En su economía, su vida social y política, México ha cambiado radicalmente en los últimos años. No es que sus problemas de desarrollo y distribución de sus beneficios se hayan resuelto, sino que vamos penosamente por buen camino. La diferencia básica es un cambio radical en la posesión y uso del poder público. El fin del presidencialismo, producto de una larga secuela de hechos, permite a diversas fuerzas socio-políticas participar en la toma de decisiones públicas.
No es que la democracia haya llegado con “la alternancia” en Los Pinos, pues fue un suceso importante, crítico, pero no el primero. Ya en varias Legislaturas, la recomposición de fuerza en el Congreso de la Unión, después de sexenios de “aplanadora priista”, está cambiando el proceso legislativo, haciéndolo más real. Los poderes ejecutivos y legislativos estatales, incluyen gobernantes de oposición, algo antes impensable.
La sociedad civil, a través de organizaciones diversas, nuevas y/o rejuvenecidas, ha ido tomando importancia en los procesos decisorios del Ejecutivo Federal y aún a nivel de entidades federativas. La ciudadanización de procesos electorales y de la defensa –en lo que cabe– de los derechos humanos, por ejemplo, cambia el panorama político. Los medios de comunicación se han ido liberando de los controles y ataduras ejercidas por los poderes públicos, llegando al grado mismo de abusos en la libertad de expresión.
La recomposición en la toma de decisiones de la “cosa pública”, permite que los recursos de los erarios federal y locales, se hayan ido haciendo más eficientes –con toda la lentitud que los procesos burocráticos padecen, ante cotos de poder, de usufructo de bienes públicos y de “desvíos” de recursos. Poco a poco, pero el mal uso de bienes del país, y de la corrupción en la administración pública, se van reduciendo.
La democratización en lo político nos irá llevando hacia la democratización en lo económico. Al hacer más eficiente la aplicación de los dineros del Estado, los esfuerzos para reducir la pobreza, para hacer llegar más y mejores recursos hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad, llevarán al país más cerca de la justicia social y del logro del llamado bien común.
Este proceso de lento pero cierto cambio en el poder político y de economía del Estado, no es obra de una sola persona, como tampoco fue obra unipersonal cada una de las decisiones que provoca-ron verdaderos desastres en la economía nacional.
Lo que sí es cierto, tal como sucede en los procesos históricos de las naciones, es que determinados individuos, con una sobresaliente capacidad de reflexión, de visualizar el futuro posible, de encontrar la praxis que permitirá a los gobernantes tomar las decisiones correctas, son los autores “de fondo” del cambio.
En México, un actor político destacado, tiene gran parte del mérito de la democratización que este país está llevando adelante. Fue un filósofo, comunicador, líder y hombre de espíritu práctico, polémico firme hasta la terquedad, para mover a la dirigencia política contemporánea por el camino del cambio y hacia los objetivos propuestos.
Este individuo, en nuestro caso, lo fue Carlos Castillo Peraza. No hay duda alguna de ello; tan es así, que amigos y adversarios políticos lo han reconocido, sobre todo a raíz de su muerte el 9 de septiembre de 2000. Este reconocimiento se extiende a ideólogos y políticos destacados del extranjero, entre quienes influyó con su pensamiento y liderazgo.
Habiendo sido un hombre no sólo de polémica, sino objeto de polémica, fue su muerte la que llevó a ideólogos, analistas y pragmáticos de la política, a reconocer abiertamente el enorme valor de su aportación al proceso de democratización nacional.
En un aniversario luctuoso, es pertinente no olvidar su rol tan destacado, no solamente como gratitud de la ciudadanía beneficiada con un cambio para mejorar a México, sino para mantener vivas sus ideas, su ejemplo y su pragmatismo, de encontrar caminos válidos y útiles para el desarrollo y realización del bien común.
Septiembre de 2003.
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