Legisladores aprueban leyes abiertamente contrarias a Derecho, inconstitucionales, votan a favor y no rinden cuenta de sus votos.
La hora de la transparencia en el manejo del dinero y las actividades gubernamentales, llegó a México hace varios años. Las primeras leyes, a nivel federal y estatal, fueron en 2003 un primer paso en la exposición a la ciudadanía, de cómo se manejan los dineros en el gobierno. No era mucho aún, pero se había empezado.
Lentamente la transparencia fue llegando para quedarse, con muchas limitaciones intencionales (de parte de quienes debían informar); pero el funcionario público se ve crecientemente sujeto a ese escrutinio ciudadano, principalmente de la sociedad civil organizada, los medios de difusión y las organizaciones políticas.
Pero existe un aspecto en donde la trasparencia no aparece formalmente, y casi tampoco informalmente. Es en la toma de decisiones de autoridad, cuando el funcionario tiene legalmente un amplio margen de discrecionalidad, es decir, que toma decisiones conforme a su criterio, pero la mayoría de las veces sin tener que dar cuenta de los razonamientos por los cuales decidió en un sentido u otro.
La ciudadanía tiene muchas quejas sobre decisiones que autoridades municipales, estatales y federales toman en casos de permisos, autorizaciones, concesiones y otros de naturaleza semejante, en que particulares ven afectados sus derechos o consideran que se están violentado leyes, como son las sanitarias y ecológicas.
Por qué se autorizó un fraccionamiento en zona reservada, por qué un antro de vicio recibió permiso de operación siendo vecino de un centro escolar. Por qué se niega al particular una autorización, cuando demuestra que tiene toda su documentación en regla y cumple todas las disposiciones legales aplicables (pero no “se ha portado bien” con el funcionario).
El favoritismo, el amiguismo beneficiando a cercanos y hasta familiares directos, el nepotismo incluido, son quejas ciudadanas de todos los días a lo largo y ancho del país. Las decisiones que incluyen conflictos de intereses y las que quedan en el filo de la navaja en cuanto a su apego a Derecho. Las medidas de gobierno que favorecen a grupos políticos de quienes gobiernan, que si a veces no son ilegales (hay muchos huecos en las legislaciones y reglamentaciones), si son francamente inmorales.
La prensa está llena de reclamos ciudadanos sobre decisiones cuestionables de gobierno o abiertamente contrarias a Derecho. Es cuando el funcionario que toma la decisión hace uso de sus atribuciones en forma sospechosa. La sospecha es sobre todo mayor cuando se le demuestra que en su decisión está violando leyes, reglamentos y/o normas oficiales, y aun así, se niega a dar cuentas.
Las altas autoridades gubernamentales, en los tres niveles de gobierno, deben exigirse y exigir que, cuando una decisión tomada en uso de facultades discrecionales es pública y razonadamente cuestionada por la ciudadanía debe dar cuenta de cómo y por qué se tomó esa decisión, digamos hacer una exposición de motivos, como en las iniciativas de ley. Esto sobre todo si el o los afectados expone(n) sus razones para demostrar la violación de derechos y leyes superiores.
En realidad, esta transparencia, ahora inexistente, es indispensable para la defensa del Derecho y el combate a la corrupción. Debe sujetarse a nuevas leyes y reglamentos. Pero, en ausencia de legislación aplicable, lo más sano es que toda autoridad rinda cuentas en caso de decisiones cuestionadas por la ciudadanía, y hasta por otras esferas de gobierno, como también llega a suceder.
Legisladores aprueban leyes abiertamente contrarias a Derecho, inconstitucionales, votan a favor y no rinden cuenta de sus votos. Sienten que no están obligados a rendir esas cuentas, del porqué de sus votos afectando a la ciudadanía. Y ni hablar de decisiones del Poder Judicial, en ocasiones violando derechos de personas o de otras leyes, y hasta abiertamente anticonstitucionales, incluyendo a ministros de la Suprema Corte de Justicia.
La única forma de reducir la corrupción de funcionarios que, en uso de sus facultades discrecionales, toman decisiones contrarias al bienestar colectivo y a las leyes, es que rindan cuenta de cómo llegaron a esa decisión. Algo que la sociedad tiene derecho a exigir.
Por ahora, desgraciadamente, el funcionario cuestionado se esconde detrás de su facultad discrecional, y alega que no tiene obligación de rendir cuentas a nadie. Por supuesto que muchas veces, esas decisiones contra derecho son tomadas como “contraprestación” a dádivas de los beneficiarios, en perjuicio de la sociedad. Esto debe cambiar, pero la resistencia es enorme, hay demasiados intereses creados.
De pronto, México se enfrenta a una inaceptable falta de transparencia en el gobierno federal, no solamente en asuntos discrecionales, sino en aquellos que deben ser sujetos a disposiciones legales, como son las compras y licitaciones públicas. Ahora la exigencia ciudadana tiene doble tarea, de exigir que las compras y gastos generales del gobierno de la República sean transparentes y además exigir que se informen claramente las motivaciones tras de las decisiones que tienen carácter de discrecionales.
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