El proceso electoral en ciernes se está caracterizando por ser uno de los más violentos, polarizados, inequitativos y complejos que ha habido en México, es la conclusión de una serie de mesas de análisis organizadas por la asociación civil Save Democracy durante los dos últimos meses en las que participaron especialistas en materia electoral tanto nacionales como extranjeros.
Save Democracy expresó su más alta preocupación ante las amenazas a la integridad del proceso electoral mexicano en curso, mismas que ponen en riesgo el derecho humano al voto libre, secreto y universal de la ciudadanía, y consecuentemente la legitimidad de los próximos funcionarios electos.
Entre los principales focos rojos que se identificaron en las distintas mesas que forman parte de su programa de Monitoreo Electoral, los analistas destacaron que es evidente que hoy en día existe una disminución del apoyo y credibilidad hacia las instituciones de administración y justicia electorales a partir de una alta percepción social de posibilidad de fraude y un INE y Tribunal Electoral parciales.
Apuntaron que la debilidad en ambos órganos electorales ha sido incentivada desde el Ejecutivo y el Legislativo, afectándoles en su imagen, pero de manera más importante en lo operativo.
Otro de los aspectos que destacaron los analistas, es el uso clientelar y la manipulación ilegal de los programas sociales y los recursos del Estado para condicionar o coaccionar el voto. En este tema, observaron que no se implementó desde el gobierno, pero tampoco desde el INE, una estrategia de comunicación tendiente a blindar estos programas sociales e informar a los beneficiarios acerca de sus derechos, tal como México venía haciendo en elecciones pasadas, desde el año 2000.
“Estas grandes faltas administrativas y posibles delitos electorales, que son del conocimiento público a partir de denuncias públicas y mediáticas, comprometen claramente la equidad de la contienda, sobre todo si se considera que alrededor de 25 millones de familias mexicanas, es decir más del 40 por ciento de la población, son beneficiaras de algún programa social”, consigna el informe de Save Democracy.
Este hecho, junto con la parcialidad mostrada públicamente y en reiteradas ocasiones por varios servidores públicos al utilizar recursos del Estado para promocionar o desprestigiar candidatos, serán causales detonantes de la judicialización del proceso, destaca el reporte.
Save Democracy señala que es especialmente preocupante el aumento de la violencia política en la disputa por el poder y la falta de garantías para que este proceso se lleve a cabo en un ambiente de paz, y que ha derivado en el asesinato de al menos 50 personas en el transcurso electoral, candidatos entre ellos, y en la agresión a otras 150 más.
En este sentido, señala que el dominio del crimen organizado en varias zonas del país que llega a suplir la soberanía del Estado, anuncia también la posible toma del control electoral que corresponde al INE y a los OPLES en ciertas regiones.
Otro de los aspectos que se ha presentado de manera peligrosa en el actual proceso electoral, revela el informe, es el acoso a periodistas, medios de comunicación, sociedad civil organizada y líderes sociales, así como los continuos ataques a la libertad de prensa y a la libertad de expresión.
En otro aspecto, se destaca la insuficiente regulación a la elaboración y difusión de encuestas sin rigor técnico y que son utilizadas como mecanismo de propaganda política y no como herramientas de toma de decisiones para la labor política o la real información al ciudadano, dañan enormemente la integridad del voto.
Los especialistas electorales destacaron la evidente disminución en el número de observadores nacionales e internacionales convocados por las autoridades, en una cifra muy por debajo de la esperada y requerida, debido a la tardanza en la emisión de las convocatorias y documentos correspondientes y a los retrasos y recortes en lo referente a los fondos especializados para la observación electoral.
Como conclusión los especialistas que participaron en diversas mesas, señalaron que “la continua violación a las disposiciones electorales anuncia que en 2024 México tendrá un escenario postelectoral traumático que exigirá de la fortaleza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del apoyo ciudadano y del cese de los ataques provenientes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Save Democracy consideró que “será de vital importancia para la gobernabilidad de México, no quede duda de la legitimidad en la calificación de esta elección y para ello insta al máximo órgano de justicia electoral de México a observar su protesta constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes derivadas, así como establecer públicamente un compromiso con la transparencia en su deliberación y toma de decisiones, que procese con celeridad las causas pendientes basadas en delitos electorales, y le sugiere el establecimiento de acuerdos de cooperación y colaboración estratégica entre pares de otros países y con organizaciones prestigiadas en materia de protección de la democracia, para que funjan como coadyuvantes de este proceso ulterior de calificación de esta compleja elección”.
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