El morenismo nos quiere hacer creer que la reforma judicial que tiene en puerta es una petición de la ciudadanía, que por eso votó a favor de Morena en junio, para que la tal reforma se discuta y se apruebe en el Congreso de la Unión como desean el presidente y su partido. Pero el pueblo es muy ajeno a este tema tan importante, completo y delicado para la democracia mexicana.
Cambiar radicalmente la legislación del Poder Judicial Federal es en sí un cambio en la “forma de gobierno” de México. Y conforme al artículo 39 constitucional: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Y para modificar “la forma de su gobierno”, el artículo 41 constitucional indica al inicio de su primer párrafo: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, […]”.
Pero para que los Poderes de la Unión ejerzan la soberanía del pueblo, como auténticos representantes de la voluntad popular, es indispensable que legítima e indubitablemente representen dicha voluntad popular, debe ésta estar plenamente solicitada al menos por una mayoría del pueblo estadísticamente significativa. Pero este no es el caso de la reforma judicial que Morena pretende aprobar por mayoriteo “a petición popular”. No… veamos.
La verdad es que el pueblo en abrumadora mayoría ni siquiera conoce realmente la iniciativa de reforma del Poder Judicial de la Federación. Lo que se propaga en los medios de comunicación es que Morena por esa iniciativa pretende que todos los jueces, magistrados y ministros federales sean electos popularmente. Pero aún sobre este asunto la gente no sabe realmente casi nada. Menos aún se conoce por el pueblo el resto de una iniciativa de diversas reformas de 247 páginas.
La iniciativa de reforma judicial es en realidad un muy burdo intento de destruirlo como Poder, para que el Ejecutivo, en la práctica, haga lo que le pegue en gana. Que pueda manipular a jueces, magistrados y en especial a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y no hay manera de que el pueblo que vota comparta estas pretensiones morenistas.
Los cambios legislativos que rigen constitucionalmente y en leyes secundarias al Poder Judicial de la federación son tan profundos que sí cambiarían “la forma de gobierno” nacional. Y los legisladores morenistas lo hacen de propia iniciativa, obedeciendo la voluntad caprichosa de su jefe López Obrador. El pueblo no lo ha pedido y tampoco le ha dado, muchos menos, su visto bueno. No es en ejercicio de la soberanía nacional que Morena actúa y pretende hacer cambios legislativos. Para que eso sucediera, es absolutamente indispensable que el pueblo lo solicitara, lo decidiera, y para ello es también indispensable que esté muy bien enterado de los pretendidos cambios legales, su razón de ser, sus pros y contras, sus consecuencias para el buen ejercicio de la división de poderes de la Unión. Esto no ha sucedido ni es intención de Morena que se haga.
El artículo 49 constitucional establece que: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.” Y para que esa división sea realmente efectiva, las leyes que los rijan deben estar redactadas de tal forma que garanticen al pueblo mexicano que el equilibrio de poderes es auténtico, con todas las facultades constitucionales y legales para precisamente garantizar su independencia y pleno poder, sin menoscabo ante los otros dos poderes. Los cambios pretendidos por Morena en la nueva legislatura federal van en contra de estos criterios, disminuyen críticamente la forma de gobierno del propio Poder Judicial Federal, algo ciudadanamente inaceptable.
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