Una legislatura debe legitimarse ante la ciudadanía…
La superioridad en número de votantes, en donde sea, pero en especial en las legislaturas o cabildos, puede imponer decisiones conforme al término político de “mayoriteo”, es decir, la imposición de la mayoría en una votación, por ser tal, y no por ser lo mejor al bien común.
Este mayoriteo, en una legislatura o en un cabildo, permite imponer decisiones que pueden ser buenas o mediocres y hasta dañinas a la sociedad. En lenguaje popular: “por mis calzones”. Y esa mayoría pudiera ser solamente la mitad más uno, suficiente para tomar decisiones por votación, cuando la minoría no es pequeña.
Hay dos aspectos de este ejercicio de autoridad legislativa o administrativa. Uno es que, conforme a la Ley, sus decisiones tengan justificación legal, son válidas, hay legalidad en el proceso. Pero hay otro aspecto, metalegal, el de la legitimidad. Hay que diferenciarlos.
Conforme al diccionario de la RAE, se entiende por legalidad “la calidad de legal”; conforme a Derecho, se refiere a un “ordenamiento jurídico vigente”. En tanto que legitimidad puede también referirse a la calidad de ser “conforme a las leyes”. Pero en otras acepciones, esas que enfrenta a una decisión conforme a las disposiciones legales, normativas o estatutarias, es la tener el carácter de ser un hecho “justo, cierto, genuino y verdadero en cualquier línea”.
En la vida real, las decisiones legislativas o administrativas por votación, ganadas por el dicho mayoriteo, no dan la justificación real de las mismas, solamente se presentan a la ciudadanía explicadas (si así se puede decir) porque así les parece, porque es lo mejor y argumentos semejantes, sin dar la base para dichas aseveraciones. Ese mayoriteo, en general, obedece a intereses, ideologías o hasta caprichos del grupo mayoritario.
Si el grupo mayoritario, digamos la bancada en una cámara legislativa, de senadores o diputados, o en un cabildo, impone su mayoría en leyes o políticas de gobierno, y toman decisiones impopulares, con evidente interés de grupo o de personas, se enfrentan a una agraviada o casi indefensa (legalmente) ciudadanía.
Si las decisiones tomadas, digamos en un decreto, son inconstitucionales, queda el recurso del Poder Judicial. Pero en muchas decisiones impopulares puede haber un fondo legal o lo que se conoce como un hueco legislativo. Así, dichas decisiones son legales, pero ilegítimas ante la población.
El carácter popular de ilegitimidad en nuevas legislaciones o en políticas de administración pública, pone en entredicho, le importe o no, al grupo político del mayoriteo.
Pero cuando a dicho grupo o partido político o persona gobernante sí le importa mantener una buena cara, un prestigio de servicio, debe darle a la población una muy razonable explicación, una justificación de legitimidad de las decisiones tomadas. Cuando dicha explicación de legitimidad no existe, se clarifica que es producto de una forma de autoritarismo, de dictadura.
Salvo en casos de dictaduras plenipotenciarias (esas que pueden hacer lo que les de la gana), que ya han perdido completamente la vergüenza y la buena imagen pública, los gobernantes, los grupos legislativos y los miembros de cabildos, deben justificar a satisfacción popular su ejercicio del poder como legítimo, además de legal.
Una legislatura debe legitimarse ante la ciudadanía, demostrar que no es una entidad servil a favor del Ejecutivo. Y lo mismo aplica al Poder Judicial, cuando le es sometida una causa de legalidad del actuar de los poderes ejecutivo y legislativo. Y también aplica a entidades supuestamente independientes, “ciudadanizadas”, que de pronto deciden servilmente al grupo en el poder, con miedo a perder canonjías o hasta el cargo.
Legalidad en el uso del poder por parte de grupos o partidos dominantes en gobiernos y legislaturas, no es sinónimo de la exigida legitimidad de sus actos. Al menos por razones de imagen, no digamos de ética, deben justificar como legítimas sus decisiones, o abstenerse de llevarlas adelante “por mis calzones”.
Bien podemos decir que, demostrar legitimidad, amén de legalidad en decisiones de gobierno o proceso legislativo, es una forma metalegal de transparencia y rendición de cuentas, debida al ciudadano.
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