La rigidez que el Gobierno Federal propone al sistema tributario afectaría a todos los sectores, propiciaría la desaparición de pymes lo que repercutiría en una menor recaudación, y engrosaría las filas del sector informal.
De no modificarse las reglas previstas en el Paquete Económico 2020 muchos pequeños y medianos empresarios se verán obligados a cerrar sus negocios o pasarán al lado de la informalidad por el temor de que si llegan a cometer un mínimo error ante la Secretaría de Hacienda, la sanción a la que se harían acreedores sería pisar la cárcel y ser tratados como integrantes de la delincuencia organizada, aseguró Brando Flores, especialista en defensoría fiscal.
El estratega fiscal comentó a YoInfluyo.com que el Gobierno Federal pretende que con las modificaciones a las reglas fiscales se incremente la base tributaria, sin embargo, ante la rigidez de las mismas el resultado será contrario al esperado, toda vez que para preservar su libertad la gente preferirá pagar por debajo del agua con lo que migrará a la base cautiva e inclusive cancelarían sus cuentas bancarias, subrayó.
Resaltó que entre los países de América Latina, México es uno de los que menos recaudación fiscal registra ya que tan sólo están dadas de alta el 40 por ciento de personas activas laboralmente, mientras que el 60 por ciento restante la autoridad hacendaria no tiene conocimiento de que perciba ganancias por trabajar, lo que quiere decir que no paga ningún tipo de impuesto.
Agregó que las autoridades federales carecen de una estrategia eficaz para lograr que todos tributemos, y con las propuestas para modificar las reglas, así como por el sentido en que está planteado el presupuesto para el próximo año que los legisladores analizan actualmente, se busca apretar más la soga a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.
Brandon Flores criticó las medidas de austeridad asumidas por la actual administración las cuales han consistido en la cancelación de todos los pagos a los proveedores, con lo que consideró, únicamente se ha echado a perder el ritmo que llevaba el país para que los capitales fluyeran.
Asimismo, indicó que a pesar de que a nivel mundial existe un riesgo de una recesión, a México no le debería de afectar en cuanto a la generación de su Producto Interno Bruto (PIB) toda vez que por sí mismo lo podría generar si existieran políticas adecuadas.
La política económica del gobierno federal infunde terrorismo fiscal entre los contribuyentes, pues si bien es cierto que hay quienes delinquen evadiendo impuestos, no todos los empresarios tienen esa intención y muchas veces al hacer alguna declaración se cometen errores humanos que muchas veces pueden resarcirse, pero que de aplicarse las reformas propuestas a la ley fiscal se estipularía como un delito grave, sin importar que haya sido por un error de cálculo mínimo, el castigo sería de prisión preventiva, es decir, lo que dure la investigación, y los acreedores a esta sanción serían el dueño de la empresa y su representante legal (contador).
“Ser contador es una profesión peligrosa desde 2014 que en el código fiscal se agregó que los contadores, los asesores que hagan planeaciones fiscales agresivas o en perjuicio del fisco son considerados responsables solidarios”, advirtió el estratega fiscal.
Las pymes, las más afectadas
Como parte del Paquete Económico 2020, existe la propuesta para modificar algunas reglas que afectan principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) como es el endurecimiento de las normas que inclusive desembocarían en la cancelación del Certificado del Sello Fiscal, que es expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que sirve para firmar digitalmente las facturas electrónicas.
De acuerdo con la óptica de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) “le está quitando certeza jurídica a los pagadores de impuestos, puesto que ahora, con un criterio sumamente estricto y subjetivo, podrá cancelar el sello –entre otras razones más– si no se presenta la declaración anual un mes después de la fecha obligada; cuando no se presenten de forma consecutiva dos declaraciones provisionales; cuando se detecten operaciones simuladas o inexistentes; si los ingresos declarados no ‘concuerdan’; así como por datos de contacto mal proporcionados, como la dirección fiscal, el correo electrónico o el teléfono”.
El sindicato patronal considera que al sumarse nuevos supuestos para endurecer las sanciones, a pesar de que en realidad no comprueban una intención explícita para evadir impuestos ni engañar a las autoridades fiscales, “la cancelación del Certificado de Sello Digital anula de golpe toda la operación del contribuyente, al no poder facturar más”, esto también repercutiría negativamente en frenar la actividad de una empresa, lo que incluye el correspondiente pago de la nómina a sus empleados.
Además, de esta manera las autoridades desincentivan a los contribuyentes quienes en lugar de tratar de cumplir con las nuevas reglas buscarían sumarse a las filas de la informalidad, “con lo que ni siquiera se estaría avanzando en el combate a los delitos fiscales”, advirtió.
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