Sólo Palestina supera a México como país más peligroso para ejercer el periodismo, con la diferencia que la nación mexicana es zona de paz.
El asesinato de cualquier periodista es grave no sólo porque se le arrebata la vida a una persona, sino también porque implica una vulneración a la libre expresión de la sociedad, ya que se genera temor por lo que se expresa y deja el camino abierto ya sea a la delincuencia o al abuso de poder.
A pesar de que en 2023 descendió el número de asesinatos de periodistas en México, al contabilizarse seis con respecto a los 11 que hubo en 2022, los profesionales de la comunicación continúan ejerciendo su profesión bajo gran riesgo, principalmente quienes informan acerca de temas de corrupción y asuntos del crimen organizado.
De acuerdo al informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) 2023, el número de periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión a nivel mundial, al 1 de diciembre, fueron 45, la cifra más baja desde 2002, a pesar de la situación en Oriente Próximo.
Con respecto a México, donde también disminuyó el crimen de profesionales de la información, en el análisis de RSF se señala que esta caída numérica “no implica que los periodistas trabajen con mayor seguridad en el país”, toda vez que la violencia contra ellos se sigue manifestando a través de secuestros y ataques armados.
El riesgo constante que al que los periodistas están expuestos debido a su profesión han supuesto “un aumento de la autocensura y la proliferación, en la región, de agujeros negros informativos”, resaltó el informe.
Al respecto, durante la primera mitad de 2023 la organización Artículo 19 registró 272 agresiones contra periodistas, lo que equivale a una agresión cada 16 horas cometida este semestre en contra de periodistas y medios de comunicación.
Asimismo, afirmó que el Estado sigue siendo el principal agresor contra la prensa en México, y cuantificó que en los primeros seis meses de 2023, “las autoridades fueron responsables de perpetrar 140 agresiones, es decir uno de cada dos ataques contra periodistas y medios. De los tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal son quienes más atacaron a la prensa con el 23.5 por ciento, seguido por el nivel federal con 19.4 por ciento y en tercer lugar, a nivel municipal con 8.4 por ciento. Este periodo es la primera vez desde el año 2016 que el nivel federal corresponde al segundo lugar en agresiones, siendo comúnmente el último lugar”.
Además de esta contabilización habría que mencionar que todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador ataca a medios y periodistas, quienes no le son afines o que en cumplimiento con su deber revelan algún acto de corrupción o inconsistencia del gobierno federal.
Haciendo uso de su palestra el mandatario ante la opinión pública se asume como víctima y señala como su verdugo a la prensa y los periodistas. Así, una y otra vez atiza contra ellos con la clara intención de desprestigiarlos, provocar que la gente dude de su credibilidad, generar polarización y mantener opacidad de datos públicos que tiene la responsabilidad de transparentar y dar a conocer, pero lo más grave aún es que sus palabras pueden convertirse en armas letales que inspiren a criminales a acallar para siempre a quienes buscan y dan a conocer la verdad.
Silenciar con mordaza o mortaja
No “incomodar o tomar venganza” de quienes se han privilegiado ilícitamente de algún beneficio, han delinquido o han cometido un acto en ilegal en contra de otra u otras personas o instituciones haciendo públicos estos hechos es la finalidad de amedrentar a los periodistas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que el “asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información”.
A esto, Artículo 19 añade que “los asesinatos y desapariciones de la prensa en México continúan generando un silencio en el país, buscando callar voces y afectando los derechos de la prensa y de la ciudadanía”.
Es por ello que a pesar de que en el año que está por culminar disminuyeron los crímenes en contra de los comunicadores, hay otro tipo de acciones con las que se les amedrenta y se vulnera en general a toda la sociedad como los secuestros y desapariciones de periodistas.
Los casos más recientes fueron el de Alán García Aguilar, fundador y editor de Escenario Calentano, medio digital que publicaba información sobre bandas criminales de la región y casos de corrupción. En diciembre de 2022 fue secuestrado junto con dos colaboradores de ese medio quienes fueron el 11 de enero de 2023, sin embargo, García Aguilar no corrió con la misma suerte y hasta el día de hoy nada se sabe de él.
El último caso corresponde a Juan Carlos Hinojosa Viveros, fotoperiodista y redactor jefe del medio digital La de 8 News, quien desaparecido desde el 6 de julio de 2023.
De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, en total se suman a otros 31 periodistas mexicanos de los que no se tiene noticia alguna; una cifra que ilustra la dimensión de las amenazas que pesan sobre la profesión periodística en este país. De estas desapariciones ocho son desapariciones forzadas.
Obligación del Estado velar por la seguridad de la prensa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que el Estado tiene la obligación de dar seguridad a los periodistas a través de tres acciones: Prevenir, Proteger y Procurar justicia.
El organismo internacional señala que desde el Estado son necesarias acciones de prevención dirigidas a atacar algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas y de la impunidad, entre estas destaca que debe “adoptarse un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
Asimismo, indica que las autoridades tienen la obligación de condenar enérgicamente las agresiones contra periodistas y alentar a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables.
Otro de los puntos que destaca es que es necesario “instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto al trabajo de los periodistas y adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios de comunicación, incluida la capacitación de funcionarios públicos, en especial las fuerzas policíacas y de seguridad, y la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión”.
Dejar a la deriva la seguridad de los periodistas trasciende a la tranquilidad y resguardo de la vida de quienes se dedican a esta profesión, ya que se generan puntos ciegos para la sociedad que impiden que esta camine hacia acciones de bien común que traen consigo progreso y una mejor convivencia social.
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