Claudia Sheinbaum no solamente ha sido negligente criminalmente, sino que ante los medios y la ciudadanía se burla de los reclamos.
Ante la insistente inacción del gobierno de la Ciudad de México (y a nivel federal también) en permitir que la policía cumpla su función de prevenir y evitar la comisión de delitos de daño a personas y sus bienes (en faltas administrativas es diferente según convenga políticamente), la población con su patrimonio, y aún el patrimonio público, quedan desprotegidos, a merced de los vándalos.
Claudia Sheinbaum no solamente ha sido negligente criminalmente, sino que ante los medios y la ciudadanía se burla de los reclamos. Sheinbaum puede decir lo que le pegue la gana (menos dirá misa, es judía), pero las leyes dicen otra cosa. Y ella, como también en el caso de su jefe el peje, juró cumplir y hacer cumplir las Constituciones y las leyes que de ellas emanan. Pues no lo hace.
Hay varias leyes locales de la Ciudad de México que la jefa de gobierno de la CDMX tiene que observar. En ellas se le asignan ciertas responsabilidades que debe cumplir, y las leyes no le dan la discrecionalidad que ella ilegalmente se está dando. No puede decidir, sin violar las leyes, actuar en contrario de lo que obligan.
Son la Ley del sistema de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, la Ley orgánica de la secretaría de seguridad pública del Distrito Federal y la Ley orgánica del poder ejecutivo y de la administración pública de la Ciudad de México, amén de la Constitución local. Ésta dice que la seguridad ciudadana: tiene entre sus principios rectores: “la prevención social de las violencias y del delito”.
El argumento para incumplir sus responsabilidades es una vieja frase de su jefe, el Peje: no van a “reprimir” al pueblo. Pero eso es una excusa realmente inaceptable y burda (por no decir otra cosa). Primero que nada, usan torcidamente el término reprimir. Hacer cumplir la ley no es reprimir, es imponer el orden. La Real Academia Española define así reprimir: “Contener, detener o castigar, por lo general desde el poder y con el uso de la violencia, actuaciones políticas o sociales”. Pero actuar en contra de delincuentes, vándalos, es contener, detener actuaciones delincuenciales, ni más ni menos.
Segundo, no van contra “el pueblo”, sino precisamente contra enemigos de ese pueblo: los delincuentes cometiendo actos vandálicos en contra de la seguridad de las personas y sus patrimonios, dañándolos, igual que al patrimonio de la Ciudad.
La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es absolutamente clara: en su artículo primero dice que “La presente Ley es de orden público, interés social y observancia obligatoria”. Sí: OBSERVANCIA OBLIGATORIA, no discrecional.
Y en su artículo cuarto especifica que la función de las autoridades “se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores: I. La prevención social de las violencias y del delito”. Y bajo las órdenes de la jefa de gobierno no prevén nada. Y agrega que debe garantizar del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y la convivencia pacífica entre todas las personas. Y no garantizan ni lo uno ni lo otro.
En su artículo quinto, la ley vuelve a ser más que clara (y recordemos que es “de observancia obligatoria”): la Seguridad Ciudadana es un proceso “para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, con el fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad”.
Y en los artículos séptimo y décimo, la responsabilidad de esta Ley es más que clara: “La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención, investigación y persecución de los delitos”. Y que “Es competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno dirigir las instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad”. Y en otra ley se establece que el jefe de gobierno debe “dirigir las instituciones de seguridad ciudadana de la entidad”. Ella es pues la responsable.
Pero algo más: en los gobiernos del mismo grupo político del peje, cuando estaban en el PRD y ahora en Morena, han violado la seguridad y respeto a los derechos humanos de los propios policías, cuando les han prohibido defenderse de ataques directos a sus personas por delincuentes, que hasta les han aventado bombas Molotov. ¿Por qué? La misma excusa idiota: no reprimen al pueblo.
¿Y qué alega Sheinbaum? Que los vándalos lo que buscan es que los repriman para acusar a la policía, y que “no vamos a caer en provocaciones”. Pero no, saben muy bien que la policía no los va a “reprimir”. ¿Provocaciones? ¡son delitos en flagrancia! Y hay buenas razones para pensar que, en muchos casos, están de acuerdo con el propio partido del gobierno de la Ciudad. Eso sí, tras los vandalismos, dice que van a investigar a los responsables, cuando los han tenido frente al gobierno, los medios de comunicación y muchos testigos con celulares.
En la Ciudad de México: un ser humano tiene “el derecho a una buena administración pública, que implica: […] V. Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la conducta activa u omisa de la Administración Pública”. ¿Se ha cumplido esta obligación hacia los afectados por OMISIÓN del gobierno?
Claudia Sheinbaum está violando leyes que la obligan, sin margen alguno de discrecionalidad. La ley orgánica citada es reiterativa, la Secretaría de Seguridad debe: “Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos”. Y la autoridad suprema, sobre el secretario de seguridad ciudadana, es la jefa de gobierno.
Con justa razón, “el pueblo”, organizado o no, en partidos políticos, en organizaciones sociales y aun personalmente, le demanda, como dice el juramento al tomar posesión del cargo de jefa de gobierno, el no cumplir ni hacer cumplir las Constituciones federal y local y las leyes. Sus explicaciones no valen absolutamente nada. No puede hacer lo que le pegue en gana.
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