos. Por tal motivo el ahora ministro de la Corte fue acusado de presunto tráfico de influencias.
La sociedad civil duda
Por su parte, organismos de la sociedad civil consideraron que la designación de González Alcántara Carrancá como nuevo integrante de la SCJN representa un retroceso en materia de designaciones públicas, ya que se caracterizó por ser uno de los más cerrados a la participación ciudadana y poco transparentes.
Organismos como México Evalúa señalaron que “la naturaleza de la Corte amerita que la conformación de su Pleno se base en una selección a partir de los méritos y capacidades de las personas, así como de su independencia y probidad”. En este sentido, el proceso de designación presentó diversas irregularidades.
Puntualizaron que las propuestas enviadas al Senado, carecieron de criterios claros de idoneidad. “El Ejecutivo Federal envío una terna sin fundamentar las razones de idoneidad de las y el candidato por encima de otras personas, es decir, no se señaló qué tipo de auscultación o elementos se tomaron en cuenta para determinar de un gran universo de personas que podrían cumplir con los requisitos formales”.
Afirmaron también que no hubo condiciones para la participación ciudadana, toda vez que el Ejecutivo y el Senado realizaron un proceso de ratificación opaco y sin una discusión pública amplia. Cabe señalar que a pesar de que la sociedad civil hizo reiterados pronunciamientos y observaciones al proceso y sobre la idoneidad de las personas candidatas, éstas no fueron tomadas en cuenta, evidenciando una actitud ajena a prácticas de Parlamento Abierto que se habían garantizado con anterioridad.
Otro factor negativo fue que no se realizó un escrutinio sobre la información que presentaron el y las candidatas, ni fue publicada por ningún medio oficial.
“Las entrevistas realizadas por la Comisión de Justicia no contaron con el tiempo suficiente para hacer un análisis serio sobre los perfiles y posturas, por el contrario, evidenciaron un proceso poco serio y con prisas”, dijeron.
México Evalúa señaló que la elección de Alcántara por el Pleno del Senado ilustra como las designaciones están en función de arreglos políticos en lugar de considerar criterios como la capacidad e independencia de los perfiles. Este escenario dista de designaciones que generen confianza y legitimidad en nuestras instituciones, por el contrario, abonan a una fragilidad institucional. La llamada “cuarta transformación” atraviesa por cambiar estas prácticas y garantizar un buen gobierno.
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