En México existe una simulación en el combate a la trata de personas debido a una serie de factores que van desde el desconocimiento del tema hasta la falta de voluntad política de diversas instancias encargadas de prevenir, combatir y atender esta problemática, aseguró Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República.
De acuerdo al Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la legisladora indicó que se hizo una profunda investigación del trabajo que las autoridades de los tres niveles de gobierno del país han realizado al respecto, así como otros organismos involucrados en la problemática, ante lo que se encontró que los datos que cada institución maneja son confusos y discordantes entre sí.
La falta de veracidad, omisiones y simulaciones en los datos señalados en el Informe de la Comisión Intersecretarial, el cual es el órgano responsable de la rectoría de la política pública en la materia, es preocupante, pues muestra la debilidad de las instituciones en el combate de uno de los delitos más graves en el mundo.
Indicó que la gravedad de las contradicciones de cifras e información trasciende a la seguridad de la sociedad, toda vez que existen personas que son castigadas injustamente, mientras que hay verdaderos delincuentes que viven en impunidad, además las víctimas ni siquiera son atendidas.
De acuerdo a los datos analizados, se observó que en ningún caso se siguió un protocolo específico para la protección y asistencia integral de las víctimas rescatadas. En el mejor de los casos, especialmente en los estados, las víctimas sólo han recibido una consulta psicológica, o una atención médica.
Comentó que en el país las instituciones de seguridad realizan operativos carecen de procesos para realizar los mismos, debido a ello se desconocen datos fundamentales que servirían para prevenir y combatir la trata de personas de manera efectiva y eficaz.
Recalcó que debido a la opacidad generada por la diferencia de datos reportados por cada instancia, no se sabe a quién se rescató, a pesar de ello la legisladora reconoció que sí se han desarticulado bandas delictivas de trata.
Aseguró que los diferentes datos reportados en el mismo periodo de manera oficial a diversas instancias no generan certeza y mucho menos permiten medir la preparación tanto de los operadores de la ley, así como el conocimiento que los ciudadanos deberían tener sobre este delito. Existe la posibilidad de que los datos reportados se estén duplicando o multiplicando. Estas deficiencias no ayudan a reconocer la gravedad del delito, se puedan traducir en impunidad o complicidad para que las autoridades encargadas de la prevención, persecución y atención a víctimas encuentren huecos que les permitan falsear, omitir o incluso mentir respecto de la información.
Quedan a deber
La senadora Dávila Fernández aseveró que en el tema de la trata de personas, se tiene una deuda con la sociedad, por lo que indicó que cada instancia debe hacer lo que le corresponde de acuerdo a su competencia. En este sentido mencionó que el poder legislativo en muchas ocasiones ha elaborado políticas públicas a través de negociaciones desde las cúpulas, en lugar de hacer un trabajo profesional, situación que advirtió, debe cambiar.
Refirió que en el caso del Senado su responsabilidad es elaborar mejores leyes y supervisarlas a fin de que sean funcionales y efectivas. “Una ley no resuelve la vida de una persona, pero sí le ayuda a vivir mejor”, afirmó.
Consideró que entre los principales retos que requieren cambiarse en materia de trata de personas se encuentran los mecanismos de denuncia, así como mejorar la impartición de justicia y además contar con personal que conozca bien el tema, en este punto sentenció que los gobiernos no pueden ser banales al respecto, por lo que es fundamental que capaciten a su personal para proteger a las víctimas y castigar a los delincuentes.
Señaló que para prevenir y combatir este lastre es esencial que funcione la colaboración interinstitucional.
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