Las acciones federales antinarco frenaron en lo posible las crecientes luchas entre los grupos de la delincuencia organizada.
No deja de sorprenderme una confusión casi total cuando se habla de los múltiples y tristes homicidios ocurridos en el país por las luchas de la delincuencia organizada. E incluyo a muchos supuestamente expertos en el tema de la seguridad pública. Que los muertos de Calderón, o de Peña Nieto o de López Obrador… no son expresiones ni correctas ni apegadas a los hechos.
Volvamos unos años a la historia reciente de México, en particular a fines del sexenio de Vicente Fox. El país se encontró con un nuevo fenómeno a una escala nunca vista antes: la guerra de los cárteles del narcotráfico por mercados, fuentes de suministro y rutas de tráfico. Y no es que antes no hubiera habido luchas por el control de los mercados de la droga, lo había, pero no se había dado al grado creciente de muerte por grupos de sicarios.
La lucha armada se daba con sicarios en general reclutados entre jóvenes humildes y sin futuro, dispuestos a jugarse la vida por un salario de matón al servicio de un cártel. Y se empezó a dar en números alarmantemente crecientes, y que crearon un fenómeno también alarmante: el control de territorios nacionales a su servicio, doblegando o comprando a autoridades y policías locales.
Cuando Felipe Calderón llegó al poder el 1 de diciembre de 2006, el control de territorios por los grupos de sicarios y sus capos, y la siembra de terror entre los pobladores de esas áreas, era ya no una amenaza, sino una grave realidad. Fue así, que ante la impotencia policial del estado, el gobernador de Michoacán pidió al flamante presidente (michoacano) su ayuda de fuerzas federales, y éste lo aceptó, iniciando así la llamada guerra al narco.
Para ese tiempo, ya las luchas entre los sicariatos de los diversos cárteles de la droga, estaban en pleno en muchas zonas del país. El número de muertos por los enfrentamientos entre ellos era muy alto, y se daba con cadáveres que muchas veces eran de jóvenes sicarios desconocidos en donde fallecieron. Lógico, llegaban de otras entidades, principalmente de Sinaloa.
Una vez que las fuerzas federales, del Ejército principalmente, y luego de la Policía Federal, para tiempo después sumar a la Marina de guerra enfrentaron a los sicarios, se empezó a contabilizar personas muertas por enfrentamientos de la delincuencia y dichas fuerzas federales. Pero, y este es el gran pero, de los miles de muertos que el país registraba (y sigue registrando), sólo unos cuantos miles fallecieron por dichos enfrentamientos de civiles y fuerzas federales.
Los números de muertos, por miles, que se iban encontrando en el país (sin contar los que los sicarios se llevaban del lugar de los hechos), seguían siendo producto de enfrentamientos entre delincuentes, no del Estado mexicano y los sicariatos del narcotráfico. A esos muertos se sumaban las múltiples ejecuciones, también por miles, de elementos de un cártel a manos de los sicarios de otros cárteles, y también los policías y funcionarios asesinados por no cooperar con la delincuencia o por hacerles frente a nivel local, no federal. Pero todos estos muertos en casos ajenos a la acción de fuerzas federales son los que daban, y siguen dando, las cifras de miles de homicidios que asolan al país.
Los muertos, que no lo eran en abrumadora mayoría por fuerzas federales (o sus bajas en acción), lo eran, debo insistir, por acciones entre civiles asesinando civiles (no militares), principalmente sicarios y otros cómplices de los cárteles en luchas entre ellos.
Por eso la expresión “los muertos de Calderón” no tiene ni pies ni cabeza. Son “los muertos del narco”. No fue la intervención militar de Calderón para frenar al control territorial del narcotráfico, la que inició o detonó las matanzas por miles y miles. Eran ya una realidad rápidamente creciente de matanzas realizadas por los sicariatos. Hay cifras oficiales sobre los muertos en combate con el gobierno y el enorme resto por actos delictivos ajenos a las actividades gubernamentales (para quien desee conocerlas).
Las acciones federales antinarco frenaron en lo posible las crecientes luchas entre los grupos de la delincuencia organizada. Si no se hubiera actuado militarmente contra los grupos de sicarios que avanzaban en sus luchas por territorios y mercados, el número de muertos hubiera sido mucho, pero mucho mayor.
Después, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los miles de muertos siguieron siendo, en abrumadora mayoría (repito el adjetivo), por los ataques y enfrentamientos de sicarios, y en muy pequeña escala, por acciones militares, de policía federal y de marinos. Por esta razón, no se pueden adjudicar los miles de muertos de 2013 a 2018 a Peña Nieto. Otra vez, fueron “los muertos del narco”.
¿Y qué pasa ahora en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Que los muertos, en número mayor que nunca y lo peor, creciente, lo siguen siendo por asesinatos de civiles a civiles.
Pero hay una diferencia crítica respecto a los dos sexenios anteriores: la inacción federal, tomada como política de López Obrador, que ha dicho y llevado a cabo una política de no meterse contra la delincuencia organizada, que porque “ellos también son pueblo”, y que porque no hay represión, y porque hay que recurrir a “abrazos, no balazos” y a pedir a madres y abuelas que convenzan a delincuentes y sicarios que han perdido todo sentido del valor del ser humano que dejen de delinquir y matar.
Y esta diferencia crítica de dejar que los sicarios hagan lo que les dé la gana, al cabo también son “pueblo”, lleva una enorme culpabilidad de López Obrador, y por su inacción, que podemos calificar tanto de irresponsabilidad como de cobardía, muchos de los ahora asesinados, lo sean precisamente por la falta de recurso al legítimo uso de la fuerza para detener la fuerza delincuencial. Así, muchos de los muertos, no todos, sí son “muertos de López Obrador”, al dejar a los sicarios matar, secuestrar y destruir con casi total libertad.
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