El hecho de que en el gobierno federal implemente una cantidad de programas sociales a los que se les destinan más recursos no implica necesariamente que haya avances en la reducción de la pobreza y mejores condiciones de vida para los grupos más vulnerables.
En México existen una gran variedad de programas federales y estatales enfocados en abatir la pobreza y terminar con los rezagos sociales, los cuales no tiene un efecto positivo por los problemas de diseño, están fragmentados y dispersos, no tiene continuidad y tampoco se complementan. El hecho de que existan una cantidad de programas sociales no implica necesariamente que haya avances en la resolución de problemas que se plantean.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su segundo informe de gobierno, destacó que en los dos años de su administración a través de los programas sociales se ha apoyado a 23 millones de familias, en medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se ha destinado 115 mil millones de pesos en 8 meses en beneficio de 9 millones de personas.
Pero la realidad muestra que la ineficiente aplicación de los programas federales ha tenido como resultado que el número de pobres de nuestro país aumente considerablemente año tras año. Por otro lado, la condicionalidad de las transferencias ha sido cuestionada, pues estas limitantes pueden atentar contra los derechos humanos. Además, si los beneficiarios no llegaran a cumplir con los requisitos que pide el programa, se podría perjudicar a los grupos vulnerables al retirarles las transferencias.
Los otros datos
Según estudio del #SemáforoEconómico elaborado por México ¿cómo vamos? con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en los primeros tres meses de este año, 35.7% de la población del país se encontró en pobreza laboral, es decir, su ingreso no fue suficiente para alimentar a todos los miembros del hogar, tomando en cuente el valor de la canasta alimentaria, de acuerdo con el Coneval.
En la zona urbana, 31.8% de los habitantes se encontró en situación de pobreza laboral en el primer trimestre de 2020, nivel más bajo desde el primer trimestre de 2009. Mientras que en las zonas rurales 47.9% de los habitantes no pudo adquirir la canasta alimentaria con los ingresos laborales de su hogar.
Recientemente, el Coneval presentó algunas estimaciones de los posibles efectos que se observarán sobre la situación de pobreza en México a consecuencia de la crisis sanitaria por COVID-19. En el estudio se estima que se dé una caída generalizada en el ingreso de los hogares y aumento en la tasa de desempleo de 3.3% a 3.5%, y un aumento de 37.3% a 45.8% en pobreza laboral para el segundo trimestre del año.
Otro registro contrario en la administración de López Obrador es el declive del PIB, ya que existe el riesgo de que este sexenio puedan verse el mayor retroceso en la historia de México. De entrada, la meta de crecimiento del 4% al final de gobierno está muy lejos de poderse alcanzar, ya que según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el PIB tendrá una caída máxima de -3.9% para este 2020.
El sexenio más bajo en crecimiento fue el del presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), en cuya administración el aumento del PIB fue de sólo 0.65%, de ahí que se conozca a esos años como la “década perdida” en la historia económica de México.
En el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), el crecimiento acumulado del PIB fue de 20.18%, lo que significa un promedio anual de 3.36%, con todo y el shock de la economía causado por la gran devaluación del peso el 21 de diciembre de 1994.
Se peca en crear programas sociales
Jorge Valtierra Zamudio, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, señaló que los programas sociales generados por los gobiernos están más enfocados al asistencialismo que a solucionar problemas de los grupos vulnerables.
En entrevista para Yo Influyo, el maestro en Antropología Social dijo que urge una mayor coordinación y más gente capacitada para entender cuáles son las características culturales de la población para poder atender las necesidades de cada región y no crear programas que no den resultados positivos. “Se tiene que atender mucho mejor cada una de las características de la población”.
“Tampoco podemos hablar mal de los programas sociales, en este gobierno las personas que forma parte de estos programas sí tienen una mayor idea de contexto de lo que van a llevar a cabo los proyectos. Pero esto no es suficiente, el problema es que hay muchos lugares en los que todavía no llegan estos programas. Hace falta más organización y mayores recursos para que lleguen a estas comunidades”, explicó.
Valtierra Zamudio comentó que en un inicio la creación de programas sociales era es una propuesta muy lógica, ya que se buscaba atener a las bases sociales, en lugar de pensar el privilegio a cierto tipo de sectores esto sería muy beneficio para cumplir objetivos claros, como el que la gente no muriera de hambre.
“Se peca en crear programas e iniciativas que a lo mejor no sería tan necesario para ser un organismo aparte, sino que puede estar involucrados con otros. Al final se trata de resolver problemáticas sociales que no necesariamente estén peleado con la gente que esté trabajando en estos proyectos”, indicó.
Al preguntarle al investigador de la Universidad La Salle si los programas sociales serán utilizados por el actual Gobierno federal para las elecciones de 2021, respondió:
“Los programas sociales tendrán un peso importante cuando se hable de que se evitó la hambruna, de que hay una atención mayor alcance, y puede ser parte de los argumentos para mantenerse en el poder y mantener una aceptación generalizada de la población”, concluyó.
Por su parte, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, sobre los programas sociales del actual Gobierno dijo que varios de ellos “no definen bien el problema que se busca resolver y que los recortes de presupuesto han dificultado su operación”.
Agregó que la cobertura de los programas está concentrada en zonas rurales y los montos son inadecuados para compensar la pérdida de ingresos. Además, resaltó que no se han aplicado criterios rigurosos para la integración de beneficiarios a los programas sociales del Gobierno Federal.
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