A solo un día de arribar a la Ciudad de México la Caravana por la Dignidad encabezada por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, el gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio su brazo a torcer y aceptó la entrega de 900 millones de pesos de recursos federales a la entidad, que a pesar de estar comprometidos había retenido derivado, según el mandatario estatal, de la investigación emprendida en contra de su antecesor César Duarte Jáquez, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) dará celeridad a las solicitudes de detención con fines de extradición, como otro de los compromisos adquiridos por la administración federal.
Chihuahua ejemplo
Del 20 de enero al 4 de febrero en diversas poblaciones de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Ciudad de México se sintió la presencia de cientos de chihuahuenses, a la que en cada lugar se unieron solidariamente otros tantos de mexicanos para exigir justicia y respaldar a la entidad a fin de que el gobierno federal dejara de “estrangularla” económicamente como presión para hacer a un lado la investigación en curso en contra el ex gobernador César Duarte, la cual extiende los hilos a personajes de la actual administración federal.
Cuentas pendientes
El 24 de septiembre de 2014 el abogado chihuahuense, Jaime García Chávez, entregó a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua una denuncia “por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades y los demás que resulten cometidos no sólo en perjuicio del patrimonio del Estado de Chihuahua sino los que resulten relativos por actos violatorios de la legislación bancaria y los correlativos a estos de la legislación penal del estado de Chihuahua, cometidos por el gobernador César Horacio Duarte Jáquez, Jaime Ramón Herrera Corral, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y en contra de quien o quienes más resulten responsables como sujetos”.
El 11 de noviembre de 1994, aún como senador, Javier Corral, presentó un punto de acuerdo, apoyada por 43 senadores del PAN, PRD y PT para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al Banco de México (BM) a realizar las investigaciones pertinentes y fincar las responsabilidades penales y administrativas derivadas de la participación de César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, por enriquecimiento ilícito.
Corral Jurado aseguró en esa ocasión que la denuncia de García Chávez que ha sido respaldada por miles de ciudadanos Chihuahuenses con su firma, “es una denuncia sólida con elementos probatorios muy importantes para el Ministerio Público”, puntualizó Corral, y dijo que “debiera originar la petición de licencia del gobernador” para que pueda aclarar este asunto.
En abril de 2015 activistas, intelectuales y académicos anunciaron la integración de un grupo de observadores a nivel nacional para dar seguimiento a la denuncia penal en contra de César Duarte. Entre quienes conforman este grupo se encuentran el periodista Ricardo Raphael; el ex consejero del IFE, Alfredo Figueroa; el ex diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña; la académica, Teresa Lanzagorta, la periodista Denisse Dresser; y los investigadores Clara Jusidman y Carlos Heredia.
En abril de 2016 Javier Corral se convirtió en el candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua, y entre sus promesas de campaña se comprometió a iniciar una investigación por corrupción en contra de César Duarte Jáquez, lo que llevó a cabo el 21 de octubre de 2016, tan solo 16 días después de asumir el cargo de gobernador.
A lo largo de 2017 el gobierno de Chihuahua arrestó a varios integrantes de la administración de Duarte acusándolos de desvío de recursos, entre ellos a Jesús Manuel Esparza Flores, ex auditor superior del Estado; a Carla Areli Jurado, ex directora de administración de la Secretaría de Educación; a Jaime Agustín Fong Ríos y al empresario Germán Lezama Cervantes. El 18 de julio el gobierno de Chihuahua solicitó al gobierno de Estados Unidos la detención con fines de extradición del exgobernador César Duarte.
Se creían impunes
Teresa Ortuño Gurza, directora general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, ex senadora, ex diputada federal y quien contendió internamente con Javier Corral por la candidatura del PAN a la gubernatura del estado, aseguró en entrevista con Yo Influyo, que la situación que hasta hoy ha mantenido en vilo a la entidad se derivó de que el desfalco al estado por parte de la administración anterior está documentado, lo que aseguró, es un hecho “histórico”, porque no se basa en dichos sino que existen “documentos” que lo demuestran, y porque esta situación repercute directamente en la médula del involucramiento entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a nivel federal.
Ortuño Gurza señaló que lo que se acredita en los expedientes en manos de la Fiscalía de Chihuahua es una red de complicidades para saquear las finanzas estatales en favor de las campañas del PRI.
En enero de 2016 todos pensaban que en casi todos los estados en los que se llevarían a cabo elecciones, iba a ganar el PRI, había confianza de que lo que hicieran nadie lo iba a ver ni a investigar, no se imaginaron que los rastros que dejaron serían investigados y que hoy son el sustento jurídico, legal político y ético, de las acusaciones hechas por Javier Corral “no es un chisme, no es una opinión, son datos que han sido públicos que han ido jalando la hebra contra César Duarte”, enfatizó.
El 4 de enero del presente año después de que las autoridades federales no entregaban aun los recursos que estaban acordados para Chihuahua, Gustavo Madero, jefe del gabinete estatal; Arturo Sánchez Vélez, secretario de hacienda del Estado, y el propio Javier Corral, se reunieron con el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya quien en lugar de dar una explicación sobre el dinero que debía llegar desde diciembre a Chihuahua, les preguntó cuál era el alcance de la investigación que derivó en el encarcelamiento el 20 de diciembre de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, con Manlio Fabio Beltrones.
“Lo que está documentado y probado en los expedientes en la búsqueda de César Duarte es cómo esos fondos se utilizaron en enero de 2016 para campañas del PRI en Chihuahua y en otros estados, y ahí el que le quiera jalar la hebra en cualquier otro estado es investigar el destino de esos dineros. Por eso es muy alarmante que el SHCP pregunte su alcance”, refirió.
Al ser cuestionada sobre si en esta denuncia y protesta en contra del gobierno federal, de extracción priísta, no tenía tintes políticos en este año electoral con la intención de favorecer al PAN, Ortuño Gurza lo negó y señaló que se trata de un asunto de la democracia, la transparencia y en contra de la corrupción.
Finalmente, indicó que el desenlace de las controversias entre los gobiernos federal y de Chihuahua dependerá de hasta donde llegue el compromiso de la ciudadanía, ¿qué va a pasar? depende de la respuesta ciudadana –dijo–, si a Corral lo dejan solo se va a doblar, pero si la ciudadanía de todo el país hace toda su tarea se va a lograr hacer justicia.
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