El sueldo del presidente de México para 2019 será de $108 000 y ningún servidor público podrá ganar más que él.
Fijar la remuneración “adecuada” a cualquier trabajo personal, sea en el medio privado o en funciones al servicio del Estado, no puede ser consecuencia de un capricho, debe ser resultado de un estudio técnico. Y para eso, las ciencias de la administración, desde hace muchos decenios, tienen los recursos técnicos bien probados para hacer evaluación de puestos y fijar la remuneración adecuada.
Y ahora un tema candente en México es el de la reducción de remuneraciones a los servidores públicos de los tres poderes federales. Y eso porque la Constitución federal indica en su artículo 127: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración […] mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
Pero hay mucho disgusto porque el sueldo fijado para el presidente de la República para 2019 se ha reducido a solamente $108 000. De esta forma, no solamente a quienes ahora ganan más que eso, se les reducirá su remuneración total, a menos de esa suma, sino que a quienes ganan menos de la misma, también se le ajustará a la baja su ingreso para que no ganen más que sus superiores (también lo establece la Constitución). Una reducción en cascada, pues.
El fondo de asunto es que los servidores públicos, en un gran número de casos, serán remunerados a un nivel mucho menor que el que procede en el sector privado para el mismo tipo de responsabilidades. De esta forma, la remuneración a recibir será realmente injusta, y contraria al espíritu constitucional.
El artículo 127 constitucional en su primer párrafo establece: “Los servidores públicos de la Federación, […] recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.
Con los nuevos tabuladores oficiales de sueldos, esta garantía constitucional simplemente no se cumple. A miles se servidores públicos se les remunerará muy por debajo de la debida proporción a sus responsabilidades. Esto, en principio, ¿por qué? Muy simple.
El ingreso asignado al cargo de presidente de la República para 2019, de ciento ocho mil pesos se fijó de manera completamente arbitraria, caprichosa. No obedece a ningún criterio técnico, conforme a los sistemas de evaluación de puestos y su debida remuneración, conforme al mercado de trabajo, sino a un capricho.
Este capricho de López Obrador de fijar esa suma como una ocurrencia, y con un fondo claramente populista, es el origen de todo el problema. Ni él ni sus cercanos o legisladores morenistas han siquiera intentado dar una justificación a ese sueldo de ciento ocho mil pesos. Porque no la hay.
Pretender que los servidores públicos se sacrifiquen al servicio del Estado no tiene efectivamente ninguna justificación. El Estado debe remunerarlos en forma “adecuada”, está en la Constitución. Si no lo hace así, perderá talento y experiencia, de quienes desde cargos públicos decidan migrar hacia el sector privado, y ser remunerados con justicia.
La solución a esta crisis (que lo es), es una evaluación debida para fijar la remuneración adecuada y proporcional a las responsabilidades del cargo. Hacerlo no tiene mayor ciencia, y sin duda se pueden encontrar parámetros de referencia para el caso. Comparar las responsabilidades ejecutivas con las de cargos de alta gerencia en el sector privado, así de simple.
Renunciar al capricho y a la obsesión de dar una imagen de falsa austeridad, por parte del nuevo presidente López Obrador, de sus asesores y subordinados que simplemente están para servirle como le dé la gana. Mostrar una mente ejecutiva, republicana, tanto para fijar la remuneración del presidente, como de toda la escala ejecutiva del gobierno. Así lo establece el artículo 127 constitucional. Que se cumpla.
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